La polémica sobre la dichosa consulta popular para que se enjuicien a los expresidentes de este País ha llegado demasiado lejos. La desinformación y la manipulación de la opinión pública está poniendo una vez más en jaque la credibilidad de las instituciones que sustentan una incipiente democracia en México.
Ante la revelación de que el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfila a declarar el carácter de inconstitucional la pregunta propuesta por el presidente López Obrador, los embates en contra del máximo tribunal no se han hecho esperar (https://bit.ly/3j8aKcT).
Pero todo el asunto es una farsa. No hay conflicto. Se trata pues, de simple artificio.
¿Por qué no debemos caer en tales provocaciones? Por las siguientes razones:
No se requiere una consulta para enjuiciar a expresidentes.
Aceptar que la consulta se haga para determinar si la Fiscalía General de la República (FGR) investiga y persigue o no a los expresidentes de este país, es igual a establecer que las Fiscalías deben contar con un resultado favorable de consulta pública para iniciar procesos penales contra todo homicida, ladrón o delincuente que quiera perseguir.
Que hayan sido presidentes no les hace diferentes al resto de las personas en cuanto a la investigación o persecución de los delitos.
La Fiscalía, autónoma en teoría, tiene el deber de accionar ante indicios o denuncias que puedan ser materia de delitos, con consulta o sin consulta.
La Justicia no se consulta, se hace efectiva. En este caso, no hay impedimento para que, desde el día de hoy, si hay elementos, se proceda y se pudiese enjuiciar a expresidentes por delitos.
La SCJN solo cumple su función
El artículo 35 Constitucional dispone que el máximo tribunal debe estudiar si las preguntas propuestas para ser parte de consultas públicas no se contraponen a la Constitución. En este caso, la pregunta propuesta se contrapone a la Carta Magna dado que la manera que se encuentra planteada supone que se requiere un resultado de consulta pública favorable para perseguir delitos, impidiendo a las víctimas de contar con el inicio de un proceso si no se cuenta; puede tener un efecto corruptor en todo el proceso penal, en caso de que se lleve a cabo; y, finalmente, puede vulnerar garantías de debido proceso (https://bit.ly/2SeEHwp). Es decir, existen muchas razones por la que la pregunta es contraria a la ley.
Además de que no es necesaria, sería avalar una ilegalidad que podría, incluso, darle impunidad a aquellos que se pretende juzgar al violarse sus garantías de debido proceso, provocando exactamente el efecto contrario al que se quiere lograr.
Simple artificio, entonces.
Se trata pues, de una estrategia de comunicación que se vale de las décadas de impunidad de las más altas esferas del poder, el sentir ciudadano de la falta de justicia y la urgente necesidad de que la población sea tomada en cuenta de las decisiones importantes del país.
Una estrategia de comunicación bastante cara, habría que añadir, pues se proyecta un gasto de ocho mil millones de pesos que bien podrían ir al sector salud (https://bit.ly/2RY9kpw).
¿Se requiere escuchar a la ciudadanía?
Absolutamente sí.
La clase política, durante décadas se ha acomodado a tomar las decisiones desde las oficinas, desdeñando las voces de las y los mexicanos.
Si bien la consulta es innecesaria, costosa y problemática, no debemos de desestimar que las causas que la legitiman persisten y dan pie a la manipulación de la ciudadanía para intereses particulares.
Resulta necesario replantear desde lo legislativo nuevos pactos de participación social, mayores recursos a las Fiscalías y la mejora de la comunicación en materia judicial.
La consulta es una farsa; las cuestiones que la generaron, no.
@GalateaSwanson
