Durante toda la semana, un grupúsculo de estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO), se dedicaron a fastidiar a la ciudadanía de la capital con secuestro de autobuses, vandalismo, toma de oficinas y bloqueos a calles y avenidas, el método tradicional del chantaje, que genera crispación en la sociedad más aún en estos tiempos de contingencia. Un par de semanas antes, otro grupúsculo de normalistas, éstos del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), hicieron un papel similar. Algunas fuentes encontraron la hebra de este manipuleo en las personas de Juan Gutiérrez González, director de la última institución y Carlos Cruz Ríos, subdirector académico de la ENBIO. La protesta ha sido irracional de principio a fin. Exigen exámenes presenciales, pues ello les permite seguir lucrando con la venta de espacios en las citadas instituciones, vicio y práctica de corrupción que ha sido la constante en el sistema de normales en la entidad, puestos en marcha por pillos como los señalados.
Anteriormente, como ya se ha dicho, se dieron acciones similares. Un grupo de estudiantes del CRENO protestaron en contra de la irresponsabilidad de su director, quien no entregó a tiempo, de manera premeditada, los trabajos de los alumnos del último semestre de estudios para poder acreditarlos en su currículum académico y poder acceder a una plaza docente. Se advierte pues un propósito insano del funcionario aludido, que al no ver cuajados sus propósitos ha tomado ahora como bandera los exámenes presenciales de la ENBIO para poder manipular los resultados. Lo que sorprende es que las autoridades no le hayan fincado responsabilidades penales que, en el caso de la falta de entrega de la documentación, constituye una sanción administrativa o laboral.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en apego estricto a las medidas sanitarias y a las instrucciones que en torno a la contingencia ha tomado la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha reiterado que no habrá exámenes presenciales sino de manera virtual. Se trata en todo momento de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes. ¿De dónde pues la presión y el chantaje para que sean presenciales? Una razón más de que los intereses de quienes manipulan a los que han secuestrado camiones y bloqueado calles y cruceros, están en serio riesgo. Es urgente que se aplique la ley y se evite la práctica de esos métodos aberrantes, que abomina el pueblo oaxaqueño.
Polarización comunitaria
Desde hace muchos años, las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapan del Espíritu Santo, ambas en la región mixe o ayuuk, libran un diferendo brutal: la disputa por el agua que nace en un manantial. Como si fueran feroces adversarias y no hermanas de una misma etnia, se han enfrascado en un conflicto en el que la segunda se ha cerrado para que la primera tenga, como pueblos civilizados, el agua potable para que su gente pueda vivir. En evidente que hay manos extrañas o foráneas que han polarizado más las diferencias. Grupos y organizaciones de ésas que buscan el lucro económico o político, han buscado que el problema siga sin resolverse, no obstante, los buenos oficios, acuerdos de paz y la conciliación que se ha logrado en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno. En virtud de ello, los vecinos y autoridades de Ayutla han tocado puertas y solicitaron el amparo de la justicia federal para que haya reconexión del servicio de agua. El gobierno estatal tiene en sus manos dicho instrumento legal para proceder sin dilación, frente a la cerrazón de autoridades y demás de Tamazulapan y se surta el agua potable a la comunidad afectada.
Por otra parte, hace al menos diez días, dos comunidades pertenecientes a Santiago Juxtlahuaca, que traen entre sí un viejo diferendo agrario, se enfrentaron a golpes y balazos. Se trata de Santos Reyes Zochiquilazala y San Martín Peras. El resultado fue de dos heridos y una decena de ciudadanos retenidos por parte de la primera comunidad. No es la primera vez que dicho conflicto deja una estela de sangre y dolor. Hace poco más de un año hubo al menos tres o cuatro fallecidos en una emboscada. Las autoridades de Zochiquilazala se negaron a entregar a sus vecinos retenidos. Es más, corrió la especie de que exigían por cada uno sumas estratosféricas, tal cual si se tratara del cobro de un secuestro.
La intervención de las autoridades fue prácticamente inútil, hasta el viernes pasado que se les montó una mesa de diálogo en la Secretaría General de Gobierno. Gracias a ello se logró la liberación de los retenidos, sin que se fincaran responsabilidades de tipo penal a los responsables de dicho ilícito que, luego de las sofocantes mesas de diálogo, encubren sus acciones fuera de la ley, con el manto de la impunidad. He ahí la crítica que siempre hemos mantenido respecto a este método, que no sólo ha hecho que acciones como la que nos ocupa se repitan, sino que los responsables no reciban castigo.
