Hay dos cosas que permiten avizorar que, desde los más altos niveles del gobierno, hay la intención real de rescatar la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ¿De qué manera?
Primero, Hay condiciones para llevar ante la justicia a los señalados por los multimillonarios desvíos del presupuesto; una vez que los capos sean llevados a proceso se calmarían los ánimos de los grupos que desestabilizan.
Segundo, establecida la calma podrían designar a un Rector de transición que tenga la calidad moral y el valor suficiente para impulsar la reforma de la Ley Orgánica en la que se establezcan mecanismos de control para que, nunca más, ocurra saqueo tan impune del patrimonio universitario como lo hizo el ex Rector motejado “El Chapito”. No hay que olvidar que este es uno de los señalados con índice de fuego y que fue protegido por el saqueador gobernador Gabino Cue. También acabaría el nefasto voto universal y directo que manejan los grupos de poder para manipular a la comunidad universitaria.
En este momento están dadas las condiciones porque la podredumbre de la Universidad ha tocado fondo. Cuando sabemos que la ley ha caído sobre los autores de desfalcos multimillonarios en una decena de Universidades públicas, como la de Hidalgo, Morelos, Tabasco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, entre otras ¿Por qué en la de Oaxaca no puede ocurrir lo mismo?
Hay varios sucesos que nos dan la certitud de que, como dice AMLO, la corrupción ha empezado a ser barrida en las escaleras de la UABJO. De arriba hacia abajo.
Se ha ventilado en los medios la noticia sobre tres órdenes de aprehensión judicial contra el ex Rector Eduardo Martínez Helmes y que solo es cuestión de que haya voluntad política para que lo arresten.
Fuentes confiables me indican que, estas órdenes de arresto ya se giraron. A eso se debe que “El Chapito” haya pedido a su equipo de abogados que le tramitaran, al menos, tres amparos de la justicia federal con la intención de detener las órdenes de detención. Si hay trámites de amparos la lógica indica que es para frenar las órdenes de aprehensión que también deben existir.
Según la lista de Acuerdos del juzgado federal, uno de ellos es con fecha 16 de octubre con número de folio 590/2020. Es contra actos del Juzgado de Control de Cuicatlán, del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como su incidental.
Otra solicitud de amparo del Chapito se identifica con el número 575/2020, por probables actos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, de fecha 30 de octubre de este año.
Un tercer amparo es el 700/2020, de fecha 30 de octubre, también contra actos del Juez de Control de Cuicatlán.
Hasta el pasado fin de semana, se sabía que la justicia federal concedió la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y el quejoso (El Chapito) no sea privado de su libertad con motivo de la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención reclamada.
El documento oficial indica que “esta medida cautelar surte sus efectos desde este momento, hasta que se dicte la suspensión definitiva; pero será revocada en su momento, conforme a los artículos 166 párrafo último y 167 de la Ley de Amparo vigente, si no se cumplen los requisitos de eficacia siguientes…”
SOSPECHAS
Dada la terrible disputa que existe en este momento entre los diversos grupos de poder al interior de la Universidad por mantener sus cotos de poder, a través de las redes sociales unos y otros se culpan de viejos vicios en esa institución.
Por ejemplo: Hasta el momento se ocultan los señalamientos en contra de Eduardo Martínez Helmes. Este silencio se da porque desde la Fiscalía General del Estado, dicen, personal de confianza le habría soplado al ex rector sobre las órdenes de captura en su contra, a fin de tramitar sus amparos.
Indican también que tales amparos pueden derivarse de otros líos judiciales en que está involucrado el Chapito como el caso del Ayuntamiento de Huitzo donde Martínez Helmes gestionó un amparo para que su amiga Martha Isabel, síndica municipal de ese lugar, no compareciera ante el juez por su involucramiento en el crimen de un joven y secuestro de otro muchacho por la policía municipal de Huitzo. La acusada abandonó el cargo y huyó al extranjero.
Insisto, ¿si autoridades de universidades públicas de otros estados ya están procesados por desvío de recursos públicos, lavado de dinero y operaciones ilícitas, porque los de la UABJO gozan de impunidad?
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