El pasado lunes, el viejísimo conflicto que mantienen entre el núcleo agrario de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, en la región de la Mixteca, volvió a teñirse de sangre. Cinco campesinos de la primera comunidad que se dirigían a sus labores, fueron embocados. El resultado fue de tres personas muertas y dos heridas de gravedad. Los más de 300 conflictos agrarios que hay en la entidad, de los cuales al menos 30 han tenido preocupadas a las autoridades por su perfil violento, no son cosa menor. Han dejado en la última década centenas de muertos. Uno de ello es, justamente, el citado líneas arriba, el cual se ha querido resolver con saña entre dichas comunidades vecinas, pues en la larga historia de crueldad, se han dado homicidios masivos, para después incinerar los cadáveres, entre otras acciones de violencia e impunidad. A lo largo de esta cadena de homicidios, no se ha detenido a uno solo de los criminales.
En los casi cuatro años que lleva la presente administración se han dado al menos cinco masacres, de las cuales, se calcula que cuatro han sido por conflictos agrarios o problemas limítrofes. Hay que recordar el asesinato de cinco campesinos de San Pedro Mártir Quiechapa por parte de sus vecinos de Santiago Lachivía o la masacre de 13 personas de la comunidad de Santa María Ecatepec por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec, en julio de 2018. Los criminales han andado a salto de mata, sin que el brazo de la justicia los haya alcanzado. Hace al menos un mes trascendió la aprehensión de uno de los presuntos criminales de la última emboscada. Ambos hechos de sangre se llevaron a cabo en el distrito de San Carlos Yautepec.
En la región de los Mixes, son nota cotidiana las muertes y emboscadas entre pobladores de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán. O las que ocurren en la Sierra Sur, en Santiago Amoltepec, Santo Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza, San Lorenzo Texmelucan, Santiago Textitlan o San Mateo Yucutindoo, entre otros. Por ello, llama la atención cuando ciertos funcionarios de gobierno quieren resolver todo con las famosas mesas de diálogo y tomarse la foto mientras las autoridades, presuntamente hacen las paces. Nada más engañoso. Las viejas rencillas siguen como si nada, haciendo ver dichos acuerdos de paz como algo ficticio y superficial. La única forma de resolver estos conflictos, amén de los laudos agrarios, es con el peso firme de la ley.
No negociar la ley
El lunes y el martes pasados, una decena de membretes, entre otros, el Consejo para la Defensa de los Derechos Indígenas (Codeci), el Frente “14 de junio”, el Consejo para la Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) y otros más, bloquearon más de diez puntos carreteros en la entidad. Una de las demandas de dichos grupos sociales, parásitos de la dádiva oficial, fue la libertad de supuestos presos políticos, que se encuentran bajo proceso. Dos de ellos, consignados por delitos del fuero común, como es el caso de Francisco Javier Martínez Rodríguez, hijo de Francisco Martínez Sánchez, alias “Don Panchito” o “Pancho Mugres”, del Frente “14 de junio”, que fue vinculado a proceso por homicidio y el otro, Ernesto López, detenido en flagrancia por intento de feminicidio y abuso sexual, luego de ser video-grabado por vecinas, cuando cometía sus fechorías en una vivienda de la capital. Este sujeto forma parte del CODEP, que dirige Jacqueline López Almazán, luego del fallecimiento de su esposo, Samuel Hernández.
Sin embargo, con el propósito perverso de doblegar al gobierno estatal, tienen entre sí una serie de demandas para obtener recursos y dinero del erario. Por la tarde del mismo lunes, el gobernador Alejandro Murat fijó su postura en torno a las exigencias de estos vividores del erario. La justicia no se negocia, además, “no hay dinero”, aunque marchen y bloqueen –dijo- no hay recursos. Se trata de una postura que debe acompañarse del ejercicio de la ley. Acciones de chantaje como éstas deben tener como respuesta el desalojo, la aplicación simple y llana de la norma. No se puede negociar en mesas de diálogo teniendo como telón de fondo el daño a la sociedad civil. Los dirigentes e instigadores deben ser detenidos y consignados con carpetas de investigación que acrediten el daño a la libre circulación y a las vías de comunicación.
Sin duda alguna que, en la medida en que Murat Hinojosa actúe en consecuencia, no hay duda que tendrá el respaldo mayoritario del pueblo oaxaqueño, harto de estos métodos aberrantes que, buscan en la impunidad afectar a la sociedad civil para obtener prebendas y dádivas. Insistimos: ya es tiempo de que esas lacras sociales, que viven de extorsionar al gobierno con peticiones y exigencias que sólo sirven para que sus dirigentes se llenen los bolsillos, eviten seguir dañando al estado, sobre todo en las condiciones en las que hoy mismo nos encontramos.
