Hace unos días platiqué con Diego Santoy Riveroll, conocido como “El Asesino de Cumbres”, acusado del asesinato de dos menores de edad y el secuestro de una mujer.
El caso de Santoy es conocido en todo México. Pocos han sido tan mediáticos. El suyo derivó en telenovela de terror. Recluido en un penal de Nuevo León, aun aceptando su culpabilidad en algunos de los hechos imputados, tiene grandes posibilidades de salir libre, ya que su caso fue reabierto este año.
Lejos del niño prepotente que conocimos hace más de una década en los medios de comunicación, me encontré con un adulto institucionalizado, que ha tenido que hacer vida desde las cuatro paredes se una prisión y cargado con las consecuencias de llevar un proceso que, lejos de estar apegado a la Ley, ha sido promovido y alimentado desde la opinión pública.
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“La razón por la que mi expediente se está volviendo a abrir, es porque mi declaración ante el Ministerio Público se consiguió de manera ilegal. Se llevó a cabo de forma ilícita y por ende la anularon”, me dice.
“Yo nunca he negado los hechos. Lo único que quiero es que mi proceso se lleve de forma legal”, asegura.
La manera en que los medios de comunicación ocuparon el espacio de las audiencias, la forma en que se llevaron los careos y el derecho básico de tener representación legal, hoy ponen en cuestionamiento los más de cien años que Santoy Riveroll tiene como sentencia.
En febrero pasado, fue notificado que dado a que no tuvo representación legal en los careos que todos vimos por televisión, los careos se tenían que volver a realizar. Según consta en el expediente, en las audiencias no hubo debido proceso, y algunas se llevaron a cabo sin la parte afectada. Más de una década después, Santoy podría aproximarse a la libertad por el cúmulo de errores, no necesariamente por su inocencia.
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Durante años hemos dejado de priorizar el funcionamiento del sistema de justicia penal como base de la construcción de un México en paz. Estamos hundidos en un sistema donde la corrupción se ha sistematizado y la impunidad ha predominado.
“No había duda que me iban a sentenciar. Aun yo no habiendo matado a esos niños, la persona que tenía que fallar a mi favor no lo hizo ya que mi sentencia vino por parte de los medios. Era demasiada la presión que tenía el juez por fallar a mi favor”, señala.
¿Tú consideras que estás en la cárcel injustamente?, le pregunté a Santoy Riveroll.
“Yo sé que cometí un delito y sé que a consecuencia de ese delito debe haber un castigo. Lo único que estoy pidiendo es que se respeten mis derechos y se lleve a cabo un proceso donde predomine la justicia y esté en la cárcel quien tenga que estar”, responde.
¿A que México podemos aspirar si no es posible, ni en los juicios más mediáticos, garantizar el apego al debido proceso y respeto a los derechos fundamentales? ¿Quién ganando en un caso como este, donde importó más la telenovela mediática que la justicia de un niño de ocho años y una niña de tres años asesinados brutalmente? ¿En qué momento permitimos que la novela pese más que la justicia a quienes han sufrido las consecuencias de la violencia?
Puede llamarse Diego Santoy o Florence Cassez. Y no aprendemos, como sociedad. Tampoco las instituciones mejoran. La descomposición sigue prácticamente intacta, sino es que agravándose. Garantizar derechos es la base para que las victimas encuentren justicia. La violación al debido proceso es un problema severo en nuestro sistema de justicia penal que está liberando culpables y encarcelando inocentes. La lista de quienes deben estar en prisión y no están es infinita, pero la quienes están y no deberían, también.
¿Hasta cuándo?
