No obstante, el gravísimo riesgo que existe en la entidad, de proliferación de contagios e posibles internamientos hospitalarios, que a tiempo han anunciado en los Servicios de Salud en Oaxaca (SSO), hay aún una gran resistencia para seguirlos al pie de la letra. La semana pasada un diario de la capital del país difundió la realización de un torneo de fútbol, al que se le denominó Covid-19. El viernes trascendió que una regidora del municipio de Santa María Atzompa, había celebrado su cumpleaños con una comida, a la que asistieron más de 50 personas. Si hemos escuchado a los especialistas afirmar que la sana distancia se tiene que prolongar y que cuando la pandemia pase, nada será lo mismo, desde el punto de vista de la salud o la economía, ¿a qué pues la terquedad de insistir en seguir violando los protocolos de quedarse en casa o la sana distancia? No hay que olvidar que la ciudad de Oaxaca y los Valles Centrales, son los que más casos positivos han registrado en los últimos días.
Al paso que vamos, nada sería más acertado de parte de las autoridades que imponer ciertas medidas punitivas para obligar a la ciudadanía, que no tenga justificación alguna para estar en la calle, en mercados o parques, a retirarse a sus domicilios particulares. No es de sorprenderse que haya cientos y cientos de vehículos circulando por calles y carreteras. Es cierto –como hemos dicho- habrá miles más que tengan necesidad apremiante de salir a trabajar. Nadie los puede obligar a hacer algo contrario a ganarse la vida decorosamente. Ello lo reconoció hace más de una semana, el Subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, al afirmar que el confinamiento generalizado no será posible en México. Sin embargo, las autoridades pueden contribuir a que la pandemia no siga su carrera mortal, dotando a la ciudadanía de cubre-bocas y obligándola a usarlos cuando tenga que salir a la calle.
La prohibición de torneos, fiestas o concentraciones masivas de más de cincuenta personas, deben ser sancionadas conforme a derecho. Esto no es un juego ni estamos en casa por conveniencia de las autoridades sino por una imperiosa necesidad. Por lo pronto, tanto el Municipio de Oaxaca de Juárez, como las autoridades sanitarias federales, estatales y municipales, han hecho su trabajo en las labores de limpieza y desinfección de lugares públicos, como el Mercado de Abasto, el Zócalo y otros.
Covid-19 y medidas cautelares
La pregunta es elemental: ¿y las sobadas medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a los supuestos “desplazados” de la etnia triqui, son un certificado de inmunidad para el coronavirus que hoy azota al país y al mundo? Las absurdas y cuestionadas medidas, severamente criticadas por gobierno y ciudadanos, desde hace mucho tiempo debieron haber sido retiradas. Nadie concibe que, al amparo de las mismas, un grupo minoritario de indígenas se haya apropiado desde hace diez años de un espacio público, del que no se les puede retirar o desalojar, precisamente porque cuentan con las citadas medidas cautelares. Tres grupos que no suman ni treinta indígenas cautelados, hicieron de los pasillos del palacio de gobierno, un paso obligado de miles de citadinos que circulan por el Centro Histórico, su hotel, cocina, dormitorio y centro de negocios.
Es increíble que luego de las labores de aseo y fumigación que recientemente hicieron autoridades sanitarias, del municipio de Oaxaca de Juárez, fuerzas policiales y el H. Cuerpo de Bomberos, del zócalo y calles aledañas del corazón de la capital, los únicos que se han mantenido inamovibles son los triquis. Y es que –insistimos- ya hicieron de dicho espacio su propiedad privada. Las veces que la Policía Estatal o Municipal han intentado desalojarlos, se han encontrado con indígenas y dirigentes beligerantes que, además, tienen a sus propios trolls y golpeadores. Es el caso de Lorena Merino, la más beligerante de los tres que mantienen el control de los que se han adueñado de los citados pasillos del palacio de gobierno, entre ellos, Reyna y Jesús Martínez. Todos ellos perviven, además, del dinero y las despensas que les otorga el gobierno estatal, tal como lo establecen las abominables medidas cautelares.
Lo que hoy está en tela de juicio es que estamos en una etapa difícil de la contingencia sanitaria, mientras dicho grupo reducido de indígenas triquis, incluyendo mujeres y niños, viven en un pequeño espacio público, hacinados y en total promiscuidad, además, sin hacer el aseo y en total indefensión ante las infecciones o enfermedades. Es necesario que el gobierno de Alejandro Murat vaya solicitando a la CIDH la cancelación de las referidas medidas cautelares, totalmente arbitrarias y obsoletas que, además constituyen, una afrenta a los derechos civiles de miles de citadinos que exigen el rescate del multicitado espacio ciudadano.
