La Asociación Mexicana de Empresas de Energía Eólica (AMDEE) consideró que el amparo es la vía más corta para protegerse de las últimas determinaciones de la Secretaría de Energía (Sener) y que limita la operación de empresas del ramo en el país; tan sólo en Oaxaca operan 28 parques eólicos.
Los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila cuentan con la mayor cantidad de parques eólicos instalados con capacidad de producción anual de 7 mil 500 megawatts, reporta el organismo.
“Con este tipo de riesgos generados por la incertidumbre en el sector energético, es muy probable que no haya más proyectos eólicos y solares en los siguientes cuatro años”, advierte la AMDEE en un comunicado.
Lo anterior luego de que la Sener publicara un acuerdo que endurece la operación de nuevas centrales renovables con el objetivo de darle confiabilidad y orden al sistema eléctrico.
De igual manera, determinará cuáles son las centrales más confiables para despachar primero, considerando factores como la congestión en la red, incluso la distancia que hay entre cada planta, y no cuál es la energía más barata para despacharse a los usuarios finales.
La Asociación estimó que las empresas interpondrán los recursos de amparo de forma paulatina, y “no creo que haya muchos inversionistas viendo cuáles serán sus proyectos en 2021-2024, pues mientras no haya certidumbre no habrá lugar para inversiones adicionales”, destacó.
Para la AMDEE, el sector eólico ha crecido de manera sostenida, debido a que en los últimos 5 años se ha triplicado la capacidad instalada en energía eólica, al día de hoy con más de 6 mil 200 megawatts, instalados y operando.
“Más de una cuarta parte de la energía que consumimos proviene de fuentes limpias, esperamos que pueda crecer la penetración de fuentes renovables, hoy los estados como Oaxaca y la región de Tamaulipas, Nuevo león y Coahuila, representan entre 80 y 90 % de la capacidad instalada eólica en la República Mexicana”, estimó.
A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que el acuerdo es un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, pues los proyectos eléctricos renovables significan desembolsos por más de 30,000 millones de dólares.
Unas 169 plantas solares y eólicas serían impactadas por el acuerdo que aglutinan cerca de 78 mil empleos directos en manufactura, construcción, operación y mantenimiento.
No obstante, frenan directamente la operación de 28 parques eólicos y solares listos para comenzar sus actividades, además de 16 plantas en construcción con inversiones que superan los 6 mil 400 millones de dólares.
