El bloqueo de carreteras es un instrumento político devastador que empezó a “accionar” en Oaxaca el cartel 22. Es una escuela nefasta que inició aquí y han exportado a todos lados.
En las últimas dos acciones (los Triquis en Hacienda Blanca y tres agencias municipales de San Juan Mazatlán, Mixes, en Matías Romero) vimos su efectividad. Más que presionar al gobierno lo que provocan es una letal irritación del pueblo contra el gobierno que, para no caer en la provocación, concede cuanto le piden.
Han perfeccionado tanto la escuela maldita al tensar la situación al extremo que terminan por doblegar a las autoridades. En el caso de los Triquis del MULTI les concedieron impunidad a sus líderes y matones con órdenes de aprehensión.
En San Juan Mazatlán, sus tres agencias permitieron el paso a cambio de casi diez millones de pesos que el presidente municipal Guillermo Marín Bonifacio les adeudaba de sus participaciones que por ley les corresponden. Hasta entonces también accedieron a soltar a la diputada Yarit Tanos.
Esto deja muy mal precedente sobre todo si no hay acción legal contra los responsables del secuestro de la legisladora y no revisan el destino de los recursos públicos que maneja el edil.
Hechos punibles ocurrieron en esos bloqueos que deben llevar al gobierno al análisis de estos conflictos que provocan manifestaciones de salvajismo vil.
En Matías Romero no abrieron paso ni para un difunto en su ataúd. Obligaron a sus familiares a llevarlo en hombros durante 6 kilómetros. Saquearon camiones repartidores de agua y pan. Provocaron la muerte del chofer de un tráiler que no pudo salir por sus medicamentos. La más brutal de la violación de los derechos humanos fue contra la diputada Yarit Tanos. A esta dama la esposaron y la mantuvieron incomunicada más de 72 horas. Le arrebataron su teléfono móvil ¿Quién va a responder por tanta degradación?
A LEGISLAR
Del lado positivo el Secretario General de Gobierno Francisco García López, logro negociar con los líderes de las tres agencias municipales y con el escurridizo alcalde que, abiertamente, se escondió. Paco Piza reveló que el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa enviará “pronto” una iniciativa para forzar a los diputados a dejar de escurrir el bulto y elaboren una ley que sirva de instrumento eficaz para meter al orden a los presidentes municipales en cuanto a rendición de cuentas. Resulta increíble que los ediles invocando la autonomía municipal se resistan a la transparencia y rendición de cuentas. Su blindaje es la impunidad que les garantizan sus respectivos diputados que hasta les recomiendan despachos contables que les hacen revisión de cuentas a modo y que luego les avala el llamado Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO). En contraparte, resulta grotesco que el poder Ejecutivo del estado no tenga un instrumento eficaz para llamar a los presidentes municipales a cuentas.
Por todo esto resultan interesantes la revelaciones que hizo el Secretario General de Gobierno al concluir el prolongado conflicto por el cierre de la carretera que atraviesa el Istmo de Tehuantepec.
UN EDIL ESCURRIDIZO
El responsable de la política interna reveló que fueron negociaciones muy fragosas por lo escurridizo que resultó el presidente municipal de San Juan Mazatlán, Guillermo Marín Bonifacio, reacio a rendir cuentas claras a sus agencias municipales.
Francisco García dijo que hasta ayer finalmente se pudo concretar la firma del munícipe para poder liberar el dinero que, por ley, corresponde a sus agencias municipales.
Reveló que el gobierno del estado desde hace casi una semana estuvo localizando sin éxito al presidente municipal. “Nos costó mucho trabajo porque se escondía. Primero se reportó enfermo de COVID. Tuvimos que mandar a un propio hasta la comunidad de Tierra Negra a donde se llega después de once o doce horas de viaje. Se nos complicó mucho por la irresponsabilidad de la autoridad municipal que no daba la cara. Se negaba a firmar una minuta que anteriormente, durante el primer bloqueo carretero, él mismo firmó. Era indispensable su firma para poder cumplir con la entrega de recursos correspondientes al ramo 33.
¿Qué origina conflicto tan agudo? Es un problema interno, una lucha por el poder y el dinero. Cada agente y el presidente municipal quiere manejar los recursos. Tanto la cabecera como cada una de las 28 agencias quieren lo suyo. Se disputan el poder cada año en que eligen presidente municipal. Hay una lucha permanente por ganar la elección y el dinero que son aproximadamente 60 millones de pesos. Por eso el Ejecutivo pedirá legislar al respecto.
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