La invasión que sufrió el zócalo de la capital oaxaqueña, previo a los festejos del “Día de Muertos”, por parte de militantes del Frente “14 de junio” y de sus adláteres, de ferias y chachacuales, debe ser tomado en cuenta tanto por el gobierno estatal, que encabeza Alejandro Murat como del municipal, a cargo de Oswaldo García Jarquín y no echar en saco roto esta afrenta a la paz social y la gobernabilidad. Desoyendo los llamados de las autoridades, en torno al riesgo de contagios, la organización aludida y sus seguidores instalaron juegos mecánicos y puestos de mercancía de diversa naturaleza, haciendo de ese espacio una especie de tianguis semanal. La crítica se volcó sobre el gobierno de la ciudad, cuyo edil respondió de manera enérgica que dicha situación no fue ni abulia ni complicidad y que, para resolver el tema del comercio en la vía pública, se requiere de manera obligada, la participación del gobierno estatal, habida cuenta de que se trata de un asunto político.
En efecto, esta situación tiene que ser vista bajo ese prisma. No hay que olvidar que está en puerta la temporada navideña y que, si bien las condiciones de salud no son las propicias hasta este momento, habida cuenta de que los contagios por Covid-19 no ceden, también es cierto que de nueva cuenta los grupos aludidos buscarán, a trancas y barrancas, instalarse de nueva cuenta para aprovechar el escaso turismo que seguramente visitará la capital. Del comercio en la vía pública que se ha adueñado del corazón de la capital y del pésimo aspecto que representa ante los propios oaxaqueños y el turismo nacional y extranjero, ya hemos comentado en este mismo espacio editorial. Urgen acciones que a través del diálogo o la ley se obligue a estos grupos a abandonar o reubicarse en otro sitio. La amenaza permanente de invasión no sólo es un agravio a la sociedad sino un desafío para los gobiernos.
Ha causado extrañeza que luego de 10 años de haber invadido los pasillos del Palacio de Gobierno, las autoridades estatales no hayan movido un solo dedo para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), les retire las medidas cautelares a esos falsos desplazados de la etnia triqui que, sin más, se han apropiado de uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Y ahí seguirán, dando un espectáculo deprimente, ante la pasividad, indolencia u omisión de nuestras autoridades, que ven pasar el tiempo sin dar una respuesta a la ciudadanía.
¿Complicidad o apatía?
Desde hace algunos años se sabe que en Oaxaca opera una banda de colombianos dedicada a diversos ilícitos. Un grupo opera en la capital del estado y, sobre todo, en zonas residenciales de San Felipe del Agua o colonias de alta plusvalía del norte de la ciudad. Uno de sus modus operandi es mandar como punta de lanza a una mujer atractiva a tocar las puertas, las cuales se abren de par en par ante el encanto femenino, pero es sólo un instrumento para que sujetos armados entre a los domicilios y saquearon a placer. Vecinos han video grabado escenas de los robos a casas-habitación y tienen evidencias de sus ilícitos. Han sido detenidos algunos sin que se haya sabido si las carpetas de investigación hayan sido bien integradas y estos extranjeros hayan sido enviados a su país. Es demasiado cinismo venir a delinquir a otro país.
Otro grupo se dedica a prestar dinero en efectivo, con un sistema denominado “De gota a gota”. Cobran intereses altísimos y materialmente exprimen a quienes caen en sus redes, quedándose con casas y otros, cuando los intereses rebasan la capacidad de pago de los deudores. Se trata de préstamos leoninos y casi criminales. Operan en mercados y en colonias populares. Lo extraño es que lo hacen con absoluta impunidad. Incluso se les han atribuido crímenes y ejecuciones, como fue el caso de un locatario del Mercado “Democracia”, que fue presuntamente abatido por la vertiente criminal de esta banda de colombianos, justamente porque no había liquidado un adeudo. Dicho crimen se mantiene aún sin haberse acreditado la responsabilidad penal a los autores. Este grupo criminal opera a la luz del día sin que las autoridades hayan actuado de manera enérgica para desmantelarlo.
El pasado 31 de octubre, Arizbeth, una mujer con el apelativo de “La Ratona”, fue ejecutada en Huajuapan de León, en donde se han dado una serie de ejecuciones y ajustes de cuentas en los últimos meses. La víctima era, justamente, operadora del grupo que opera los préstamos “De gota a gota”. Lo que mucho ha sorprendido a la ciudadanía es la apatía o complicidad de las autoridades ante esta banda de extranjeros que, de alguna manera pueden ser considerados como grupo criminal, cuya condición migratoria se desconoce, pero que, una vez que esté al descubierto pueden ser deportados o extraditados. Insistimos: es un agravio que delincuentes de un país hermano de Latinoamérica vengan aquí a delinquir y las autoridades pequen de omisas e irresponsables.
