El control absoluto que ejercían en el Tribunal Superior de Justicia, el diputado morenista Ericel Gómez Nucamendi y su sobrino Alfredo Lagunas consejero de la Judicatura con facultades plenas, se consumió ¿saben por qué?
Aunque algunos actuantes de la política no entienden que en la función pública hay tiempos de echar cohetes y tiempos de recoger las varas, el adagio está más vigente que nunca y más cuando se cometen tantos abusos.
Cualquiera que se jacte de demócrata sabe que el poder público es de tiempos y circunstancias, pero estos dos personajes, al aferrarse a lo que consideraban hegemonía política sin fin generaron un conflicto que hoy los tiene entrampados en un dilema jurídico. Al intentar hacer magistrada a su adicta Erika Rodríguez, como lo hacían antes, hasta en paquete, generaron el embrollo. Con mentiras pidieron amparo judicial contra una decisión del gobernador Alejandro Murat por lo que ahora la justicia federal acusa de embusteros a esta jurista y a su abogado representante Carlos Morales Sánchez.
Muy sugestivo este juicio al interior del Poder Judicial de Oaxaca para entender el tamaño de las ambiciones de poder. Para no resbalar en alguna interpretación que pudiera generar más controversia, voy a citar textualmente algunos párrafos de las diligencias jurídicas que se elaboraron en el juzgado federal. Es un tema de interés púbico porque se trata de una juez (servidora pública) docta en jurisprudencia y, por lo mismo, resulta extravagante que otro administrador de justicia le descubra su desapego al derecho. Dice:
“Mediante acuerdo dictado el diecisiete de junio del 2021, el secretario en funciones de juez de Distrito (omito su nombre) y su secretaria, dieron vista al Ministerio Público Federal, ello en base a que, la quejosa ERIKA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y su abogado autorizado CARLOS MORALES SÁNCHEZ, están cometiendo diversos delitos, pues omitieron mencionar el hecho consistente en que la quejosa ya había participado en el proceso de selección para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mismo que fue convocado exclusivamente para mujeres, por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Alejandro Murat, cuya convocatoria se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el nueve de septiembre de dos mil veinte.
“La anterior omisión constituye el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone:
“Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:
“I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado….”
FALSARIOS
“Tanto ERIKA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ como su abogado CARLOS MORALES SÁNCHEZ, actuaron de manera dolosa, al omitir los referidos datos, pues con dicha omisión lograron la ventaja procesal indebida de que se les admitiera la demanda de amparo por parte del juzgado 11 de Distrito. Pero lo más sorprendente es que, la quejosa se ostenta como “Doctora en derecho” y su abogado se ostenta como “especialista en materia constitucional y amparo”, con lo que se acredita que ambos como peritos en derecho sabían perfectamente que su conducta está penada tanto por la ley de amparo como por el Código Penal Federal, conformándose diversos delitos, por los que, independientemente de ir a prisión y ser condenados a pagar multas, ambos podrían perder incluso su patente (cédula profesional) para seguir ejerciendo la licenciatura en derecho”.
“También, con la omisión de esos datos por parte de ERIKA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y CARLOS MORALES SÁNCHEZ, se comprueba la improcedencia total del amparo que promovieron, porque ella misma consintió los artículos 101 y 102 de la Constitución oaxaqueña, y en este caso la ley de amparo es tajante.
AMBICIÓN DE PODER
En el expediente surge un dato que evidencia el hecho de que la jurisconsulta Erika viola la ley al tiempo que pide legalidad por lo que, como dice el populacho “le salió el tiro por la culata”, es decir resultó imputada.
“El MP de la Federación, iniciará la carpeta de investigación por los delitos en contra de ERIKA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y CARLOS MORALES SÁNCHEZ, no porque se trate de una persecución política, sino, porque ambas personas están cometiendo delitos, sin embargo, quieren confundir a la sociedad, victimizando a la primera, usando causas tan nobles como el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, pero la realidad es que están distorsionando esas banderas por sus ambiciones de poder”.
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