Desde el inicio de la LXIV Legislatura del Estado, pero particularmente durante los meses que llevamos de contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, se ha observado de parte de nuestros (as) legisladores (as), sobre todo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un excesivo protagonismo y la aprobación de iniciativas, algunas descabelladas y torpes que advierten celeridad e inmediatez. La semana pasada se aprobó el dictamen con proyecto de decreto propuesto por la diputada de Morena, Magaly López Domínguez, para prohibir la venta de refrescos y bebidas azucaradas o alimentos de alto contenido de calorías a menores de edad, pues argumenta, que ello es origen del sobrepeso y diversas enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus. Hace unos meses, sin ningún análisis serio, sobre todo respecto al impacto económico, aprobaron una iniciativa que prohibía, asimismo, el uso de plástico en mercados y tiendas de autoservicio o conveniencia.
Con el ardid de proteger al medio ambiente, de contribuir al cambio climático y toda esa faramalla de argumentos, han aprobado medidas a diestra y siniestra, pero ni una voz se ha escuchado en favor de las energías limpias que han sido constantemente demeritadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de consolidar el monopolio de la energía eléctrica, generada por carbón y combustóleos, que maneja la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Suponemos que saben que Oaxaca genera un porcentaje importante de energía eólica a nivel nacional, además de que las empresas instaladas en el Istmo de Tehuantepec son, hoy en día, un importante aliciente económico para la región en la generación de empleos. Sin embargo, los defensores del medio ambiente ahí guardan silencio, para no despertar la ira del Mesías.
Si la iniciativa para prohibir la venta de refrescos o alimentos chatarra a menores de edad fuera la panacea para curar los males de la pobreza, estamos de acuerdo. Si fuera en otras circunstancias y no cuando las micro, pequeñas y medianas empresas arrastran gravísimas pérdidas por la pandemia, tal vez el proyecto de decreto hubiera sido aplaudido por la sociedad, pero hoy, abonarles a más pérdidas, más pobreza, más despidos y cierres, es totalmente improcedente y absurdo. No es más pues que un excesivo protagonismo e ignorancia. Urge congruencia y no sólo ver sólo un lado de la moneda.
Paracaidismo pernicioso
Hace al menos un año, pobladores de colonias irregulares como “Lomas del Quío”, Los Mangales y otras, asentadas de manera irregular en predios ubicados en el Polígono que rodea la zona arqueológica de Monte Albán, fueron desalojados de manera violenta de dicho espacio, propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución que, se sabe, otorgó una buena cantidad de millones de pesos para desalojar dichos predios. Hasta la fecha no se sabe de qué suerte las decenas o centenas de personas que ahí se avecindaron llegaron hasta esos lugares que, por otra parte, carecen de los servicios elementales para ser habilitados como espacios de vivienda. Sin embargo, como es usual en nuestro estado, de inmediato los afectados se asumieron “desplazados” y ocuparon durante meses las calles aledañas al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña.
Los aludidos se retiraron, nos informan que, a un local, presuntamente propiedad del gobierno estatal, a raíz de la contingencia sanitaria que empezamos a vivir desde el mes de marzo. Sin embargo, la semana pasada aparecieron de nuevo, ahora arropados por la llamada Asamblea Popular Indígena (API), una de las organizaciones sociales que abundan en nuestro medio, prestas para cachar conflictos y tomarlos como propios para presionar al gobierno estatal. De esa suerte, los llamados “desplazados” se mantuvieron bloqueando la Avenida Juárez de la capital oaxaqueña, justo frente a la llamada Casa Oficial, durante tres días, ocasionando con ello serios descalabros a la ciudadanía. De manera oportunista e inadecuada, habida cuenta de la situación de salud por la que atraviesa el pueblo en general, mantuvieron su bloqueo.
Sin mediar los problemas colaterales, se sabe que la Secretaría General de Gobierno dio visos de solución al problema, otorgando a los vecinos urgidos de vivienda, predios presuntamente propiedad del gobierno estatal, en jurisdicción de San Pablo, Etla que, según las autoridades municipales, son reserva ecológica. El asunto es que los habitantes de las agencias municipales, como Poblado Morelos y otros, están que trinan en contra de dicha decisión y dispuestos a realizar sus protestas de inconformidad. Para muchos, la SEGEGO quiso tapar un hoyo, pero destapó otro. Las comunidades que se asumen afectadas, no están de acuerdo en tener como vecinos a quienes, como ya hemos dicho, no se sabe de qué suerte se hicieron de predios de donde fueron desalojados.
