Desde el primero de este mes, el gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Notarías y con la colaboración del Colegio de Notarios, que preside Guadalupe Díaz Carranza, llevarán a cabo el llamado Mes del Testamento. Con un costo mínimo a lo que en realidad se desembolsa, el testamento en realidad constituye un acto de racionalidad para aquellas personas de edad intermedia o mayor, que no deseen dejar a sus descendientes problemas de tipo legal o patrimonial. Por el contrario, para quienes rebasan los 60 años de edad, constituye un medio seguro y eficaz para que se cumpla la última voluntad de quien otorga. Hoy mismo, hay en la ciudad capital y en todo el estado, un sinfín de litigios que a veces derivan en hechos de sangre, porque quienes no tuvieron el cuidado de acudir a la notaría y dar a conocer su última voluntad ante el fedatario público, dejaron sus bienes al arbitrio de las circunstancias, sin sustento legal ni patrimonial.
Bajo esta premisa, hay infinidad de bienes que están intestados, también llamados “mostrencos” que, muchas veces, resultan pleitos familiares o disputas entre aquellos que se presumen depositarios de la última voluntad de quien ya no existe. El propósito es que los ciudadanos realicen un plan de herencia para proteger legalmente sus bienes y distribuir sus propiedades según sus deseos. Es evidente que en Oaxaca no existe una cultura al respecto, más aún en comunidades en donde el régimen de propiedad resulta incierto, como es el caso de los bienes comunales, que no se pueden vender, donar o enajenar. La labor de las autoridades en este sentido será titánica, pues no sólo hay que bogar contra corriente con la ignorancia, sino asimismo con quienes, pese a tener conocimiento de ello, son más renuentes con la edad o la enfermedad.
En los últimos años, el mes de septiembre ha sido dedicado al testamento. Sin embargo, creemos que hace falta una mayor publicidad para que la ciudadanía esté enterada de lo que significa y la importancia que tiene para preservar el legado familiar y evitar conflictos. Es evidente –insistimos- que no basta una formación profesional para que todos estén convencidos de su importancia. Se hace necesario promover en medios impresos, electrónicos y digitales, la importancia de testar, como un factor de tranquilidad y solvencia moral.
Obstáculos ilegales
Desde hace algún tiempo va tomando cuerpo un movimiento en la capital oaxaqueña: se trata de tomar conciencia respecto a la postura de algunos propietarios de establecimientos que funcionan en los portales que rodean al zócalo de la capital, de impedir el libre tránsito. En plena contingencia por la pandemia, algunos restaurantes, bares y cafés, han lucido rodeados de rejas metálicas o macetones que obstaculizan el libre tránsito, situación de la cual, las autoridades municipales han sido omisas. Se trata, obviamente, de un ataque a la libertad de los oaxaqueños, habida cuenta de que, si bien los portales son complemento de propiedades privadas, históricamente el paso por los mismos ha sido libre. No hay pues motivos para imponer obstáculos ni, mucho menos, atentar en contra de los derechos civiles. Ello ha motivado acciones como la del pintor Markoa Vásquez, la semana pasada, que acudió solo a quitar dichos obstáculos.
Si bien es cierto que se trata de otro fenómeno, está el caso de los triquis que se asumen desplazados y que, con dicho argumento, tienen diez años de haberse posesionado de los pasillos del palacio de gobierno que, hasta antes de ello, era un paso peatonal libre para el ciudadano que transitaba de las calles de Trujano a las de Guerrero. Pues bien, luego de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), les otorgara a no más de sesenta indígenas las llamadas medidas cautelares, éstos se apropiaron prácticamente de un bien público, en donde cocinan, cohabitan, comen, pernoctan y nadie tiene permiso para pasar por ahí a riesgo de tolerar sus arrebatos violentos. Lo que sorprende es que ni el gobierno pasado de Gabino Cué ni el de Alejandro Murat, han movido un dedo para echar abajo las citadas medidas cautelares y dichos indígenas retornen a sus lugares de origen, de donde salieron –dicen- por la violencia.
Aunque en entornos y móviles diferentes, la invasión de los espacios urbanos, que son parte de nuestra identidad ancestral y, por tanto, para el disfrute ciudadano, debe ser sancionadA sin importar razones o argumentos en contra. Sin que ello suene a confrontación, cualquier movimiento ciudadano para recuperarlos debe apuntar, asimismo, hacia quienes se han apropiado de manera ilegal como es el caso de los triquis y las organizaciones que los patrocinan –o manipulan-. Ya basta de tener un zócalo copado por grupos o portales históricos llenos de obstáculos, impuestos por propietarios de restaurantes y bares, que no tienen ningún derecho para acotar la libre circulación.
