Un asunto tenebroso
Desde hace años, en este diario, abordamos en tema de la Presa “Rompepicos”, ubicada en el norte de la ciudad, la cual se vio inmersa en un escándalo respecto a su propiedad. Se sabe, según datos históricos, que dicha presa y el predio en que se encontraba ubicada fue propiedad del gobierno federal. Sin embargo, de la noche a la mañana le salieron dueños, quienes han recurrido a una serie de artilugios legales para acreditarse dicha propiedad. En los años setenta funcionó como tal. No obstante, de un día para otro fue cerrada y el predio fue otorgado en préstamo a un club infantil de béisbol. Muchos recuerdan que la cortina tenía encima grabado el nombre de lo que era en ese entonces, la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Hace unos pocos años, el tema se reabrió a raíz de las inundaciones que padeció el norte de la ciudad, habida cuenta de que la referida presa, era un dique para contener las corrientes violentas del Río San Felipe.
Pese a las sentencias del Poder Judicial de la Federación y de amparos ganados, presuntamente por el gobierno, legítimo propietario del predio ya señalado, los supuestos propietarios, amparados por maniobras oscuras insisten en mantener cercado el citado lugar. Se trata de un asunto complejo, habida cuenta de que ya se acerca el tiempo de lluvias y de mantenerse cerrado podría ocasionar, de nueva cuenta, situaciones de emergencia. La presa “Rompepicos”, según sus promotores de antaño, fue construida para evitar que las corrientes que provienen de los afluentes del norte se volcaran sobre calles, avenidas y casas de las colonias de esa zona. No hay que olvidar que en años anteriores colonias como La Cascada, la Reforma, Xochimilco y otras, han resentido los efectos de las corrientes, justamente porque no existe una contención para las mismas.
En opinión de este diario, ya es tiempo que las autoridades, nos referimos a los tres órdenes de gobierno, asuman una actitud enérgica al respecto. En principio, recoger la memoria histórica de dicho predio y evitar que intereses particulares asuman la propiedad de algo que no les corresponde. Pero, además, se trata de un bien público, cuyo objetivo es evitar siniestros. Es urgente que a los presuntos propietarios se les pongan un alto e investigar de dónde salió esa sospechosa propiedad, porque todo mundo recuerda que la presa y el predio, siempre fueron de la Federación.
Justicia, demanda común
Nunca como hoy, se ha puesto en el meollo de la agenda política, el tema de la justicia, sobre todo en el caso de la violencia de género, que ha derivado en asesinatos y feminicidios. Oaxaca se ha ubicado –ya lo hemos comentado en este espacio editorial- como la tercera entidad del país en donde se cometen más estos ilícitos. Lo grave es que, de una estadística creciente, son muy pocos los que llegan a sentencia. Hay crímenes aberrantes, como el de una pequeña que fue abusada y después sacrificada en Zaachila. Otros casos llevan años de estar en manos de la Fiscalía General del Estado, sin que los autores materiales o intelectuales sean detenidos. La justificación es que no hay recursos para movilizar a los agentes de investigación y proceder a hacer efectivas las órdenes de aprehensión que gira el juez.
Familias de mujeres que han sido asesinadas por esposos, amantes o novios, incluso desde hace siete u ocho años, siguen esperando que se les haga justicia a sus hijas o hermanas que descansan para siempre. La falta de consistencia en las carpetas de investigación y el soslayo con el que se ha visto este tema tan delicado, ha provocado una aberrante impunidad. Los jueces, justificándose de que se faltó al debido proceso o determinado fallo en la integración, liberan a los inculpados. Y a veces lo hacen dejando entrever la sospecha de colusión o corrupción en la impartición de justicia. Es el caso de una mujer que participó en el homicidio de Leslie, ocurrido el 19 de noviembre de 2011. Fue detenida y liberada por el juez, una madrugada, justo cuando por un “puente largo”, juzgados y tribunal habían entrado en receso. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia rectificó y ordenó su nueva aprehensión. La procesada y luego liberada está prófuga, igual que otros tres implicados más.
Miles de mujeres, madres esposas e hijas han participado en marchas, manifestaciones y protestas para el tema de los feminicidios y llamar la atención de las autoridades para endurecer penas o disponer la fuerza del Estado para dar con los criminales. Pero no han sido suficientes. Ya vimos que, para el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, es más importante la venta de “cachitos” de lotería para la rifa del avión presidencial, que la violencia de género. De ese tamaño es la apatía de las autoridades y el abandono de un tema lacerante para la sociedad.
