La situación que se avecina, ya lo hemos dicho, desde el punto de vista económico, es brutal, tanto para los mexicanos como para los oaxaqueños. Desde hace un mes se puso en marcha un programa estatal que, obviamente, ha sido insuficiente para paliar el desempleo y las graves pérdidas de diversos sectores sociales. Además, como también lo mencionamos, las exigencias y el burocratismo para poder acceder a dichos beneficios o préstamos, contrastan con lo apremiante de la necesidad de miles de medianos, pequeños y micro-empresarios, así como para los otros miles de empleados que han perdido su trabajo. Es el caso por ejemplo de meseros (as), cantineros (as), garroteros, empleados de limpieza, taxistas, transportistas, propietarios de pequeños negocios, etc. La lista es muy larga, pues habría que incluir a locatarios de los mercados que van al día y no tienen cómo resarcirse de las pérdidas, ante el cierre escalonado de los mercados.
Capítulo aparte es lo relativo a la industria turística, de la que viven muchos oaxaqueños. Existe en la misma desesperación ante la falta de visitantes y el cierre obligado de hoteles, restaurantes, playas, etc., aunado a ello la cancelación de cientos y cientos de vuelos al mes, que tienen hoy en día paralizado prácticamente el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, así como la contracción en los viajes terrestres. Ante esta situación, hasta hace días se veían en las calles a empleados del sector turismo, ocupándose en otras labores, ante la urgencia de llevar el gasto a la familia. La divisa es ganarse unos pesos para sobrevivir. Es algunos segmentos editoriales hemos mencionado que no es fácil para muchos resguardarse, ante la disyuntiva de quedarse en casa para paliar la pandemia o morirse de hambre.
El gobierno de Alejandro Murat debe, pues, buscar la forma de que esta crisis sanitaria, que aún está en la fase de alto riesgo, tenga un aliciente económico. No se trata de dar dádivas, programas asistenciales o clientelares como los que tiene en marcha la Federación. No. Pero sí impulsar programas de empleo temporal, de créditos a la palabra, de abasto de insumos a los sectores más desprotegidos, como se mencionó al principio de la contingencia sanitaria. Es evidente que no estamos en condiciones de entrar en la “nueva normalidad”, pues ni siquiera hemos remontado la fase crítica, pero planear al corto plazo las posibilidades de promover algunas acciones que coadyuven a que la tragedia económica no sea el complemento fatal de la sanitaria.
El crimen no para
Aunque no es privativo de Oaxaca sino de todo el país, es importante reconocer que los grupos criminales no paran en sus operaciones en busca de mercados o posiciones en el mundo del crimen. En Tuxtepec, en plena emergencia de la pandemia de Covid-19, no han cesado las ejecuciones y los ajustes de cuentas. Comerciantes y transportistas; mecánicos y propietarios de bares y taquerías están en la mira de los maleantes que los aterrorizan con el cobro de derecho de piso. La maña no para de extorsionar, amenazar, secuestrar e intimidar, hasta que aquellos pequeños empresarios, ante el temor de perder la vida o de trabajar sólo para las células criminales, deciden en el peor de los casos cerrar, vender o traspasar sus negocios. Es impresionante la cantidad de pequeñas empresas que han cerrado en la antes rica y próspera capital de la Cuenca del Papaloapan.
No hace falta ser un hábil analista político para darse cuenta de la displicencia con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha percibido a los grupos criminales y sus operaciones ilícitas. Desmembrar a ese cáncer social que ha llenado de luto a miles y miles de hogares mexicanos; que ha envenenado a miles de jóvenes sicarios, que matan por la paga o placer; a esos grupos que han salpicado de sangre las calles del país, no es una prioridad para el llamado gobierno de la Cuarta Transformación. Es más, está claro que son intocables. Hay que recordar el sitio a Culiacán, cuando se pretendió detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que puso a México a los ojos del mundo como un país de la impunidad y la connivencia con los capos de la droga. O el viaje a Badiraguato, Sinaloa.
Quienes han sido víctimas pues tanto de acciones criminales, asesinatos, secuestros o extorsiones, se asumen en la más absoluta indefensión. Lo hemos dicho en este espacio editorial: con el argumento de cuidar retenes sanitarios o de participar en acciones en esta emergencia sanitaria, las corporaciones estatales han dejado de cumplir con el papel que les corresponde en la seguridad ciudadana. Si acaso la Fiscalía General del Estado sigue dando golpes esporádicos a las bandas de criminales que merodean algunas regiones del estado, pero son los menos. El gobernador Alejandro Murat tiene clara la película de lo que pasa en materia de seguridad, no obstante, confía en que sus colaboradores hagan su trabajo.
