El pasado miércoles, como se había programado en la agenda legislativa, el titular de la Fiscalía General el Estado (FGEO), Rubén Vasconcelos Méndez, compareció ante la LXIV Legislatura del Estado. Hay un tema que ha movido a legisladores (as) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que es el de los feminicidios que se han dado en la entidad, particularmente, el deleznable asesinato de nuestra compañera foto-reportera, María del Sol Cruz Jarquín. El crimen ocurrió, junto con el de dos personas más, el 2 de junio de 2018. Este hecho criminal, a casi dos años y medio de haberse perpetrado, pareciera haber entrado en los terrenos turbios de la impunidad. Sin embargo, según fuentes de la FGEO se ha procedido penalmente en contra de algunos de los presuntos responsables, los cuales han sido liberados por los jueces de control, que competen a las instancias no de procuración sino de administración de justicia.
En Oaxaca –y aquí hemos abordado mucho el tema- nada hay tan reprobable que politizar la justicia; hacer de las víctimas banderas y llevarlas al terreno del beneficio político-partidista. Un crimen que ha calado hondo entre la sociedad oaxaqueña, pero, sobre todo, en el gremio periodístico, no puede ser llevado a la arena de la ventaja electorera, sino ser resuelto en los órganos competentes. Durante la comparecencia, algunos diputados exigieron al Fiscal General, dar a conocer los pormenores del caso, cuestión que obligó al titular a aclarar que, de acuerdo al Artículo 20 de la Constitución, dicha información no puede hacerse pública ni, mucho menos, a personas no acreditadas para solicitarla. Es decir, la supina ignorancia se hizo presente entre la bancada del partido Morena, al desconocer que, aún en las normas de la transparencia y rendición de cuentas, casos como el de la compañera sacrificada, deben estar en absoluta reserva.
Ante la ignorancia que prevalece –salvo excepciones- en el órgano legislativo, Vasconcelos Méndez, doctor en Derecho, les dio una cátedra sobre lo que implican las sanciones a que un funcionario que falta a esos principios y mandatos legales puede hacerse acreedor. Sin duda, pretender politizar un caso en sí mismo grave es un error, más lo es, insistir en conocer del mismo y hacer escarnio mediático, lo es peor. Ojalá que el año que les resta a varios de nuestros flamantes representantes populares, tomen cursos intensivos de Derecho Constitucional, para que tengan la mínima formación y poder aplicarla en el quehacer de aprobar leyes.
Una obra plausible
En los últimos días se han escuchado voces ciudadanas que han puesto sobre la mesa la urgente salvación de los árboles del Zócalo y la Alameda de León. Se trata de la organización “Techo Verde” que encabeza la empresaria Adriana Aguilar quien se ha puesto al frente de esta cruzada. Un estudio realizado con el patrocinio de la Fundación Alfredo Harp Helú y llevado a cabo por dos especialistas de reconocimiento internacional dan cuenta de los daños que tienen al menos una treintena de centenarios laureles de la India. Todos ellos requieren de la intervención de expertos para poder salvarse. Ya perdimos dos en el mes de septiembre. El llamado a la ciudadanía es que no perdamos más de esos especímenes que han visto una parte importante de la historia de la capital oaxaqueña a lo largo de su vida.
Se trata, sin duda alguna, de una obra plausible. Sin embargo, como es común en nuestro medio, cuando alguien encabeza una cruzada de esta naturaleza de inmediato surgen las descalificaciones. Hay en la entidad, pero particularmente en la capital, grupos ambientalistas cuya lucha se dirige a descalificar al gobierno y sus omisiones o descalificar cualquier intento que provenga de la sociedad civil en favor del medio ambiente. Lo vimos hace sólo un par de meses, cuando se plantó una especie vegetal en el hueco que dejó uno de los laureles que se vivieron abajo en el mes de septiembre. Criticaron la obra de una fundación. Después plantaron otra especie en su lugar, que al poco tiempo se secó. Lo dicho pues, la cuestión es sólo criticar sin aplicarse a proponer acciones concretas y viables como se requiere en el caso del arbolado del Centro Histórico.
El diagnóstico que ya publicamos en nuestras páginas, es preocupante. Muchas especies han sido afectadas por plagas o la mancha urbana y el asfalto. De no atenderse esos males, muy pronto podría repetirse la historia de la centena de añejas palmeras afectadas por la plaga conocida como “picudo”, que tuvieron que ser derribadas sin que hasta el momento hayan sido restituidas de donde fueron sacrificadas. Es más, el espectáculo que dejaron es triste. Bastante hemos perdido en lo que se refiere a nuestra flora urbana. Hay pues que contribuir a la buena causa de salvar a las añejas especies que aún están en pie en el Zócalo y la Alameda de León.
