Complicado escenario de posibles actos de corrupción que impera en México, consecuencia de una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la pandemia y del proceso electoral que está por iniciarse con vista en las elecciones que tendrán que llevarse a cabo el próximo año para cargos de elección popular de diputados federales, locales, ayuntamientos, gobernadores, con los agregado del conflicto interno que han surgido en el partido en el gobierno, el desgaste en el Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional y el deterioro del popularidad del titular del ejecutivo con motivo del manejo de la pandemia y seguridad pública.
El postulado de la campaña contra la corrupción del presidente López Obrador ha permanecido como elemento catalizador en todos estos aspectos en cuanto que los factores adicionales que se señalan, ya que están funcionado como distractores de otras realidades lamentables, como son las muertes de ya casi sesenta mil mexicanos y el incremento de contagiados que no amaina en la pandemia, insuficiencia de medicamentos e inseguridad, volcándose la atención en la denuncia de Lozoya contra los expresidentes y otros ex funcionarios de alto nivel y los dimes y diretes entre este y algunos de los señalados.
Se conjuga este contexto con el deterioro que venía sufriendo la popularidad del Presidente que se aprecia aún muy solo en las decisiones, aun con la presencia de colaboradores, en sus mañaneras la que ahora parece que aún no se ha recuperado en alto rango pero que las imputaciones hechas y dadas a conocer públicamente hasta la fecha en el orden mediático contribuyen a encolerizar a la ciudadanía ante la danza de los millones de dólares en acciones que parecen ser constitutivas de diversas responsabilidades en un futuro próximo a pesar de la crítica hecha a los arreglos del poder con el denunciante para introducir a su favor los beneficios que concede el orden jurídico de justicia penal vigente, por cierto sujeto a revisión para endurecer y facilitar el quehacer de las fiscalías.
Un presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común señala la Constitución y al menos hasta la fecha no conozco un caso en que se haya enjuiciado a un ejecutivo nacional durante su desempeño o como ex presidente. El Ex Presidente Luis Echeverría fue denunciado ante la Procuraduría General de la República, pero no prospero la misma. Ahora al menos en los periódicos, noticieros, conferencias y medios televisivos se ha difundido lo que afirma Lozoya el cual también estará sujeto a diversas responsabilidades de orden pecuniario por daño moral, de no acreditarse los hechos que motivan su imputación.
Están en la cancha del daño político, los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña, un ex secretario de Hacienda Lis Videgaray y los que resulten involucrados, como diputados, senadores, personajes de acción nacional, revolucionario institucional, de la revolución democrática y de la iniciativa privada, incidiendo negativamente, estos hechos, en la bolsa de votos de cada uno de estos tres partidos, al estar siendo apreciados como posible componente que debilite al poder legislativo o sea la Cámara de Diputados el control de la orientación de las políticas públicas del Presidente López Obrador; esta contingencia está equilibrando las tendencias políticas en favor del Ejecutivo, a pesar de la denuncia que se acaba de dar a conocer en contra de un familiar cercano de mismo.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Este precepto desde luego se refiere al presidente en funciones y habrá que remitirse en la temporalidad transcurrida de que los ex dejaron el cargo del Ejecutivo, ver cuáles son los hechos específicos que se les ponen a cargo y sobre esa base determinar las responsabilidades en los órdenes penal, civil o administrativo a fin de revisar la figura de la prescripción.
Hasta ahora se publicitan generalidades pero no se han concretado acciones, ni evidencias que permitan un análisis más certero de la ruta jurídica que seguirán estos acontecimientos, envueltos en la lucha por conservar el poder, otros por recuperarlo y cobrar facturas de estos escándalos o dar una muestra de que ha operado un cambio efectivo en los sistemas de procuración y administración de justicia con vista en los altos funcionarios, la transparencia, honestidad que convenza de que efectivamente la ley se aplica igual para todos, gobernados y funcionarios.
Mientras tanto, seguiremos en este escenario de distracción y lucha electoral, frente a la pandemia la inseguridad y carencia de insumos en salud.
