- “Reprobados” Mismos Vicios
- Podría Vetar “Ley Chatarra”
La impunidad es un factor que alienta la actividad delictiva y, a su vez, descompone a las instituciones y al tejido social. El hecho de que no haya castigos o sanciones para los infractores motiva a éstos a seguir rompiendo las reglas e incita a otras personas a actuar de la misma manera. Hoy se reconoce que el problema en nuestro país no es la falta de leyes que prohíban y penalicen la corrupción, ya que las normas existen, la cuestión es que no se cumplen.
Al participar en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, convocado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa consideró que combatir la impunidad es esencial para “recuperar las calles y devolverlas a las familias mexicanas”. De ahí la importancia y la oportunidad que significa poner en el centro de la discusión nacional una propuesta que da la máxima relevancia a las víctimas.
La impunidad se termina cuando incrementamos la vinculación a proceso, cuando hay un verdadero derecho de las víctimas, cuando las víctimas se sienten protegidas. Por eso la propuesta para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales que fortalezca el Sistema Penal Acusatorio; refuerce el Sistema de Derecho consagrado en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de imputados y víctimas.
Con la premisa de que ninguna reforma debe debilitar el derecho de las personas, sino fortalecer el combate a la impunidad y reforzar la posición de las víctimas en los procesos penales, se insiste en dar mayores elementos al Ministerio Público para realizar investigaciones eficientes sin violar el derecho de defensa de los imputados.
Es indudable que todas las instancias de procuración y administración de justicia deben mejorar su funcionamiento para que los delitos no queden impunes. En la adecuada impartición de justicia esta es una herramienta fundamental para enfrentar la impunidad.
… A VUELO DE PÁJARO
A pesar de que ya celebraron el examen de admisión para estudiar en las 11 normales del estado, “reprobados” volvieron a tomar calles de la ciudad para obtener un lugar. Quienes conocen el tinglado aseguran que son los mismos que la semana pasada se dedicaron a causar daños a inmuebles públicos y privados. Y que son manejados por Juan Gutiérrez González y Carlos Cruz Ríos, que se niegan a perder cuantiosos ingresos económicos con el tráfico de lugares en esas instituciones educativas.
Negocios
Los señalamientos de quienes aseguran conocer el entramado, en contra del director del CRENO y subdirector académico del ENBIO respectivamente, alertan que en cada ciclo escolar se embolsaban hasta 80 mil pesos por recomendación para ingresar a cualquiera de las Escuelas normales, lo cual al final generaba una impresionante bolsa para cada uno de ellos. Por lo pronto el examen en línea a los estudiantes de nuevo ingreso ya se realizó con el cupo de 100% de la demanda de espacios.
Molestos
Tras la designación de Miguel Ángel Martínez Cordero como titular del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de la Comisión Nacional del Agua, la dirigencia estatal de Morena que encabeza Sesul Bolaños López puso el “grito en el cielo”.
Con el argumento de que el nuevo funcionario es de filiación panista y presuntamente cercano al expresidente Felipe Calderón, demandó una explicación sobre los motivos para nombrar al nuevo funcionario. Por cierto, trascendió que el anterior director, Julio López Hernández fue quien filtró la información que la Comisión Estatal del Agua (CEA) perdió más de 30 millones de pesos del presupuesto etiquetado a la dependencia, porque presuntamente no tuvo la contraparte para los proyectos que presentó para realizar en 2020.
Afectadas
El Covid-19 ya alcanzó a las escuelas privadas en nuestro estado, pues se quejan que los padres de familia ya no están dispuestos a pagar las colegiaturas establecidas hasta antes de la pandemia, pues ahora las clases serán a distancia, se ha caído la inscripción de alumnos, y deben pagar renta de inmuebles y salarios a los profesores. Debido a las precarias condiciones económicas que enfrentan han despedido a personal, actualmente les pagan la mitad del sueldo y, en otros casos, dejaron de pagar el Seguro Social. Piden préstamos para poder solventar sus actuales condiciones.
A revisión
La tan cacareada “Ley Chatarra” aprobada por los legisladores locales es analizada por el Ejecutivo del Estado que podría hacer valer su derecho al veto porque se aprobó sin contar con leyes secundarias relacionadas que determinen las sanciones contra los infractores. “El veto es válido y sirve si hay argumentos para revertir y hacer ajustes en la ley, porque lo que va a suceder si es que yo llego a vetar la ley es que el Congreso local, pues si al final ya trae una ruta y línea nacional, lo único que va a hacer es volver a legislar sobre lo mismo y al final no vamos a tener un resultado positivo”, dijo el gobernador Alejandro Murat.
Volveremos
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