En los últimos días se han dado varios operativos y cateos por parte de la Fiscalía General del Estado. De hecho, se han dado desde hace varios meses. Ello ha permitido desmembrar tanto células del crimen organizado como bandas comunes dedicadas al narcomenudeo, robos de vehículos, asaltos carreteros, etc. La idea es no dar lugar a la impunidad con la que operan dichos grupos. Hace unas semanas se cateó un domicilio en Ocotlán de Morelos, lo que ocasionó una vendetta criminal posteriormente. En el combate al crimen y a la impunidad, sería injusto no reconocer el esfuerzo y la labor que desempeña la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que dirige Rubén Vasconcelos Méndez. Los resultados, según informes de la dependencia, son muy importantes para la paz social en Oaxaca, basta decir, como ejemplo, que tan sólo en el de mes julio, la Fiscalía General aprehendió a 37 homicidas, 5 feminicidas y un homicida de una mujer; es decir, se detuvo en promedio a más de un criminal por día. Se trata de criminales que andaban impunemente por las calles. Lo importante de todo ello es que a ley no se negocia ni se tuerce a placer, mucho menos se cae en el juego político de opacar o acotar la acción de la justicia, como un resorte del arreglo entre grupos, comunidades u organizaciones.
Lo mismo que la aprehensión de homicidas y feminicidas, así también vemos múltiples acciones de la Fiscalía para la desarticulación de bandas delictivas en la entidad, lo cual servirá para contener la delincuencia. En su lucha permanente contra la criminalidad, pasado viernes 7 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó un cateo más en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se aseguraron unidades de motor, así como autopartes con reporte de robo. La incursión del viernes fue coordinada y ejecutada por la Vice-fiscalía Regional del Istmo, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, dando cumplimiento a la orden de cateo solicitada por el agente del Ministerio Público, derivada del cuadernillo de antecedentes 22/2020. Pero antes lo hizo en Santa María Zoquitlán, eje de la producción de marihuana y otras drogas en las que se incautaron armas de alto poder y droga. Hace algunos meses, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos fue objeto de una campaña negativa por parte de militantes y legisladores del partido Morena, por haber tocado intereses criminales de algunos de sus correligionarios.
Fincar responsabilidades
El pasado domingo 9 de agosto, de nueva cuenta, el gobernador Alejandro Murat, invitó a la ciudadanía a continuar con el uso de cubre-bocas, el lavado de manos y la sana distancia para contener los contagios por SARS-CoV2, también conocido como Covid-19 que, como todo mundo sabe, hoy mismo tiene postrado al mundo entero. Nuestro país registró el pasado lunes, arriba de 52 mil muertes, lo que ha ubicado a México en uno de los países con mayor letalidad. Sin embargo, nada ha cambiado la estrategia errática y vacilante del gobierno federal. Hay que recordar que, en cada discurso o intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la temática es la misma: “ya vamos aplanando la curva”, cuestión que está muy lejos de ser realidad, ante la crítica incluso de medios de importancia mundial como The New York Times, que el inicio de semana pasado dedicó al país su portada para dar a conocer una verdad que mucho oculta el gobierno federal: los mexicanos prefieren morir en sus casas que en hospitales.
Sin embargo, amén del manejo errático de la pandemia, hay un factor que incide en esos índices de mortalidad que hoy en día tanto nos laceran. Y es la irresponsabilidad de ediles y gobiernos locales en continuar alentando los festejos religiosos o fiestas patronales, haciendo caso omiso de los llamados de autoridades de otros niveles y poniendo en riesgo la vida de sus paisanos. En nuestras páginas publicamos el pasado lunes el caso del presidente municipal de San Lorenzo Cacaotepec, población cercana a la capital oaxaqueña y una de las comunidades con un número considerable de contagiados y decesos. De motu proprio autorizó la celebración de un convite, al que asistieron centenas de personas, sin cumplir medianamente con las medidas sanitarias.
Los llamados han sido constantes para evitar ese tipo de concentración de personas. Incluso el arzobispo de Antequera, Monseñor Pedro Vásquez Villalobos, invitó a las comunidades a cancelar las celebraciones patronales. Hace unas semanas fue el caso del edil de San Pedro Ixtlahuaca y el de San Antonino Castillo Velasco. Los dos recibieron sendas notificaciones de demanda. Pero, al parecer, ninguna progresó. Y es que el Sector Salud debe darle seguimiento. Permitir este tipo de reuniones masivas está tipificado, en este momento, como una omisión criminal de parte de aquellos que, de manera premeditada, permiten que la gente corra riesgo mortal, frente a un mal que, todo mundo sabe, ha cobrado ya muchas vidas.
