Primera semana difícil para el Gobierno de México y sus habitantes al enfrentarse, la vida comunitaria a las restricciones que impone la pandemia, con el complejo y cuestionado manejo por parte autoridad sanitaria, que no predica con el ejemplo, respecto de las recomendaciones que emite, y la época de festividades de navidad, año nuevo y reyes que motivan una intensa movilidad social, arropadas por una economía familiar y empresarial afectadas por la falta de oxigenación; en paralelo se agravan, las propagación del virus y muertes en el país vecino, Estados Unidos, en la que se agrega, el asunto de la insurrección que afectó la vida institucional democrática de los Estados Unidos de Norteamérica, impulsada por el todavía presidente Trump.
Los gobiernos de México y los Estados Unidos de América han transitado en paralelo; han convivido encabezados por titulares de los poderes ejecutivos en este periodo, por lo menos dos años, de la primera mitad de la del Licenciado López Obrador como Presidente de México y los dos últimos de Donald Trump como Presidente de la Unión Americana en el que, guardadas ciertas diferencias, sus políticas públicas coincidieron en un aspecto común, el tomar decisiones radicales de orden económico, sanitario y político, vinculadas a una voluntad que no admite modificaciones, en países formalmente democráticos federales, cimentados en el Estado de Derecho y la división de los poderes.
Ambos gobiernos, políticamente, han ido desgastando su capital de popularidad. Trump acabo perdiendo la presidencia en un proceso que confrontó al estilo mexicano, primero con herramientas judiciales y discursos agresivos de fraude electoral que no tuvieron éxito, para finalmente recurrir a un movimiento de rebelión que implicó una embestida al sistema democrático de ese país y a su emblemático símbolo, el capitolio, los congresistas, la seguridad en Washington D.C., representativa de la fortaleza de su sistema; los cuatro años fueron de excesos represivos de las fuerzas del orden, racismo, protestas y marchas que culminaron con los recientes sucesos y provocó la devaluación agravada de la imagen del ejecutivo saliente que puede enfrentar otros cargos y una posible dimisión o separación forzosa, por lo pronto la mayoría del Congreso quedó en manos del partido demócrata del presidente electo.
Lo radical de las decisiones del presidente Trump, según los analistas y su obstinada defensa y acciones para pretender desacreditar la legitimidad del sistema electoral norteamericano, así como el manejo de la pandemia y la política internacional desplegada, fueron factores que determinaron la orientación del voto electoral que causó perdiera la presidencia para un segundo periodo de manera clara y justa, con una diferencia que no hace dudar de sus resultados, sin embargo, buscó con actos violentos y agresiones, en el último momento, que el Congreso, Senadores y Diputados, no certificaran el resultado de la votación y evitar así que Joe Biden fuera declarado ganador y Presidente para el siguiente periodo de cuatro años, al igual que la Vice Presidenta Kamala Harris, lo cual no logró, a pesar del acoso que hizo sobre el Vicepresidente Mike Pence, que a su vez funge como Presidente del Senado, para que obstaculizara el proceso, y al que calificó de carecer de valentía y lealtad. Estos actos a su vez derivaron en que el Partido Demócrata ganara las dos últimas senadurías que le dan mayoría en esa Cámara.
En México el presidente López Obrador al empezar el tercer año de su periodo de gobierno transita por situaciones semejantes, en un contexto de permanentes protestas de movimientos relacionados con la equidad de género, justicia para los casos de desaparecidos, inseguridad e incremento de la delincuencia organizada, una economía profundamente dañada, según lo enfatiza el sector empresarial organizado, un manejo de la pandemia cuestionado, reflejado en la muerte de más de ciento treinta mil habitantes y un contagio descontrolado, enfrentados con una vacunación a cuenta gotas, hospitales saturados sin personal médico e insumos suficientes, agotados y sin estímulos, sujetos a la improvisación; un sistema de procuración y administración de justicia en difícil y restringido funcionamiento.
A diferencia de los Estados Unidos, el sistema Federal Mexicano, si bien tienen las mismas carteristas como Repúblicas Federales con división de Poderes, en la operación, lo hacemos diferente. La división del ejercicio del poder en México se ha pulverizado, pues es evidente que el Congreso sigue las reglas del ejecutivo para hacer viables y no impugnables las decisiones del Titular del Poder Ejecutivo convirtiendo, las que interesan en reformas constitucionales; presidente del Senado Mexicano no es autónomo en su actuación, si la contrastamos con la presidente del Senado Mike Pence que lo hizo cumpliendo su protesta de cumplir la Constitución Americana al desatender la instrucción del presidente Trump; con la de senadores republicanos que le retiraron su apoyo en el proceso de certificación de la elección. Son cuestiones que, entre otras, hacen diferente el funcionamiento en México de la democracia representativa.
En México ya ocurrió un caso semejante, cuando tomó protesta como Presidente Felipe Calderón en el Congreso, lo hizo rápidamente ingresando de manera sigilosa y bien arropado, cuando el este estaba copado y los legisladores de oposición pretendieron impedirlo; Trump intentó hacer algo semejante con una abultada turba a la que le facilitó el acceso con las secuelas conocidas; hay ahora detenidos algunos de los violentos, en México no hubo investigación ni detenidos por un hecho semejante es más, en acciones de protesta y agresión se permite hacerlo, se detiene y poco después se les pone en libertad; en estados unidos se decretó el toque de queda por un plazo de tiempo e intervinieron las fuerzas de seguridad por orden de la Alcaldesa de Washington; en México no se reprime se dialoga.
Estas semejanzas y diferencias pueden abundarse, pero motivan un ejercicio de reflexión para el votante en las próximas elecciones que propicie ejercer, en esa jornada próxima electoral, un control real de la representación en los actos de gobierno, cuya discrecionalidad y voluntad son un riesgo para el Estado Institucional de Derecho y los Derechos Fundamentales de los habitantes de la República.
