Aunque han endurecido leyes que castigan severamente el tráfico de plazas del gobierno del estado, ocurre algo curioso. En lugar de disminuir la venta ilegal de puestos de trabajo se han incrementado.
El código penal del estado, por ejemplo, referente al tráfico de plazas y servicios, dice en su artículo 240 que “se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público.
“Si el sujeto activo es servidor público, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”.
SIN EMBARGO…
Es una sanción endurecida contra el traficante porque el anterior artículo ordenaba que la sanción fuera para el vendedor como para el comprador de la plaza
Con todo y esta nueva legislación, quienes saben del asunto me dicen que el fenómeno persiste por varios motivos.
Primero, porque lo tolera el gobierno del estado y segundo porque dentro del mismo sindicato (Stpeidceo) hay tráfico de influencias.
Allí están los líderes de grupos que con medidas de presión obtienen plazas en paquete que luego venden o reparten entre sus incondicionales. Entre los más señalados en su mismo sindicato por estas prácticas están Joel Castillo Pérez, eterno activista de algunos burócratas, y sus incondicionales Iris Porras y su primo hermano Luis Porras. Entre algunos trabajadores defraudados comentan que este último forma parte del comité de trabajadores del gobierno estatal desde donde oferta plazas entre 200 y 250 mil pesos cada una.
Me dicen que hay muchas quejas, pero los afectados, por temor no formalizan la denuncia penal por lo que no hay sanción contra los defraudadores que cobran anticipos convenidos.
EL BOTIN LOS DIVIDE
Los más señalados por tráfico de plazas son los últimos tres que he señalado. Han hecho tantos negocios que, finalmente, el botín los dividió.
En las filas del sindicato comentan que Joel Castillo con su grupito exigían supuestas reformas a los estatutos de su sindicato. Se oponían a las negociones “en lo oscurito” que hacia la directiva que encabeza Juan Ignacio Cruz, así como la ampliación de tiempo de permanencia de los dirigentes a causa de la Pandemia. Me informan que presionaron tanto que el gobierno los llamó a negociar y aceptaron 20 plazas, entre otras prebendas.
Esos “leales” colaboradores al enterarse que Joel Castillo se agandalló tantas plazas, terminaron por traicionarlo. Hay un dicho que dice que “la ambición rompe calzón”. Eso les pasó y ahora los Porras quieren encabezar la disidencia de los “reformadores”.
Lamentablemente no son los únicos que cometen este tipo de delitos. En mi correo leo algunas denuncias como la de Juan Carlos Morales Pérez un empleado que desde marzo del 2019 clama justicia contra María José Cabrera quien le ofreció 4 plazas a cambio de 450 mil pesos. Le entregó dicha cantidad, pero no le cumplió. Ha pedido sin éxito la intervención del director de Pensiones donde está asignada la acusada, lo mismo que de la secretaria de trabajo y conflictos Patricia González del Stpeidceo.
En las benditas redes sociales aparecen una serie de quejas de este tipo, pero todas quedan en el ciberespacio porque los quejosos no presentan denuncia formal.
Hasta el momento, una de las pocas querellas por este tipo de fraude que ha procedido es la que se ventila en el Juzgado de Control de Tanivet Tlacolula. Es la causa 05/2020 en contra de Cutberto Pedro P. F., empleado de la Dirección del Registro Civil del Gobierno del Estado.
Refiere el expediente que “el acto fraudulento se inició en el año 2015 cuando Luis Antonio visitó a su víctima (quien por motivos de seguridad omitió su nombre) para ofrecerle en venta una plaza en el Registro Civil por la cantidad de 240 mil pesos, debido a que la base laboral supuestamente se encontraría vacante.
“En ese año el denunciante logró juntar 75 mil pesos y los entregó a Luis Antonio, en lo posterior y en el momento que le entregaran los documentos de la base, exhibiría el resto del total que le habían solicitado; pero pasaron los meses y los años y los papeles no le fueron entregados ya que lo aplazaban con evasivas”.
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