Una vez más, el Gobierno de México ha elegido la línea de comunicación social y política pública apelando a estándares caducos del pasado, problemáticos y estigmatizantes. A la ya muy cuestionable campaña “El mundo de las drogas no es un lugar feliz”-inteligible y revictimizante- ahora se le suma la campaña para -supuestamente- combatir el sobrepeso y a obesidad en nuestro país (https://bit.ly/2IiI6sk).
Es completamente cierto, que nuestro país tiene un severo problema de prevalencia de sobrepeso y obesidad entre su población. De acuerdo con el informe preparado por Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “cerca del 73 por ciento de la población mexicana padece de sobrepeso (en comparación con una quinta parte de la población en 1996). México tiene una de las tasas más altas de obesidad de la OCDE. Además, 34 por ciento de las personas obesas sufren obesidad mórbida – el mayor grado de obesidad. De acuerdo con nuestras proyecciones, las enfermedades relacionadas con el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México en más de 4 años durante los próximos 30 años. Se trata de la mayor reducción proyectada entre los países de la OCDE. Pero lo más trágico es el crecimiento de la obesidad infantil, la cual se ha duplicado de 7.5 por ciento en 1996, a 15 por ciento en 2016” (https://bit.ly/2U3eiCt).
Estas condiciones son precursoras de enfermedades severas, crónicas y disminución de la esperanza de vida, lo cual afecta a la sociedad en su conjunto (https://bit.ly/2U3eiCt), por lo que una política pública en la materia resulta urgente.
Pero, oh, sorpresa. Al más puro estilo del neoliberalismo (https://bit.ly/2U3eMsh) -que en el discurso tanto señalan, pero en la práctica promueven-, el Gobierno Federal lanzó el pasado viernes una campaña que culpa de manera individual la existencia de sobrepeso y obesidad, sacudiéndose la responsabilidad que el Estado en su conjunto tiene con respecto a las condiciones sistémicas que generan la existencia de estas condiciones.
Como se argumentó en esta columna en semanas anteriores cuando se analizaba la inmovilización por parte de Profeco de productos imitación de queso, el problema de una alimentación de calidad inicia por los problemas de acceso y disponibilidad.
Ejercer el derecho a la alimentación implica que esta sea suficiente y de calidad, así como que sea posible adquirirla, y para este último punto, se requiere que físicamente sea alcanzable y, además, que sea asequible, es decir, que te alcance para adquirir tales alimentos. Estas condiciones se concretan en el concepto de seguridad alimentaria que implica que las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (https://bit.ly/3l3HAg9). En oposición, se considera que se presenta la inseguridad alimentaria, cuando estas condiciones no existen.
Ahora, como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, así como innumerables investigaciones en la materia desde hace años, “la inseguridad alimentaria contribuye al sobrepeso y la obesidad, así como a la desnutrición, y coexisten altas tasas de estas formas de malnutrición en muchos países. El costo más alto de los alimentos nutritivos, el estrés que significa vivir con inseguridad alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a la restricción de alimentos ayudan a explicar por qué las familias que enfrentan inseguridad alimentaria pueden tener un riesgo más alto de sobrepeso y obesidad” (https://bit.ly/3p8GvGc; https://bit.ly/32oOVQa; https://bit.ly/2U56Cja; https://bit.ly/3ezFPF7; https://bit.ly/35csAqZ; https://bit.ly/354FIhz; https://bit.ly/3eNk8Sd).
Es decir, existen factores socioeconómicos que impiden a la población, especialmente a la más vulnerable ejercer su derecho a la alimentación de manera adecuada, lo que ha derivado a la persistencia de sobrepeso y obesidad en dichos sectores. Como se argumentó en este espacio no es lo mismo buscar queso de verdad -y mucho menos de calidad- en una colonia de Iztapalapa o Gustavo A. Madero a hacerlo en el Valle de Oaxaca, ni hacerlo con un empleo formal de base, siendo dueño de una empresa, teniendo posibilidad de pagar el gimnasio o hacerlo desde el salario que percibe el 57 por ciento de la población mexicana que se encuentra en la informalidad, sin prestaciones sociales, con condiciones laborales precarizadas, trasladándose hasta tres horas al días para llegar a su fuente de empleo, sin capacidad de tener tiempo libre o condiciones para comprar y preparar sus propios alimentos.
Ahora que nos estamos enterando que el queso que comemos no es queso, porque el Estado claudicó por décadas su obligación de regular a las grandes industrias; cuando la Coca-Cola ha tenido acceso a los más recónditos asentamientos humanos, pero no así las instituciones gubernamentales; hoy que sufrimos las consecuencias del abandono del Estado a la producción local y al campo; ahora, cuando los trabajos con prestaciones sociales y bien remunerados son una especie en extinción; es hoy que el Gobierno decide culpar a la gente con campañas estigmatizantes por todas sus fallas. El Estado en su mínima expresión ante los grandes problemas sociales. Es un problema sistémico, no de decisiones individuales. Esa campaña ni a saltos se traga.
@GalateaSwanson
