Las leyes mexicanas son muy claras en lo que respecta a ser juzgado por los delitos cometidos y castigar a quienes los comentan, aunque tienen sus excepciones contenidas en el fuero de algunos personajes.
Para ellos se requiere del desafuero, ya que no basta el solicitar licencia para ser sometidos al escrutinio de la ley.
Entonces nos preguntamos, para qué el Presidente López Obrador tendría que someter a voluntad ciudadana, mediante una consulta popular, si los ex Presidentes u otro tipo de funcionarios públicos deben ser juzgados.
Si de lo que se trata es de un show mediático, entonces debemos de ser advertidos de ello, de otra manera que se juzguen de acuerdo a los supuestos delitos que cometieron, se les encarcele o se les deje en libertad, si no hay comprobación de los mismos.
Hasta donde sabemos los ex Presidente no gozan de ningún tipo de fuero (el Presidente en funciones si lo tiene), por lo que deben someterse a los dictados de las leyes, sin privilegios de ninguna clase, pero también tienen derecho a no ser condenados a priori, ni mucho menos hacer escarnio público de ellos, como probables responsables de los ilícitos que se les marcan.
Y es que el Presidente López Obrador reiteró que serían juzgados en el caso de que durante una consulta pública la mayoría de los ciudadanos decidan que sí se haga, aunque al estilo Pilatos, él ya se lavó las manos con antelación y anunció que su voto sería en contra de llevarlos a juicio.
Con la inclinación de su voto hacia el no, el Ejecutivo federal está orientando el sentido del voto, entonces para qué la consulta ciudadana, si sabemos la gran influencia que mantiene el Presidente de la República en millones de votantes.
Claro que el show mediático beneficiaría enormemente a los candidatos de su partido y pegaría en la línea de flotación de priistas y panistas que verían el espectáculo con dos de sus grandes figuras del pasado, que con base en su popularidad consiguieron ganar los comicios de 2006 (Felipe Calderón Hinojosa) y 2012 (Enrique Peña Nieto), ambos derrotando al actual Presidente López Obrador.
De realizarse la consulta ciudadana habría que ver quién la organiza y en que tiempos hacerla, aunque se estima que no podría ser antes de los comicios de junio de 2021, ya que el INE en caso de ser el elegido para organizar el show, estarían entretenidos en el proceso federal.
Sin embargo, la magnitud del evento mantendría entretenidos a los partidos, las organizaciones de todo tipo y al electorado, subiendo y bajando los momios de los que resulten candidatos, especialmente de los tres principales partidos políticos.
Por lo pronto, dejando atrás el tema de la pandemia que sigue azotando al país, causando muertes, contagios, pobreza y desempleo, se acerca el nuevo entretenimiento nacional, ante la pobreza del circo montado alrededor de Emilio Lozoya.
Claro que buscándole el lado bueno de la posibilidad de que todos aquellos servidores públicos que cayeron en la tentación de la comisión de delitos, regresen los beneficios obtenidos con esos ilícitos sería bueno para el país que, además, de una pena corporal en prisión, se quedarán sin esos lujos obtenidos a costa del erario o de las comisiones o participaciones recibidas por los jugosos contratos cedidos.
Hasta el momento nada de eso ha sucedido, aunque se recuerda como en el pasado, a finales de los 70 estalló el escándalo por los regalos realizados al entonces Presidente López Portillo mediante un rancho obsequiado por el entonces gobernador de Querétaro Rafael Camacho Guzmán y una casa en Acapulco por el dirigente sindical Joaquín Hernández Galicia. De ambos regalos, el rancho fue devuelto, pero la casa no y quedó como propiedad de la familia.
Resulta raro que los servidores públicos sometidos a juicio sean despojados de las costosas mansiones y propiedades conseguidas al amparo del poder público y en el caso de incautarse, al poco tiempo se les regresa. Esperamos que eso no suceda con el juicio contra el ex director de PEMEX y otros funcionarios, incluidos los ex Presidentes de la República.
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