La responsable de los bloqueos, atropellos a derechos civiles y latrocinios que ha sufrido la ciudadanía oaxaqueña, durante toda la semana, está identificada. Jacqueline López Almazán, dirigente de una de las organizaciones más voraces y convenencieras de las que existen en la entidad: el Consejo para la Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), del que fuera cofundador su difunto marido, Samuel Hernández. La impunidad con la que se mueve esta mujer es insultante. La forma tan ruin en la que desafía al gobierno y vulnera el Estado de Derecho, es un serio reto para las autoridades que, como ha trascendido, se han negado a negociar la ley y la justicia, para liberar a uno de sus dirigentes, Ernesto López, vinculado a proceso por abuso sexual e intento de feminicidio, además de entregarle la suma de más de 160 millones de pesos.
El gobernador les dijo a la citada dirigente y a sus cómplices de Codedi, Codeci y una decena de membretes, que ni la justicia se negocia ni hay dinero para satisfacer sus demandas. Estos grupos de presión están ya cebados en el chantaje y acostumbrados sus dirigentes a recibir las bolsas de dinero que hoy, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, ya no será posible. Muchas voces se han elevado para que se aplique la ley sin distinción, pues nadie asimila que, en plena contingencia y con los coletazos que ha generado en la economía, que tiene a miles y miles de oaxaqueños sobreviviendo de milagro, los bloqueos, el cobro a automovilistas y transportistas, así como la vil extorsión a la ciudadanía, la sigan fustigando. La gente no puede trabajar. Está harta de este tipo de acciones. Ha dicho ¡basta! El bloque al aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca, a la Terminal de Autobuses de Primera Clase y en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, entre otros, han desquiciado por completo la tranquilidad de un importante sector de la población.
Y no es sólo la liberación de quien dice López Almazán es “preso político”, sino el intento de extorsionar al gobierno y exigir prebendas, a sabiendas de que el erario no está en bonanza ni en disposición de acceder a demandas de falsos redentores sociales y vividores de la dádiva gubernamental. Los llamados al gobierno de Murat Hinojosa para que aplique la ley y se castigue a quienes de esta forma están violentando la paz social y la tranquilidad ciudadana, reflejan el hartazgo social y la urgencia de mantener vigente el Estado de Derecho.
Riesgo de violencia
Hay un refrán popular muy sabio entre nuestras comunidades que dice: “tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe”. Con ello, la sabiduría popular hace saber que pueden existir muchos abusos, agresiones y desafíos a la gente de paz, hasta que llega un momento en que aquel que era considerado cobarde se revela y actúa con tal violencia que aquellos que abusaron de su tolerancia, tienen que retroceder. A lo que vamos es a esto. Vecinos de comunidades cercanas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca, como San Agustín de las Juntas, Ánimas Trujano y otras, hartas de estar toda la semana prácticamente secuestrados por pequeños grupos de personas desconocidas que mantienen bloqueos, que les impiden entrar y salir de sus hogares, han hecho llamados a sus parientes y amigos para desalojar a los rijosos. Todo ello ante la pasividad o excesiva tolerancia de los gobiernos estatal y federal, para tomar acciones al respecto.
En efecto, ha sido la paciencia y a veces hasta cobardía ciudadana la que ha hecho que ocurran este tipo de atropellos y latrocinios. Desde 1980, los oaxaqueños hemos vivido alienados, secuestrados a veces por meses en nuestras propias casas y acotados por turbas de militantes de cientos de organizaciones sociales que, cada que sus dirigentes urgen de dinero, acuden a la ciudad para vulnerar y desafiar los derechos civiles. O son normalistas o maestros; franquicitarios de organizaciones sociales o transportistas; taxistas o sindicatos. Todos, sin excepción, acuden al manido método del bloqueo de carreteras, calles, cruceros y oficinas para suavizar al gobierno y obtener, a costa del suplicio ciudadano, dádivas, concesiones, obras y otras.
Existe un temor injustificado para aplicar la ley. Y ello es lo que ha motivado que cualquier hijo de vecino, por las causas que se les ocurran, actúa con tal impunidad que no les importa afectar a miles de ciudadanos que tienen que acudir a sus centros de trabajo, estudiantes que acuden a sus escuelas o madres de familia que simplemente tienen que realizar sus actividades. Esto tiene que terminar. Y la ciudadanía, con los anuncios que describimos al principio, parece no estar dispuesta a seguir tolerando estos atropellos. La apatía gubernamental para instrumentar desalojos, para restituir los derechos civiles, pueden dar al traste con acciones de violencia nunca vistas en Oaxaca. Al tiempo.
