Primero, la improvisación. No es lo mismo ser agitador social que ocupar un puesto en la administración pública donde se requiere experiencia y dedicación. La honestidad, definitivamente, la borraron de la función pública los de la “mafia del poder” y hacen lo mismo los de la 4T.
Segundo, creer que los puestos políticos son para cuestiones banales es un craso error. Sin embargo, así lo hacen muchos morenistas que, elevados por el efecto AMLO, hoy ocupan puestos políticos relevantes.
Con estos apegos se transformaron los altos funcionarios del INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) que encabeza el mixe Adelfo Regino Montes. De repente, alentados por su encumbramiento, se dedicaron a “cazar” a las mujeres mixes más bonitas para subir sus imágenes a las redes sociales. Así nació, entre los indígenas, una novedosa aplicación: El “etnoporno”.
Así lo describe la revista Proceso donde revelan que el jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, Rolando Vásquez Pérez fue cesado del cargo federal. Lo que dicen las ofendidas es que se asumió como chivo expiatorio para salvar a su jefe Adelfo Regino Montes. Como titular de ese instituto, este debería ser el principal sancionado por tolerar -¿O fue partícipe?- que desde instalaciones del INPI se practicara el etnoporno que, según describe Proceso, “es pornografía basada en mostrar imágenes eróticas de mujeres y niñas indígenas”.
Al detonar el escándalo por denuncia de una de las jóvenes cuya imagen aparecía en esa red de etnoporno, el funcionario Rolando Vásquez fue vinculado a proceso acusado de difundir fotografías eróticas de mujeres de la etnia Mixe a través de redes sociales.
En un grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”, el cual cuenta con poco más de 100 integrantes, se descubrió esta práctica entre funcionarios federales y de Oaxaca. Algunos de ellos son Donato Vargas, excandidato a diputado local del Morena por la región Mixe; Juan Eliel Hernández, líder de grupos de desplazados de la Sierra Norte; Rolando Vásquez Pérez, alto funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otros.
Al primero que pidieron la renuncia fue a Rolando al comprobarse que había difundido varias fotografías en el chat, entre ellas la de la feminista Sandra Domínguez.
Flaco favor el de autoridades municipales de Tamazulapam del Espíritu Santo, al tratar de defender a Rolando mediante un comunicado en el que avalaban su conducta como un funcionario que “se ha conducido con cordura, legalidad, honorabilidad y respeto”. Las denunciantes los señalaron como cómplices.
Aunque grupos de feministas señalan que el director del INPI, Adelfo Regino, se ha mostrado indiferente ante el escándalo en abierta complacencia a su subalterno al que él mismo llevó al puesto, este dice que “estoy atendiendo la denuncia”. Adelfo quien aún apareció al lado del presidente AMLO en su reciente gira por Oaxaca, se publicitaba como hipotético candidato del Morena para gobernador del estado.
ASÍ NACIÓ EL NEGOCIO
Ni la fase dos de la alerta por la pandemia del Coronavirus detiene al dueño del llamado Comité para la Defensa del Pueblo (CODEP) Samuel Hernández. Insiste en desquiciar la ciudad como medida de presión para que el gobierno le autorice su “techo financiero” de 50 millones de pesos para supuestas obras sociales en Tlaxiaco y otros pueblos de la Mixteca.
En cuatro lujosos autobuses que nadie sabe quién paga, trajo más campesinos a los que instaló en el zócalo donde su calidad humana se reduce más entre las cloacas destapadas, olores nauseabundos, expuestos a todo tipo de contagios, no solo del Coronavirus.
El CODEP es una organización beligerante que nació en Tlaxiaco donde incitados por su primer dirigente Raúl Gatica, arremetieron contra las fuerzas de seguridad en 1996 al unísono con el ataque armado perpetrado por el EPR en Huatulco.
Esta organización era entonces de Raúl Gatica un temerario profesor dirigente del cartel 22 donde puso en práctica sus efectivas estrategias de chantaje político.
Del que más dinero obtuvieron fue del gobernador Ulises Ruiz a quien pusieron contra la pared en el 2006. En los plantones cada mes de mayo, los capos de la 22 obtenían del gobierno todo cuanto pedían. Cada año, con el Secretario General de Gobierno, Jorge Franco, negociaban unos 17 millones de pesos para levantar el plantón. En el 2006, con la ciudad literalmente incendiada, esa cifra se elevó a 120 millones de pesos. Una cantidad bárbara de dinero público para enriquecer a los “democráticos” líderes. De allí aprendieron los que hoy manejan CODEP.
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