A la serie de problemas que existen en el sector educativo, con un sector magisterial que viene arrastrando décadas de abusos, irresponsabilidad y vicios, ha trascendido que en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), las batallas al interior están a todo lo que dan. Se sabe que esa situación ha polarizado asimismo la relación entre la Federación y el gobierno de Alejandro Murat, pues como es usual, cada gobernador designa a su equipo de colaboradores sin excepción alguna. No obstante, existe un empecinamiento por mantener en el IEEPO a quienes se han identificado como miembros del antiguo régimen, con un equipo de trabajo que más allá de la institucionalidad sirvió a otros intereses, no precisamente de la educación que imparte el Estado. He ahí el motivo de los denuestos y señalamientos que ha padecido algunos funcionarios que designó en gobierno en turno, como es el caso del Oficial Mayor, Gilberto Gamboa y otros como Abel Trejo, que ya fue exonerado de las órdenes de aprehensión que se le impusieron en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Es importante subrayar que esta situación no contribuye en nada a resolver el intrincado asunto de la problemática educativa que está latente, en virtud de que existen filtraciones, trascendidos y golpes bajos dirigidos a los nuevos funcionarios.
Sin duda alguna, se advierten en el horizonte tiempos difíciles en torno al problema del magisterio. Y es a raíz de la injerencia negativa de actores locales y foráneos que sólo buscan polarizar la situación entre magisterio/Estado, cualquier viso de arreglo o solución será de inmediato cuestionado por leales a regímenes anteriores, empecinados en poner trampas y obstáculos al actual gobierno. Ya hemos mencionado el deplorable caso del grupo de “Los Pozoleros”, cuyo avieso propósito es torpedear los acuerdos que se han suscrito para la distensión de la situación con el magisterio y buscar con soterrada perversidad, que haya paro de labores. Ya el gobernador Murat Hinojosa fijó su postura respecto a los hechos de Noxhixtlán, insistiendo en que se haga justicia y buscando alternativas para restablecer el tejido social. En este entorno pues, es una pésima lección que en el propio organismo que rige la política educativa oficial, persista el fuego amigo para desacreditar a los funcionarios que, en apego a lo que dispone la ley vigente, Murat Hinojosa tuvo a bien designar en diversos cargos al interior del IEEPO.
Injerencia negativa
El conocido incendiario del 2006, Flavio Sosa Villavicencio, está alentando la violencia y la ingobernabilidad en diversos municipios oaxaqueños. Y anda desatado en sus pretensiones de ganar canonjía y prebendas oficiales. Es y ha sido su modus vivendi: aparentemente les otorga asesoría, como fue el caso de los comuneros de San Agustín de las Juntas, en su litigio con la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de donde obtuvo al menos cinco millones de pesos de comisión. Pero en otras comunidades se ha distinguido por polarizar la situación ente adversarios añejos, como es el caso de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas. Todos los intentos por establecer la paz y la concordia entre ambos municipios ha topado siempre con la cerrazón del asesor de cabecera: “El Demonio de Tasmania”. Otros poblados de la Sierra Sur, como Santiago Amoltepec o San Mateo Yucutindoo, no han escapado a su injerencia nociva. El encono y el odio soterrado que se ha incubado, pasa necesariamente por la mente perversa de Sosa Villavicencio, a quien en su misma tierra natal, Santa María Coyotepec, los vecinos no pueden ni ver.
Ello no ha inhibido las pretensiones de alentar la violencia del citado dirigente de un membrete denominado COMUNA. Por el contrario sigue con su labor depredadora y amarrando las navajas. Ahora ha aparecido en San Raymundo Jalpan, en donde recientemente se llevó a cabo el proceso electoral para designar presidente municipal. La disputa estuvo cerrada entre dos contendientes: Mariano Mendoza y Olegario Benítez. Luego de los litigios postelectorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), validó el triunfo del primero, dejando al segundo como perdedor de la contienda. Pues bien. Pese a ello y que la sentencia haya provenido del máximo tribunal de justicia electoral del país, grupos de vecinos identificados con Olegario Benítez y manejados por Flavio Sosa, insisten en alentar la violencia en la comunidad y en abierto desafío al Estado. La semana pasada cercaron el edificio del Congreso del Estado que está en jurisdicción de San Raymundo Jalpan. Posteriormente, en contra del principio de propiedad, empezaron a “lotificar”, un predio en donde se ubica el estacionamiento de dicho órgano autónomo. La figura regordeta de Sosa Villavicencio aparece en todas estas acciones de ilegalidad.
