El Senado de la República hace un par de semanas aprobó el dictamen que da al menos parcial cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia que ordena la creación de un marco regulatorio del cannabis en nuestro país. Este dictamen incluye el Proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
Lo que parecería un paso hacia delante tendiente a la despenalización de la producción y consumo del cannabis, no lo fue. El dictamen del Senado mantiene elementos punitivos para las y los consumidores, impone nuevas multas, mantiene como delito la posesión simple de cannabis y, además, establece barreras importantes a la autoproducción y a la pequeña producción, en contraposición a las puertas abiertas que ofrece a las grandes industrias extranjeras (https://bit.ly/3miI7vd).
De nueva cuenta, se elimina la oportunidad de normar a través de la evidencia, con perspectiva de derechos humanos y la oportunidad de cambiar radicalmente la visión regulatoria del país.
La evidencia señala que el uso de cannabis de manera lúdica puede tener ciertas consecuencias, sí, pero la evidencia científica no es concluyente sobre las qué tan dañino puede ser, hay investigaciones que señalan un impacto mínimo en la salud, y existen, también, aquellas que señalan lo contrario (https://bit.ly/3lehqGJ; https://bit.ly/2JgB2x3). Este desconocimiento, además, se deriva precisamente de la prohibición de las sustancias. Una ceguera causada por el prohibicionismo que nos excluye de sus posibles usos en una amplia diversidad de fines terapéuticos o establecer estándares seguros de usos recreativos.
Otras sustancias que se encuentran en una situación similar son las sustancias sicodélicas. Recientemente, cuando su uso con fines de investigación se ha reabierto -aunque aún de manera muy controlada- se ha descubierto su gran potencial para brindar tratamientos terapéuticos a personas con depresión, ansiedad e incluso en la adicción al tabaco (https://go.nature.com/37iHyv8).
En contraste, desde hace años, los estudios clínicos científicos han demostrado una y otra vez que no existe un nivel de consumo seguro para el alcohol, una sustancia por demás popular y de venta con restricciones mínimas (https://bit.ly/3o2k6ZW; https://bit.ly/3fMqCkM). O el caso del tabaco, sustancia que si bien tiene ciertas limitaciones su comercialización, las consecuencias a la salud son palpables y mortales, lo que no ha detenido su venta.
La propuesta del Senado para la producción, distribución y comercialización del cannabis no sigue de una visión a favor de los derechos humanos e ignora la evidencia técnica disponible. En cambio, mantiene una postura de persecución penal y obstrucción a la producción local. Ahora se encuentra en manos de la Cámara de Diputados cambiar el rumbo de la regulación de sustancias en México y forjar una de las bases de reconciliación nacional después de la fallida política de guerra contra las drogas. Habremos de esperar.
@GalateaSwanson
