No les hace falta razón a aquellos que opinan que el llamado “Buen fin” sólo beneficia a los grandes consorcios comerciales. En efecto, el impacto económico no se refleja en el pequeño o mediano comercio, mucho menos en los tradicionales mercados, en donde los locatarios y mercaderes viven prácticamente al día y no con “meses de pago” o tarjetas bancarias. De la situación económica en plena pandemia y lo que se anticipa, ya hemos hablado aquí. Un panorama complejo si vemos el recorte presupuestal con que nos ha castigado el gobierno federal, que se estima alrededor de 26 mil millones de pesos. ¿Con qué recursos hará frente el gobierno de Alejandro Murat a las exigencias de programas de apoyo hacia los sectores productivos que están hoy en día padeciendo los latigazos de una crisis para la que nadie pudo prepararse, además, tan minimizada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación?
A un mes de haber iniciado la contingencia por la pandemia de Covid-19, el gobierno estatal puso en marcha un programa de apoyos económicos. También el ayuntamiento de la capital oaxaqueña desplegó una especie de empleo temporal, destinado a aquellos que habían quedado sin empleo a raíz del cierre de negocios. Poco después dicho programa dejó de operar. Se argumentaron problemas financieros del gobierno local. Poco se sabe de cuestiones similares que hayan puesto en marcha los gobiernos municipales, sobre todo de algunas cabeceras como Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz o Tuxtepec que, se presume, son las principales ciudades oaxaqueñas. Al menos que todos estén esperando las bondades del gobierno estatal.
En cualquier circunstancia, esperamos que el llamado “Buen fin” traiga consigo, al menos un alivio económico, pero que sus beneficios se extiendan hacia un espectro mayor del sector productivo oaxaqueño. Es evidente que nuestra economía local requiere de un buen respiro. He ahí una de las razones por las que Oaxaca no ha podido superar contagios y muertes por Covid-19, justamente porque las familias tienen que trabajar para poder sobrevivir. Es cierto, la situación obliga a un cierre de negocios no esenciales, pero la necesidad económica apremia. Con mucha sabiduría dicen los comerciantes: o nos mata el coronavirus o nos mata el hambre. Aún a riesgo de su propia vida, los mercaderes acuden a sus puestos y los comerciantes abren sus negocios. No hay de otra.
Zócalo: Urge rehabilitación
A raíz del desplome de dos gigantescos laureles en el Zócalo de la capital, uno el 15 de septiembre y otro, al menos un mes después, se encendieron las luces de alerta respecto al estado que guarda el arbolado del corazón de la ciudad. Y nos referimos a este espacio capitalino y a la Alameda de León. Estudios recientes, dispuestos por algunos organismos de la sociedad civil dan cuenta de que parte de los árboles que aún están en pie, se encuentran llenos de plagas o sufren de males propios de su especie. Hace pocos días fue motivo de controversia que una conocida organización altruista plantara en el hueco que dejó uno de los laureles que se vinieron a tierra, una especie similar, traída de una población de Ocotlán de Morelos. Poco después, otro organismo civil hizo lo propio con un árbol de guaje. Sin embargo, no se ha visto por ningún lado la participación de las autoridades municipales, que intervengan para que dicho espacio vital de los oaxaqueños vuelva a ser lo que fue antaño: un espacio de convivencia social.
Al mal estado del arbolado hay que agregar la pésima imagen que sigue dando el comercio en la vía pública, que prácticamente ha copado el Centro Histórico. Ni la emergencia sanitaria, ni los constantes llamados a los dirigentes han sido eficaces para limpiar dicho espacio urbano. Si bien es cierto que, el desplome de los dos laureles no ocasionó pérdidas humanas, las autoridades no tienen que esperar que ello ocurra para tomar medidas drásticas. Ahí está el caso de los supuestos desplazados triquis que están cumpliendo 10 años de haberse apropiado de los pasillos del Palacio de Gobierno sin que esta administración, al igual que la anterior, haya movido un solo dedo para regresarlos a sus lugares de origen y rehabilitar ese espacio.
No hay motivo ni razón para que permanezcan ahí. No existe un argumento válido, desde el punto de vista legal, que justifique esta invasión y afecte la imagen de la capital oaxaqueña, considerada por diversas publicaciones, como una de las ciudades más atractivas del mundo. Además, el riesgo de un accidente, por las malas condiciones del arbolado, puede ser fatal. Más que un tratamiento político a un posible desalojo, la rehabilitación y rescate de nuestro Centro Histórico debe verse como una respuesta a la exigencia ciudadana, que desde diversos foros ha promovido el retorno de la dignidad perdida de este espacio urbano.
