“Con el agua hasta el cuello”, los empleados formales en Oaxaca tienen la urgencia de buscar alternativas para mantener su salario o, en caso de ser despedidos, contar con un soporte que les permita subsistir durante el periodo de crisis económica que la pandemia del coronavirus está desarrollando en México. Son 220 mil 700 personas las que cuentan con un trabajo formal en la entidad y que permanecen en la incertidumbre de si el hotel, el restaurante o la refresquera en la que laboran podrá mantener su empleo.
Ante este escenario, una pregunta que hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a responder aparece con fuerza ¿debe el gobierno aportar recursos para pagar el salario de empleados de la iniciativa privada?
Desde la iniciativa privada y el Poder Legislativo federal han surgido diversas propuestas que van desde la participación del gobierno en el pago de sueldos, hasta la entrega de apoyos directos a personas que hayan perdido su empleo o visto disminuidos sus ingresos durante la pandemia. Desde los diversos puntos coinciden en que las acciones del gobierno federal deben apresurarse y ser más amplias de lo que hasta ahora han sido.
“El agua empieza a llegar al cuello en muchas empresas”, señala Alejandro Sánchez Díaz, presidente en Oaxaca de la Coparmex, cuyas empresas en el estado generan alrededor de 5 mil empleos y a nivel nacional lanzó desde abril la propuesta de generar un salario solidario, es decir que el pago de nóminas se dé en coparticipación empresas-gobierno.
Para este plan alternativo, se requerirían 96 mil millones de pesos con lo que el gobierno ayudaría a mantener intactos los salarios de quienes ganan entre una y tres unidades de medida y actualización (UMA) y aportaría entre el 17 y el 40% de los que ganan más. Hasta ahora, la omisión del presidente ha sido la única respuesta.
¿Qué pasaría si la negativa del gobierno federal a participar en este esquema se mantiene?
“¿La principal consecuencia?, te pongo el ejemplo de las aerolíneas, algunas ya técnicamente en bancarrota, quien sufre en primer lugar es el trabajador que se queda sin una fuente de empleo. Aunque en México las leyes laborales protegen a los trabajadores en el sentido que son los primeros que cobrarían en una situación de esta envergadura, al final, lo que importa es que un trabajo especializado, como el de un piloto o una azafata, se perdería. Eso podría ocurrir en los siguientes eslabones de la cadena, hoteles, restaurantes, parques de diversiones, lugares de esparcimiento. Sería terrible no encontrar un plan B que diluya los efectos económicos adversos que están enfrentando las empresas”, señala Sánchez.
Los números de Oaxaca
Tan solo en Oaxaca, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó en marzo pasado a 221 mil trabajadores formales (la entidad la número nueve con menor fuerza laboral inscrita ante el instituto). La cifra de marzo es apenas inferior a la reportada en febrero, que fue de 222 mil 355 empleados.
El 76% de los trabajadores de Oaxaca afiliados al Seguro se encuentra en los cuatro rangos salariales más bajos, que van de una a cuatro UMAS máximo.
Son 4 mil 128 trabajadores quienes ganan menos de una UMA, que representa un salario mensual de 3 mil 748 pesos; 95 mil 198 trabajadores ganan dos UMAS, 5 mil 622 pesos; 45 mil ganan tres UMAS, 9 mil 370 pesos o menos; y 23 mil 302 gana de tres a cuatro UMAS, 13 mil 118 pesos. Para este rango de trabajadores, de acuerdo con la propuesta de Coparmex, se requeriría un presupuesto por 608 millones de pesos mensuales.
80% en la informalidad
Los trabajadores afiliados al Seguro Social son apenas dos de cada 10 en Oaxaca. En la entidad, en el cuarto trimestre de 2019, solo 40.2% de los trabajadores son asalariados, mientras 15.1% se encuentran subocupados -trabajan menos horas de las que pueden o desean-; 24.1% trabajan en condiciones críticas (ganando menos de lo que deberían por las horas ocupadas).
Estas personas, que también han visto afectado su ingreso por la contingencia, requieren alternativas distintas a la de la Coparmex y del Gobierno de la República. La diputada ciudadana Martha Tagle es promotora del ingreso básico vital, una propuesta que incluiría, tras la realización de un censo, hasta a 20 millones de personas que han perdido el empleo y que se mantienen al margen de los programas asistencialistas de la Cuarta Transformación. El apoyo que recibiría cada beneficiario por tres meses sería de 3,700 pesos.
“Me parece importante que los programas sociales continúen, hoy es el único ingreso con el que cuentan miles de personas, sin embargo hay muchas personas que no tienen apoyo gubernamental, son profesionistas, personas que tienen trabajo informal o que han perdido el empleo, nunca han tenido acceso a un programa porque no sufren de pobreza extrema, son mayores de edad o están estudiando pero requieren un ingreso”, asegura.
Si la excusa nuevamente es la falta de ingresos, la diputada señala que resulta fácil identificar programas de donde se pueden obtener los recursos. Primero, frenar el rescate de Petróleos Mexicanos, al cual se le etiquetaron para 2020 300 mil millones de pesos; segundo, la construcción de la refinería de Dos Bocas. “El presidente puede reconocer que el periodo de inactividad le permitiría contar con recursos que se pueden liberar para este tipo de programas porque no están operando”, señala.
Esta propuesta es defendida en la Cámara de Diputados federal por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, y se ha pronunciado a favor Porfirio Muñoz Ledo. Hasta ahora no se ha aprobado.
