El primero de diciembre dio inicio el tercer año del llamado gobierno de la Cuarta Transformación y el quinto que encabeza el ejecutivo estatal. Algunos pensamos que el cuarto año sería el de los grandes logros y el de consolidar proyectos, pero no. La pandemia dio al traste y este año fue casi perdido para la administración estatal. El 2017 fue un año de desastres –como ya lo hemos comentado-, sequías, ciclones y sismos. El bienio 2018 y 2019, fueron de reconstrucción. Y así, sin obras relevantes ni emblemáticas. En el imaginario colectivo oaxaqueño no se ha trabajado como en otros sexenios, que fueron tal vez, menos problemáticos que éste, tipificado como inédito. El avance se percibe poco significativo. El mal fario no nos ha dejado. Es ocioso comparar los sexenios anteriores con éste. Con todos sus problemas y efemerides dolorosas como el 2006, con el conflicto político y social, o 2016, con el affaire Nochixtlán, no fueron obstáculo para el desarrollo de proyectos más o menos relevantes.
Sin embargo, en dos años ya concluye la actual administración. El tiempo apremia y los plazos se acortan. Entre los grandes proyectos que han sido un anhelo para los oaxaqueños figuran las carreteras a la Costa y al Istmo. Al menos la primera, según datos disponibles, avanza a pasos firmes. Ojalá que así sea. La del Istmo, parece caminar más lento. Ambas han estado aletargadas por muchos años. La primera casi diez años; la segunda, casi el doble. Durante ese tiempo, la Federación nunca respondió a nuestras expectativas. Una y otras empresas fracasaron. Pero hay un nuevo proyecto que podría aliviar la caótica vialidad citadina. Es el Libramiento Sur, que este gobierno tiene en la mira.
Empero hay algunos más que se quedaron a medias desde la administración pasada, como es el caso del llamado Sistema Integral de Transporte Urbano, que hoy en día refleja los síntomas del abandono y la negligencia. Decenas de autobuses yacen estacionados en algunos encierros, con un deterioro visible, en tanto que la mayoría de los paraderos han sido botín de vándalos y malvivientes. Una inversión millonaria no puede tirarse a la basura. De concretarse dichos proyectos en los dos años que le restan a la actual administración, dejarán entre la ciudadanía la idea de que, pese a los vientos en contra del actual gobierno, deja algo para la posteridad y como una huella de su paso por el mando estatal. Hagamos votos porque los referidos proyectos se concluyan y que las adversidades lo permitan.
Organizaciones sin banderas
Desde hace poco más de un mes, la Fiscalía General del Estado (FGEO), que encabeza Rubén Vasconcelos Méndez, ha llevado a cabo una serie de detenciones de sujetos que, se presume, son autores materiales de asesinatos de dirigentes y militantes de algunas organizaciones sociales que perviven de la dádiva gubernamental y que buscan vivir de la misma, con el ardid de la justicia. Ya están detenidos los presuntos autores materiales del asesinato del dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) en Miahuatlán de Porfirio Díaz, así como aquellos que privaron de la vida al activista de COMUNA. A.C., en San Baltazar Loxicha, así como otra persona que fue vinculada a proceso como presunto sicario de sonados crímenes de militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). En el caso del primero, se sabe que es un consumado criminal que durante más de diez años aterrorizó a esa parte de la Sierra Sur.
A lo que vamos es a lo siguiente. La FGEO demolió las banderas, eje de protestas de dichas organizaciones sociales que, de manera permanente, se han perfilado como chantajistas del gobierno estatal, al que, con la demanda de justicia, le sacan dinero en efectivo para los líderes o recursos para obras que nunca se concretan. Es importante subrayar que algunas de las víctimas no son ciudadanos comunes y corrientes sino en ciertos casos, consumados delincuentes que caminan al filo de la navaja con la bandera –falsa, por supuesto- de luchadores sociales. Una revisión a fondo del historial de cada uno de ellos daría una idea de la relación que algunos de ellos han mantenido con grupos criminales o, de mal uso que han hecho de su organización social. Develar dicha información podría ser un buen indicio de desenmascarar a quienes se cubren con el manto de la redención social sin serlo, sino abiertos delincuentes que buscan impunidad.
¿Seguirán algunos de estos falsos redentores sociales chantajeando al gobierno de Alejandro Murat, con la bandera de justicia? No lo dudamos. Una vez detenidos los presuntos autores materiales, habrán de exigir ahora que sean aprehendidos los autores intelectuales. El asunto es que la victimización siga abierta, pues es un instrumento de presión y chantaje. Ya no tienen esa bandera, es evidente, pero las seguirán usando para obtener dinero público y otras prebendas. En tanto no se aplique la ley, así seguiremos en Oaxaca, al tenor y al paso de más de 350 organizaciones sociales que perviven del erario y del chantaje.
