Como caso excepcional, México, enfrenta la pandemia en dos vías, la sanitaria y la diaria información estadística de origen matemático que muestran su evolución, en etapas, pico, aplanamiento y posible fecha de declive, para marcar a su vez el atemperamiento de las medidas restrictivas de actividades no esenciales siempre sujetas a que la población observe la permanencia en casa, el uso del tapabocas, lavado de manos como eje para incrementar el espacio de las libertades restringidas; información que es cuestionada por otras que contraría la oficial.
Los diversos cuestionamientos e informaciones en medios de comunicación extranjera fusionadas a las de redes sociales, las opiniones de comunicadores de los medios televisivos del país, aún con diversos intereses políticos o económicos, han propiciado una corriente de sentir que tiene como elemento común desacreditar los discursos diarios del presidente López Obrador y las acciones relacionadas con los temas de salud y económicas que se anuncian frente a la actual realidad del país.
La parte que interesa, de acuerdo con mi opinión, es que el Derecho Humano a la salud pública se utilice como ingrediente político para ensanchar la división de los sectores sociales, con un efecto de tres bandas que en paralelo inducen el debilitamiento de la institución presidencial, la falta de legitimidad del poder que se ejerce monolíticamente en el congreso y la mayoría de legislaturas locales; el fortalecimiento de una sólida oposición en contra de la actual administración federal que se enfoca en la necesidad de que el ciudadano busque un equilibrio democrático del ejercicio del poder a partir de la eleccion de diputados, tanto federales como locales, ante la realidad que vive hoy la ciudadanía, desemejante a la prometida y que se observa será difícil de cambiar en cuatro años.
El tema se ahonda pues el Presidente López Obrador lejos de buscar fórmulas conciliatorias con los diversos sectores involucrados acentúa su crítica desacreditándolos como defensores del neoliberalismo, conservadores o contrarios a su gobierno lo cual me parece que poco ayuda a una población desgarrada por la pandemia que ha provocado la muerte de muchas personas, daño económico profundo, pérdida de empleos, pobreza y sin expectativas positivas para el futuro.
El uso político del poder hecho gobierno parece que hace perder el rumbo democrático del Estado de Derecho Mexicano cimentado en la Constitución, en los derechos humanos que incluyen los de la manifestación de ideas, el respeto a la opinión vertida por los comentaristas en los medios hablados, escritos o en redes, ejercido dentro del ámbito que implica la libertad de expresión, mismos que se percibe, en los hechos censurada como en los caso de Carlos Loret de Mola, Denisse Dresser, brozo entre otros que fueron separados de los espacios televisivos por sus opiniones.
Denisse Dresser cuestionó al presidente López Obrador sobre su apoyo a una iniciativa de la fiscalía general de la República mediante la cual, a juicio de la comentarista, se anula la libertad de expresión al pretender penalizarse; además criticó la resolución de la autoridad judicial que condenó a Sergio Aguayo al pago del daño moral por diez millones de pesos a Moreira consecuencia de una publicación que hizo en la que se cita a Humberto Moreira, como un forma de presionar a los comentaristas con lo cual se afecta la libertad de expresión y manifestación porque se trata de personas que por el cargo que desempeñan este es de interés público que está sujeto al escrutinio de la ciudadanía. El presidente precisó no apoyará una legislación que penalice la libertad de expresión.
La Constitución Federal tutela la manifestación de las ideas al determinar que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; así como la obligación a cargo de estado de garantizarlo.
En este ámbito la percepción es que todo el sistema federal mexicano como forma de organización en el cual el gobierno se sustenta formalmente en la división del ejercicio del poder, se encuentra también contaminado por una operatividad que contraria los principios que lo rigen el el nivel institucional como se advierte de la centralización del mismo constituido en motivo de fractura, del gobierno, con los sectores social, económico, político y comunicadores que parece irreparable.
Son visibles algunos vacíos en la administración del presidente López Obrador como son la ausencia notoria de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero cuya responsabilidad o la del todo el gabinete paso a manos de Marcelo Ebrard como figura intermedia entre las expresiones duras del ejecutivo, y los gobernados mediante un manejo más ligero de la información; la del secretario de seguridad pública esencial en esta pandemia que ha sido borrado por las fuerzas armadas; la del asesor económico de la presidencia, entre otros, como señal también de que las facultades de la administración se cierran aun más, lo que constituye un mal síntoma del manejo de los intereses del pueblo que están instaurando un entorno de autoritarismo y represión disimulada, lo cual es peligroso.
Existen algunas trincheras que defienden la autonomía de las entidades como son los gobernadores que han asumido de manera responsable sus facultades dentro del campo de la autonomía constitucional en cuanto a su régimen interno como autoridades cabeza de la cuestión sanitaria, estas posiciones rescatan algo del manejo operativo desviado del régimen Federal Mexicano.
Desde luego este enfoque lo formulo desde la experiencia que nos está dejando la pandemia como un mal paralelo y que muestra objetivamente que en México cambian los hombres y las facciones, pero en el fondo se mantiene una práctica común que es la detentación del imperio para restringir libertades mediante el control de los recursos públicos y de las sanciones.
Este mal al igual que el coronavirus debe ser erradicado para que México no solo vuelva a una realidad de convivencia diferente e igualitaria, sino a exigir reformas constitucionales que nos garanticen a los gobernados el control efectivo del ejercicio de los tres poderes en los tres niveles de gobierno para evitar los excesos meta-constitucionales. El juicio de amparo ha sido rebasado por el poder.
La epidemia constitucional e institucional es real y la vivimos desde hace más de ochenta años no hemos encontrado la vacuna.
