Como si fuera un insulto a la ciudadanía, a menudo las dependencias estatales siguen el juego que les marca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al rendir informes sesgados, obviamente, en el sentido de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país. En estos espacios editoriales y en nuestras páginas, hemos mostrado el alto índice de criminalidad que existe en la entidad, como por ejemplo la semana pasada, cuando fueron ejecutadas en la ranchería de Candelaria Yegolé, municipio de Santa María Zoquitlán, seis miembros de una familia. Hay semanas en las que llegan a presentarse hasta 10 o 12 ejecuciones. Sólo el domingo pasado en Tuxtepec se encontraron dos cadáveres de personas de mediana edad, con el clásico tiro de gracia, sello indiscutible de los grupos criminales. Dos días antes en Río Grande, en la costa oaxaqueña, tres personas que viajaban en un taxi del estado de Guerrero, fueron acribilladas. Por supuesto que ello no ocurre en un estado que se vanaglorie de ser seguro.
En el tema de seguridad la capital oaxaqueña ha devenido en los últimos tiempos rehén de la delincuencia común. Bandas de pillos y viciosos tienes asoladas a diversas colonias de la capital, igual ocurre en las agencias municipales. El domingo pasado, en redes sociales, se manifestó un repudio generalizado por el asesinato del joven Rodrigo Abed, de 17 años de edad, campeón de Jiu-Jitsu y promesa del deporte estatal y nacional, que fue atacado con un pica-hielo mientras hacia sus ejercicios en una de las secciones del Infonavit, en donde viven 1 mil 200 familias. Una de las hipótesis fue el robo del celular. Si bien es cierto que las autoridades ministeriales seguramente investigan el crimen, hay indignación entre la sociedad, similar a la que se desató cuando el joven Alexander Gómez fue acribillado por un elemento de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, apenas en junio pasado.
Se entiende que la seguridad es un reto nacional; que hay entidades en las que el crimen organizado ha impuesto su ley, de la que nadie se salva. En ese espectro Oaxaca no es una ínsula aparte. Lo que ofende a la ciudadanía es la reiterada publicidad en torno a nuestra entidad segura, cuando sabemos que no estamos mejor que otros estados. Las autoridades ministeriales están emplazadas a investigar este crimen antes de que se convierta, de nueva cuenta, en una bola de nieve.
Impunidad insultante
Como lo mencionamos en la columna política de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca el pasado domingo, los autores intelectuales del vandalismo, los atentados en contra de la libre circulación, secuestro de autobuses y daños graves en oficinas de gobierno, con la bandera de que haya exámenes presenciales en las escuelas normales, están bien identificados. La pregunta es: ¿cuáles son los motivos o razones para que el gobierno de Alejandro Murat no haya procedido legalmente en contra de ellos? ¿Cuál es el temor para no aplicar la norma después de más de una semana de acciones fuera de la ley? Asimismo, como lo mencionamos ayer en este segmento editorial, el vandalismo y los atentados en contra del Estado de Derecho han tenido un trasfondo: el viejo vicio de cobrar los espacios en el sistema de escuelas normales del estado, con el que los manipuladores, que son directivos de al menos dos escuelas, se han llenado los bolsillos.
Ya es costumbre en la actual administración aplicar con singular cinismo, el viejo principio liberal de “dejar hacer, dejar pasar”. Vándalos y porros enquistados en las filas de los normalistas pueden hacer y deshacer a su libre albedrío. Nadie los tocará. Después del desgraciado evento de los 43 de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, estos falsos redentores y cuasi delincuentes juveniles, pueden desafiar a las instituciones y pitorrearse de ellas. Con la misma parsimonia se deja que dos o tres vecinos bloqueen calles, cruceros y carreteras. La Policía Estatal y las corporaciones están en el aparato, porque existe un miedo cerval de pasar a la historia con el Sambenito de represores. He ahí el motivo por el que se toman casetas de cobro sin recato alguno, se cierran oficinas públicas, se destruyen vehículos o edificios históricos o se hace vivir a la ciudadanía inerme el infierno de los bloqueos.
Lo que ha resultado un insulto para la ciudadanía es que dichas acciones temerarias se lleven a cabo en plena contingencia sanitaria, cuando mucha gente tiene que salir a ganarse el pan, a riesgo de contraer el mal y encontrarse con vándalos violentos que le impiden el paso. Ya es tiempo de que los responsables en el gobierno estatal cumplan con su papel ante la sociedad. Queremos entender que no son de aparato. Las medidas punitivas de tipo penal para este tipo de acciones, son totalmente justificadas. Ya basta de tanta impunidad.
