Vaya cotarro (ambiente o situación de confusión o inquietud generalizada) con que recibieron ayer al presidente López Obrador. Pusieron en sus manos dos problemas con gran carga política. Dos papas calientes.
Primero, el despido de médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud contratados fuera de toda regla y sin presupuesto aprobado por la Federación. El abuso fue en las administraciones de Ulises Ruiz Ortiz y el gran saqueador Gabino Cué Monteagudo.
Segundo, destapan la cloaca que significa la ambición por el control fáctico del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca utilizando a los seis -solo quedan tres- magistrados “espurios”. En una expresión de política avariciosa desde los tiempos del gobernador Gabino Cué, el magistrado Alfredo Lagunas y su tío el diputado Ericel Gómez, se aferran a ese coto de poder.
Sobre el primer caso, el presidente AMLO resolvió de inmediato. Ofreció a los médicos que protestan recontratarlos a través del IMSS. Lo que no quedó claro es el tratamiento que dará a la responsabilidad en que hayan incurrido los altos funcionarios y líderes sindicales que traficaron con unas 10 mil plazas.
LA CLOACA
Del otro caso, el presidente AMLO recibió petición que firman diversas barras de abogados y organismos civiles contra la corrupción. Le piden intervenga para que dos diputados de la 64 legislatura de Oaxaca, Cesar Morales Niños y Noé Doroteo Castillejos, dejen de litigar desde el Congreso con el fin de eternizar en el cargo a tres de los magistrados del TSJ conocidos como “espurios”. El caso tiene tufo de albañal y salpica a muchos políticos (Más detalles, en mi entrega de mañana)
EL SALTO DEL CHAPULÍN
En mi última columna, antes del prolongado puente de las Fiestas Patrias, ofrecí comentar sobre los oscuros intereses de caciquillos y políticos que intentaron, sin éxito, obstaculizar la firma de paz entre los pueblos Mixes de Tamazulapam y Ayutla. Un hecho histórico. El acuerdo se hizo realidad y hoy queda registrado como una de las expresiones más puras de la sabiduría indígena y de los valores del entendimiento entre hermanos de raza.
El conflicto se agudizó en junio del 2017 por el enfrentamiento violento entre los dos pueblos por el aprovechamiento del agua de un manantial.
El problema fue analizado en largas reuniones convocadas por el gobierno, pero se anteponían fines oscuros de los caciquillos de Tamazulapam que siguen lineamientos de políticos rencorosos como Adelfo Regino Montes. Los resentimientos del hoy director del INPI vienen desde junio del 2004 cuando siendo Secretario de Asuntos Indígenas del saqueador Gabino Cué, los de Ayutla lo retuvieron durante la visita de Xóchitl Gálvez, a la sazón directora de la CDI.
Otro antecedente de la osadía de los de Ayutla fue en el último año de la administración de Diódoro Carrasco. Al acudir a una fiesta en casa del entonces diputado Teódulo Domínguez, los mismos caciquillos ordenaron retener tres horas al gobernador. “Cuando un político llega a Tamazulapam tiene que reportarse primero con la autoridad municipal”, le dijeron. Estos son los resabios que perduraban.
En Ayutla, algunos curas y profesores perversos manejan a los “caracterizados” como Irene Martínez, Federico Martínez, Alejandro Martínez, Salomón Chávez, Federico Villanueva, Filogonio Morales, Héctor Fuentes Celis, Ásnaya Aguilar Gil y otros que, lejos de buscar la concordia en la nación Mixe, incitan la violencia y el enfrentamiento. Los fines que persiguen son tan oscuros como la política soterrada con que suelen actuar para mantener el control. Esas eran las causas que movían a los detractores de la firma de paz que hoy enaltece a la nación Mixe. Además, es un tema que el mismo presidente López Obrador ha puesto como ejemplo de civilidad política.
Algunos mixes que padecieron el conflicto en ambos pueblos, me dicen que cuando se encaminaba la solución con la buena disposición de autoridades municipales y agrarias de Tamazulapam, siempre intervenían Salomón Chávez y otros que reactivaban el conflicto. Lo mismo pasa en Ayutla donde Crescencio Martínez, siempre en los cargos municipales o agrarios, junto con otros “principales”, se oponían.
Algunos de Ayutla desconocieron un acuerdo de su presidente municipal. Al firmar un pacto de concordia aceptó no reclamar más predios, como el de Tierra Blanca, siempre y cuando les permitieran usufructuar proporcionalmente del agua de ese manantial. Aunque el convenio fue suscrito en presencia de altos funcionarios incluyendo al gobernador Alejandro Murat, a la hora de ejecutar la reconexión de las tomas de agua, los caciquillos de Ayutla se opusieron. La lingüista Ásnaya era una de las activistas más rijosas. Esta situación beneficiaba a los caciquillos de Ayutla por sus recelos políticos y, sobre todo, porque el permanente litigio les significaba dinero que constantemente pagaba la autoridad de este último municipio.
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