El domingo 16 de febrero por la noche, trascendió el asesinato de tres jóvenes, menores de edad, presuntamente estudiantes de la Telesecundaria de Santa María Cortijos. Fueron baleados por desconocidos en Llano Grande, de la misma municipalidad. No es algo común que tres adolescentes sean acribillados, así como así. El lunes siguiente por la mañana, en la periferia de la capital oaxaqueña, desconocidos asesinaron con armas de grueso calibre a Evodio García Hernández, hermano de Juvenal de los mismos apellidos y presidente municipal de San Sebastián Río Hondo, distrito de Miahuatlán. Los primeros informes revelan que el edil habría estado presente en el lugar de los hechos, haciendo crecer la expectativa si el ataque estuvo dirigido a él o a su consanguíneo. A los dos días se dieron dos hechos: un sujeto de oficio albañil, fue sacado por desconocidos de su domicilio en Tuxtepec, quienes le dispararon en el rostro, al menos 15 veces. Al mediodía, un activista, Modesto Valencia, fue ejecutado de la comunidad limítrofe con Chiapas, Chahuites.
Unos días antes, un joven que conducía su motocicleta fue acribillado por desconocidos en el tramo carretero Lagunas-Matías Romero. El cadáver quedó tirado a la orilla de dicha vía carretera, en tanto que en Huajuapan de León se suscitó otro hecho de sangre. El recuento pues sólo de una semana es preocupante. Es evidente que no se han tomado las medidas de prevención necesarias para evitar que la ola criminal que nos ha afectado en los últimos tiempos, siga diezmando a la ciudadanía. En las dos últimas semanas, después de que el gobernador Alejandro Murat y su homólogo de Veracruz, Cuitláhuac García firmaran el acuerdo para mantener la paz y la tranquilidad en la zona de la Cuenca del Papaloapan, lo que dio lugar al despliegue de al menos ocho mil elementos policiales, de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, tal parece que el índice de criminalidad no se ha reducido. Es más, el sábado pasado un grupo criminal sembró el terror en Tuxtepec.
La seguridad es, justamente, la petición de los grupos empresariales y de la sociedad civil: reforzar los mecanismos de vigilancia; que las autoridades hagan presencia y no dejar a la ciudadanía en la indefensión, ante los embates de los grupos criminales que se han asentado en esa rica zona del estado. Hacen falta estrategias eficaces y enérgicas para que este clima de inseguridad que a menudo denunciamos, aminore. Sabemos que no es tarea fácil. También es urgente crear entre la ciudadanía la cultura de la denuncia.
Migración mortal
No obstante, las sobadas políticas emprendidas por los gobiernos neoliberales para el combate a la pobreza; no obstante, la búsqueda de culpables en el pasado y lavarse las manos del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, hogares mexicanos y oaxaqueños siguen llenándose de luto ante la muerte de aquellos que, huyendo de la pobreza y buscando una mejor vida, atraviesan la frontera con Estados Unidos para encontrar la muerte. La semana pasada movió a la conciencia ciudadana –que no a las autoridades- la muerte de tres hermanas originarias de la agencia “El Jicaral”, municipio de Coicoyán de las Flores, que murieron por hipotermia en una zona de California, en donde los efectos del invierno son letales. La migración ilegal a los Estados Unidos sigue, no obstante, las medidas impuestas por el gobierno del vecino país.
La comunidad mencionada continúa en el mapa de pobreza extrema como otras comunidades oaxaqueñas, abandonadas a su suerte y sin el apoyo de los gobiernos federal y estatal. Lo hemos dicho: en la actual administración no hay programas sociales que contemplen siquiera darle a nuestra gente esperanzas. Es esa falta de apoyos que arraiguen a la ciudadanía a sus comunidades lo que hace que busquen, a costa de su propia vida, abandonar hogar, familia y el terruño, en pos de una aventura de la que muchas veces retornan en un frío ataúd. Lo peor es que estando en la miseria, la familia aún tiene cubrir el traslado de los cuerpos inertes que son encontrados abandonados, por la Patrulla Fronteriza. Es cierto, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), apoya la repatriación, aunque se dice que su presupuesto es limitado, tal como ocurrió con el joven ingeniero en aeronáutica que fue asesinado en Canadá en diciembre. Amigos y familiares tuvieron que juntar los 10 mil dólares que costó traer el cadáver.
Mientras en el gobierno federal y su contraparte estatal no se instrumenten los mecanismos necesarios para arraigar a la gente a sus tierras y comunidades, seguiremos lamentando con tristeza este tipo de desenlaces dolorosos. La búsqueda del “sueño americano” y el espejismo de una vida mejor, continuará en los sueños y esperanzas de miles y miles de mexicanos y de oaxaqueños, que seguirán dejando sus hogares para marcharse. Más aún si viven en comunidades miserables tan lejos de Dios como del gobierno.
