La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de este mes dio a conocer que resolvió dos controversias relacionadas con medidas decretadas por el Poder Ejecutivo de Sonora para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y trasmisión del Covid-19 y la implementación de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, impugnadas por el nivel municipal de ese estado, en las que reclama invasión de facultades por parte del Gobernador.
Estas controversias perfilan como funciona el sistema federal cooperativo en una situación de emergencia nacional, como lo es la pandemia derivada de la trasmisión del virus Covid-19 y sus consecuencias en lo que toca a la salud, economía y política de los mexicanos mismas que guardan relación con el acuerdo del Ejecutivo Federal que autoriza a los Estados que compren y apliquen vacunas que estén autorizadas por la Cofepris, que anula la restricción publicada una noche anterior por las autoridades sanitaria.
Las peticiones oficiales de los poderes estatales para adquirir vacunas están vinculadas con la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte e inciden en los aspectos mencionados, pero con una clara connotación política hábilmente aprovechada por el Presidente López Obrador. Por una parte, los Gobernadores se congratulan y algunos lo felicitan por la autorización decretada, pero la critican como tardía; diez afirman que buscaran adquirirlas; el presidente insiste en que no quiere que se tache, lo de la vacuna, como una acción monopólica y por eso oficialmente publica el permiso.
Lo político tiene que ver con el reiterado reclamo de los partidos acerca del manejo electoral de la vacuna y la concentración de la estrategia de su aplicación y vigilancia por parte de la Federación frente un amplio proceso electoral, cuestionado por las expresiones hechas por el Ejecutivo en las mañaneras que involucra, aseguran, un desequilibrio inequitativo en los votantes dada la imagen e influencia de esa autoridad.
Los Gobernadores al haber estado restringidos en la táctica aplicada desde el centro sienten que con ello se les impide ejercer las facultades sanitarias en favor de su población, sobre todo los que pueden acceder a recursos, lo cual representaría para sus objetivos políticos, un instrumento de motivación en el ánimo del electorado. El Presidente López Obrador, acepta y autoriza que adquieran y apliquen la vacuna los estados, sabiendo que es difícil que la obtengan como lo hace el gobierno federal y que los recursos estatales no son comparables a los federales.
En este entorno se da la resolución de la Segunda Sala que viene a dar el toque jurídico constitucional que apoya directamente lo solicitado por los estados para adquirir y aplicar vacunas a su población, al reconocer la validez de dos decretos emitidos por el poder ejecutivo de Sonora vinculados con la declaratoria de emergencia por covid-19 y la reactivación económica en la entidad
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente en la sesión, analizó el Decreto por el cual la titular del Poder Ejecutivo de Sonora emite declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria, epidemiológica y se dictan medidas urgentes, encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora; se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del Covid-19, y otra, en que se examinaron las disposiciones para la implementación de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, así como algunas otras disposiciones relacionadas al intervalo entre la contingencia sanitaria epidemiológica y la reactivación económica para el Estado de Sonora.
La Sala concluyó “que, si bien los decretos regulan cuestiones relacionadas con salubridad general, lo cierto es que el Poder Ejecutivo del estado de Sonora actuó bajo el marco que le confiere la Ley General de Salud y la Constitución Federal cuando los emitió. Además, explicó que el Congreso de la Unión otorgó facultades a las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, adopten medidas que tengan como finalidad organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, llevar a cabo programas y acciones que en esa materia les competan y, de manera concreta, para la vigilancia epidemiológica y la prevención y control de enfermedades transmisibles.”
Señala que el Consejo de Salubridad General que reconoce la epidemia por el virus SARSCoV2 como una enfermedad grave de atención prioritaria y establece las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. En este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2020, se exhortó a los gobiernos de los estados para que, en su calidad de autoridades sanitarias, definieran medidas inmediatas que garantizaran la atención oportuna de la epidemia.
De acuerdo a la Suprema Corte el ejercicio de las facultades por parte de los Ejecutivos Estatales, al enmarcarse en lo dispuesto por la Constitución de la República, no invaden facultades de los municipios y consecuentemente de la Federación por contar con la competencia que, para una situación de emergencia, tienen como imperativo ejercer; por lo tanto, la adquisición de vacunas y su aplicación como una medida que busca prevenir, controlar y erradicar la propagación del virus la ejercen en el orden sanitario; el Presidente López Obrador no otorga una gracia a los gobernadores, les reconoce implícitamente que tienen facultades para ello.
En este sentido, la Suprema Corte hace realidad, por lo menos en este periodo de emergencia, el sistema federal mexicano con una visión diversa al agravado centralismo prevaleciente que ha alterado y debilitado el sistema institucional que caracteriza a un estado democrático de derecho y la división de poderes. De esta manera, es claro que los poderes ejecutivos locales y el federal, se equilibran, guardas las proporciones, en lo sanitario y político, pues la vacunación en estos meses será un factor relevante para acrecentar la bolsa de los sufragios.
