México es un país en el que se han minimizado los ataques en contra de los políticos y de los personajes vinculados con la lucha contra la delincuencia, tanto que en tiempos recientes se han relajado las medidas de seguridad.
Se creyó que con un cambio de gobierno, respaldado en gran medida por una amplia cantidad de votantes y con los llamados de esas nuevas autoridades cedería la violencia y el país regresaría a la serena calma de años ya idos, hace mucho tiempo.
Los que confiaron en esa fórmula se equivocaron y la estrategia gubernamental no ha funcionado, ni siquiera con la incorporación del Ejército en tareas de seguridad ni mucho menos con la creación de una nueva policía, conocida como Guardia Nacional.
La penetración de esos grupos y el apoderamiento de grandes extensiones de territorio, así como la disputa de los mismos convirtió en centro de disputa algunos estados del país, en los que las autoridades se hicieron de la vista gorda, algunas más acordaron con ellos y otros remitieron el problema al gobierno federal, intentado lavarse las manos.
Se dio una proliferación de nuevos grupos, de los que se conoce poco, aunque predominando los tres o cuatro que dominan con su presencia los principales sitios de confrontación y donde la disputa se hace más cerrada.
Cada uno de ellos delimitan su territorio y usa como marca de la casa su presencia violenta que deja saldos de decenas de muertos en la zona.
El crecimiento de los grupos delincuenciales unido a la inoperancia de las autoridades da como resultado la expansión de los mismos y mayores atrevimientos en su expansión.
Eso mismo provocó en las semanas recientes una paranoia dentro de la clase política, al revelarse las amenazas en contra de algunos de ellos, provenientes, principalmente, de los grupos delincuenciales, aunque no se encuentran identificados con precisión.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se mencionan al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación como el autor de estas advertencias, según lo filtrado por el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), que encabeza el general Audomaro Martínez Zapata.
Y es que fue precisamente este órgano que, según el Presidente dejó de ser centro de espionaje, para transformarse en lugar de inteligencia nacional, detectó peligro de atentados en contra de cuatro políticos: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Alfonso Durazo, secretario de Seguridad; Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera y Omar García, que ya fue víctima de uno.
Ahora dos personajes más se unieron a este selecto grupo, ya que fueron alertados sobre amenazas en su contra: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y aunque en México se ha desestimado durante décadas las expresiones de violencia en contra de los políticos, ya que en la mayoría de las ocasiones se cometen contra autoridades municipales, los atentados suman cientos en los años recientes, aumentados en las tres décadas más recientes en las que las expresiones de violencia se han multiplicado.
Se cuantifican el asesinato de un ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, que hasta ese momento era el favorito en las encuestas; Rodolfo Torre Cantú, candidato marcado por encima de sus competidores en las preferencias ciudadanas rumbo al gobierno de Tamaulipas (cuatro personas más fueron asesinadas en este suceso). Cuando menos una docena de diputados federales o locales han sucumbido también en este tipo de crímenes y por supuesto alcaldes, jefes policíacos, ex procuradores de Justicia y otro tipo de autoridades.
Todo esto sucede en México sin que se conozca a profundidad quién o quiénes fueron los responsables de la mayoría de esos homicidios, por lo que la alerta entre los políticos es aún mayor, ya que no saben por dónde provendrá, si es que ocurre, la amenaza y el relajamiento que se dio (propiciado por los abusos del pasado) de los llamados escoltas y camionetas blindadas ponen en grave riesgo a estas personas.
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