He dicho en este espacio que permitir que cualquiera sea candidato para un puesto público directo o de elección popular, no es democracia es irresponsabilidad. Sin embargo, así lo hizo Morena y ahora las consecuencias las padece el pueblo con Oswaldo García Jarquín como el peor presidente municipal que ha tenido Oaxaca de Juárez.
Es lo que sucede en este momento con este edil que, gracias al “efecto Peje”, alcanzó el gobierno de la capital. Cuando el Morena lo hizo su candidato y calculando el arrastre de AMLO en las pasadas elecciones, lo advertí en este espacio. Cuando se conoció el resultado de la elección que ganó este distinguido personaje ligado a la cleptomanía Gabinista, dije que había triunfado con todo y sus antecedentes de saqueador cuando fue director del sistema del Bachillerato por televisión. Dejó quebrada esta institución, sin embargo, lo hicieron candidato y el “pueblo bueno” votó por él.
Arrastrando un alud de críticas por sus alcaldadas, principalmente por su constante ausencia, la pandemia Coronavirus exhibió su irresponsabilidad y falta de tacto para hacer frente a la emergencia sanitaria. Se le hizo bolas el engrudo.
El foco de infección que es la Central de Abastos, luego el incendio de centenares de pequeños locales en ese lugar y su falta de capacidad para conciliar a los locatarios que no aceptaban la cuarentena, terminaron por chamuscarlo.
EDIL DESPÓTICO
Lo que expone crudamente, no solo la frivolidad e incompetencia de Oswaldo, sino su talante inhumano, es el trato para con su policía. A partir de la franca insubordinación que iniciaron ayer los uniformados con un plantón frente al palacio municipal, la credibilidad del edil cayó por los suelos.
Lo señalan como responsable del gran contagio entre la Policía municipal. Acusan que, al enviarlos a vigilar en lugares de alto riesgo de infección, sin equipo ni protección alguna, han muerto cuatro policías por Coronavirus; hay cinco hospitalizados y 149 están aislados por sospechosos de infección. Se quejan de la falta de experiencia como mandos policiacos de sus jefes Aquiles Sánchez y Marcos Fredy Hernández. Piden la destitución de ambos.
SE VEÍA VENIR
El desastre de este alcalde en el trato con sus policías, lo descubrí en mi entrega del 4 de mayo pasado. Un grupo de hoteleros denunciaron la treta del presidente García Jarquín para llevarse un dinero extra.
Se quejaron que, por encima del cierre obligatorio de los hoteles, el presidente municipal de la capital “nos está presionando para apoyar a su gobierno con donaciones de agua embotellada, cubre bocas, gel y demás implementos de protección sanitaria para sus policías y demás personal. Esto es injusto y más cuando sabemos que el Ayuntamiento dispone de presupuesto suficiente”.
Le negaron el apoyo por dos cosas: primero, porque los hoteles están cerrados y, segundo, porque el Ayuntamiento dispone de presupuesto suficiente máxime que no ha gastado el dinero etiquetado para los festejos del aniversario de la Ciudad que fueron suspendidos.
Al negarles el donativo, Oswaldo mandó a sus policías a la calle sin protección alguna y, por lo mismo, se están muriendo por lo que se han insubordinado.
Lo peor es que en las denuncias que están surgiendo en este momento, salen a relucir facturas por casi medio millón de pesos que el Ayuntamiento justifica como compras de cubre bocas y otros implementos que, a decir de los policías, no han recibido.
La copia de la factura dice que es “por la adquisición de máscaras anti polvo con correa elástica fija con banda nasal metálica ajustable para los elementos de seguridad pública con motivo de la contingencia Covid-19”. Los uniformados se preguntan ¿y dónde están?
EL SALTO DEL CHAPULÍN
Y ya que andamos en el tema de los presidentes municipales surgidos el partido Morena, vale comentar que el Instituto de Acceso a la Información Gubernamental, ha emplazado al edil de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, para que entregue información de cómo ha manejado el presupuesto destinado para obras sociales de esa demarcación.
Seguramente algo peliagudo ha de estar tratando de ocultar el que preside el Ayuntamiento de Santa Lucía porque en no pocas ocasiones, periodistas y personas interesadas en temas de corrupción pública, le han solicitado información sin obtener respuesta.
Acudieron al Instituto de Acceso a la Información Pública que, en su sesión ordinaria, ordenó al edil de marras que cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública y proporcione los datos que le solicitan. Está bien, lo raro de todo esto es que, aunque presidentes municipales y funcionarios públicos se nieguen, no hay precedentes de que el citado instituto les aplique sanciones severas, de acuerdo a sus atribuciones.
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