Desde diversos foros, el gobierno mexicano ha recibido mensajes de que la “nueva normalidad” conlleva graves riesgos de rebrotes. Los ejemplos de países europeos y los Estados Unidos son dramáticos. Algunos estados han buscado reabrir playas y comercios en nuestro vecino país, para después cerrarlos de nuevo ante el repunte de los contagios. Dados los criterios encontrados que ha utilizado el gobierno federal, hay entidades que han pasado del rojo al naranja o viceversa, es decir, regresar al semáforo anterior. Desde la semana pasada se dijo que Oaxaca pasaría al semáforo naranja, justo cuando se dieron más casos de contagios. Jueves 2, viernes 3 y domingo 5 de julio, se tuvieron 262, 259 y 362 casos nuevos, respectivamente, lo que ocasionó sorpresa entre la ciudadanía, habida cuenta de que las condiciones no eran las óptimas para cambiar de señal epidemiológica.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha insistido a las autoridades mexicanas a tomar las cosas con seriedad y evitar criterios opacos tanto para llevar el conteo de positivos y activos; recuperados o sospechosos; decesos e intubados, así como un recuento diario de pacientes graves, además de la disponibilidad hospitalaria. Pero no. Esa información ahora será semanal. Vemos, sin embargo, datos contradictorios que han dejado entre los mexicanos la certeza de que la estrategia de combate a la pandemia de Covid-19 ha sido errónea. Al menos en Oaxaca, el mismo ejecutivo estatal reconoció desde la zona afectada por el sismo del 23 de junio, hace poco más de una semana que, si bien habríamos pasado a semáforo naranja, ello no implicaba que todo estuviera mejor. Insistió en seguir manteniéndose en casa y una apertura mesurada de los negocios.
Como ya hemos dicho, no es tarea fácil para las autoridades seguir manteniendo el cierre del comercio. El sábado pasado se realizó una caravana de automóviles de la Fuente de “Las Ocho Regiones” a la explanada de Santo Domingo de Guzmán, de parte de los propietarios de bares, antros y restaurantes, con la consigna: “Queremos trabajar”. Es cierto, se ha dado el cierre de muchos negocios. La semana anterior, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) en la entidad, afirmó que al menos 60 de los negocios afiliados ya no volverían a abrir sus puertas. De ellos, 55 restaurantes. En este diario hemos publicado historias de quienes hasta hace tres meses eran prósperos pequeños empresarios, ahora están en bancarrota, con adeudos, laudos y rentas pendientes.
Dirigentes voraces
El pasado lunes, un grupo poco significativo de militantes de la beligerante organización denominada Frente Popular Revolucionario (FPR), encabezados por el segundo al mando, Macario Otalo Padilla y otros secuaces, montó un bloqueo en la Avenida Juárez, justo frente a la Casa Oficial. Según las consignas mencionadas –nada nuevo qué destacar- exigen obras de infraestructura, peticiones de salud, educación y otras, además de la renuncia de ciertos funcionarios acusados de contratar empresas fantasmas. Es decir, nada qué ver con peticiones de orden social, sino político. Este martes, el bloqueo se mantenía. Resulta una afrenta a la ciudadanía oaxaqueña que, sin recato alguno, en plena emergencia sanitaria, justo cuando el gobierno de Alejandro Murat y su equipo atienden la prioridad que representan las comunidades afectadas por el sismo de 7.4 grados que devastó parte de la Sierra Sur y una pequeña fracción de la Costa, estos sujetos, vividores de la lucha social, sigan con sus manidos métodos de chantaje.
No han faltado en los últimos días este tipo de acciones. Ante de los eventos a que hacemos mención, un grupo de militantes de “Antorcha Campesina” hizo lo propio para exigir una reunión con el ejecutivo estatal y llevó a cabo una marcha al zócalo de la capital. Los motivos son del todo conocidos. Peticiones de obras de infraestructura, escuelas, hospitales y paz social. Ya es sabido que dicha organización, bastante exhibida a nivel nacional por los negocios que ha hecho al amparo de la complacencia de los gobiernos priistas, está metida hasta el fondo en el conflicto entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, que durante la última década ha dejado centenas de muertos. Hay tal encono entre ambas comunidades que los asesinatos entre dichas comunidades no reparan en que sean niños, mujeres o ancianos. Los matan por igual, para luego incinerarlos.
Tampoco han faltado en las últimas semanas, sin importar las condiciones sanitarias por la pandemia de Covid-19, la toma de la caseta de Huitzo, vista ya por organizaciones sociales, dirigentes voraces e incluso comuneros, como una mina de oro para obtener recursos. Empero, ni el gobierno federal ni, mucho menos, la administración estatal toma nota de este atraco y vil asalto carretero, con lo que dicha acción se ha vuelto algo común y muy rentable para quienes la practican.
