Una vez más, el presidente ha ido en contra del Poder Judicial por la liberación de personas acusadas de delitos de alto perfil. Tras la liberación de María “N”, madre del presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. El titular del Poder Ejecutivo declaró: “siempre se habla de que se deja en libertad a un delincuente porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad” (https://bit.ly/38sG1mD). Y si bien el Poder Judicial tiene una gran deuda en materia de transparencia y rendición de cuentas que ya se encuentra iniciando a saldar (https://bit.ly/3dWSe3N; https://bit.ly/38qC2qB), el punto ciego del presidente es la propia actuación de las instancias encargadas de la procuración de justicia: las fiscalías.
Las Fiscalías, desbaratadas en su infraestructura presupuestal y de capacidades básicas, es una de las instituciones más castigadas a nivel presupuestario año con año y sexenio tras sexenio (https://bit.ly/3dYxtoB; https://bit.ly/2UXyipt). Es justo la instancia que tiene a su cargo la investigación y la presentación ante las y los jueces de las evidencias y argumentos que comprueben la responsabilidad de las personas por la comisión de delitos, la que ha fallado una y otra vez para establecer la existencia de hechos delictivos y la efectiva imputación de cargos y sentencias para dichos casos (https://bit.ly/3e1K4Y5).
El fortalecimiento de las policías, el despliegue del Ejército, así como las reformas a los Códigos penales para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, -aún cuando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones nacionales especializadas en la materia han señalado que la prisión preventiva oficiosa no es compatible con los contenidos de los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos (https://bit.ly/2ZEBrNU; https://bit.ly/2BGgRVx), pues vulneran el derecho a la presunción de inocencia-, no tendrán efecto alguno en los índices de violencia y comisión de ilícitos cuando más del 90 por ciento de los casos denunciados -omitiendo la cifra negra- no tienen una conclusión exitosa por falta de fortalecimiento y actuación de las fiscalías (https://bit.ly/2YWQ1kE).
El sistema de justicia es un entramado que se encuentra agrietado y requiere fuertes inversiones en infraestructura, capacitación, recursos humanos e implementación de mejoras administrativas y jurídicas de gran calado en todos sus engranes y niveles (https://bit.ly/31N2jOq). Se requiere la articulación, cambio de enfoque y fortificación de cada una de las instituciones que intervienen en la preservación de la paz y seguridad de la población, desde las policías municipales hasta los centros de readaptación social.
Culpar a los jueces es la ruta facilona para sacudirse la responsabilidad de lo que a cada Poder e instancia corresponde, debilitando -de paso- el principio republicano de la separación de poderes. Hoy, ante el alza de los índices de criminalidad (https://bit.ly/3ixaOmz), más que nunca requerimos compromiso y unidad.
@GalateaSwanson
