La estabilidad política y social del estado pasa necesariamente por la que mantiene nuestra Alma Mater: la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Acontecimientos políticos importantes en el Siglo XX tuvieron a la institución como eje importante. Hay que recordar que, en 1977, el desaparecido ex gobernador Manuel Zárate Aquino solicitó licencia al cargo luego de los disturbios que trajeron consigo al menos dos muertos, en el marco del movimiento universitario. Los historiadores registran otros hechos notables más. Es decir, que la UABJO con todos sus problemas de caciquismo, porrismo y acotada por al menos seis sindicatos continúe con su vida académica y sin sobresaltos es, asimismo, factor importante de la gobernabilidad. Es cierto, hay muchos vicios que urge erradicar. Es más, hay quienes opinan que nuestra Máxima Casa de Estudios debe refundarse, volver a sus orígenes académicos y de formación profesional, ante el brutal deterioro de los mismos.
La UABJO ha estado también en la mira de los gobiernos. Para cada administración estatal nada mejor que tener a un aliado o incondicional al frente de la institución. La imposición o el cabildeo para la rectoría no es pues, nada nuevo. Es una constante en cada relevo. Todo ello debe tener la anuencia de grupos y cofradías; caciques y líderes sindicales que se asumen, contra natura, cuasi propietarios de la Universidad. Porque existen clanes familiares que desde hace medio siglo han movido los hilos a su conveniencia, haciendo del raquítico erario su coto personal. Por ejemplo, la llamada “Familia real”, que comandan el ex rector Abraham Martínez Alavés y su hijo, Eduardo Martínez Helmes, que tienen copados los puestos de mando y, sobre todo, en donde se manejan áreas claves de la administración universitaria. Pero no son los únicos.
Con el relevo de rector que está en puerta, luego de la prolongación del mandato del actual, Eduardo Bautista, se han dado jaloneos y una guerra mediática, en la que no han estado exentos los diputados (as) locales y federales. Se menciona la posible imposición de un candidato externo que, si bien estudió en la UABJO y hace dos décadas desempeñó un cargo en la misma, no tiene antecedentes de docencia en la misma, lo cual, de ser elegido, trastocar la autonomía universitaria y la Ley Orgánica vigente. Académicos y directivos actuales, han advertido de un intento de injerencia gubernamental en el relevo universitario.
Urgente aplicar ley
Cada vez se hace más necesario y urgente, que el gobierno estatal escuche a la ciudadanía que exige aplicar la ley. No es posible que sean los ciudadanos de los sitios afectados por los bloqueos carreteros quienes se están poniendo de acuerdo para desalojar a aquellos que, con la bandera y demandas que tengan, justas o injustas, acuden al manido método de bloquear vías carreteras para exigirle al gobierno su atención. Lo que vivimos los oaxaqueños de todo el estado, no sólo de la capital la semana anterior, exige de parte del gobierno de Alejandro Murat un replanteamiento de su política interna. Obviamente, la actual no ha funcionado, como tampoco lo han hecho las acartonadas mesas de diálogo que lo único que hacen es solapar la impunidad de quienes, como Jacqueline López Escamilla, dirigente del Comité para la Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), aprovechan la debilidad gubernamental para atropellar los derechos ciudadanos.
Hay algo que parece pasar desapercibido a los asesores u operadores del gobierno estatal y es que la gente está cansada y harta de este tipo de acciones. O son los normalistas los que por quítame estas pajas cierran los accesos a la Terminal de Autobuses de Primera Clase o son las organizaciones sociales las que bloquean la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan; o son comunidades mixtecas que piden que se atiendan sus peticiones y toman carreteras o son los sindicatos de tal o cual institución los que acuden a los bloqueos. Es decir, cualquier hijo de vecino, por la causa o demanda que sea conculca el derecho constitucional a la libre circulación. Y eso debe terminar. Tomar al pueblo inerme como rehén no sólo es cobarde sino además un agravio a los principios de sana convivencia.
Ya nadie comparte ese temor cerval a que cualquier acto de autoridad será tomado como represión. La ciudadanía ha dicho ¡basta! El Estado, cuyo representante es el gobierno debe tomar, pero ¡ya!, cartas en el tema de la ingobernabilidad. No hay justificación para seguir permitiendo que a la sociedad inerme se le tome como rehén para lograr prebendas o dádivas del erario. Esto debe terminar. Oaxaca, que lo escuche el gobierno, no puede seguir así. Es necesario que el gobierno de Murat Hinojosa tome la ley en sus manos. El pueblo oaxaqueño le exige aplicar la ley. No más componendas; no más debilidad; no más complicidades.
