De muy poco han servido las campañas masivas de difusión en torno al viejo eslogan de: “regale afecto, no lo compre”. La fiebre publicitaria sigue penetrando hasta los rincones más remotos de la geografía nacional y estatal. Hoy, que se celebra el tradicional “Día de San Valentín” o también llamado “Día del Amor y la Amistad”, los patrones de consumo son más que evidentes. Las tarjetas de crédito estarán a todo vapor en las tiendas de autoservicio, si no es que ya lo estuvieron en días previos. Lo mismo en restaurantes que en hoteles. Por el lado que quiera verse, no obstante, los serios problemas económicos que pudieran tener muchos, la compra-venta de regalos, bienes suntuarios, innecesarios y onerosos, estarán como en períodos de bonanza. Es cierto, vivimos en un país de libertades y cada quien puede hacer lo que le plazca.
La fecha, ciertamente, es de festejo generalizado. Lo mismo en universidades que en colegios de educación básica, maestros y alumnos se involucran en tardeadas, kermesses, bailongos y otros. Los convivios para festejar este acontecimiento se han generalizado por doquier. En restaurantes y antros no habrá lugar disponible. Estarán saturados, lo que habrá de beneficiar al comercio y a la prestación de servicios. Un alivio a la economía local, tan afectada por bloqueos y protestas, como la del comercio en el Centro Histórico, tan lacerada además por el ambulantaje que ha tomado ya carta de posesión de nuestras principales calles en esa zona de la ciudad. Hay que subrayar que, salvo en las noches cuando bares y cantinas están a todo lo que dan, los negocios que ahí están establecidos registran pocos clientes. Los consumidores potenciales acuden a las plazas o centros comerciales y no a las tiendas tradicionales.
En una labor corresponsable, más allá del paternalismo de quienes piensan que todo, todo, lo resolverán los gobiernos federal, estatal o municipal, bien haría el comercio organizado, aprovechando estas fiestas, de llevar a cabo campañas para estimular entre la ciudadanía el deseo de acudir al Centro Histórico. No sería una labor ociosa. Tampoco innecesaria. Hay que subrayar que, desde hace al menos 10 años, el zócalo y las principales calles del Centro de la ciudad han estado secuestradas por gente que protesta, por indígenas que se asumen desplazados y por vivales que controlan el comercio en la vía pública. Sería un aliciente para quienes pagan impuestos y sobreviven de milagro, en medio de la competencia desleal.
El camino de la impunidad
Del tema ya hemos comentado en estos espacios editoriales. Es impresionante el activismo político de algunos actores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para liberar a algunos de sus correligionarios que han sido detenidos como presuntos responsables de diversos delitos. Es el caso ya conocido del fallecido edil de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García y ahora el de Víctor Manuel Ramírez, quien ha sido ubicado como presunto sicario al servicio del presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales. El cargo que la Fiscalía General del Estado tiene sobre el aludido es el asesinato de Balam Toledo, quien fuera empleado del ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, que recibió un disparo en una protesta en contra de la presidenta municipal de dicha comunidad, en marzo de 2019. Además, le han ubicado otros ilícitos en los que habría participado, como son toma de carreteras y robo de combustible, entre algunos en los que el aludido habría participado.
Sin embargo, desde que fue detenido se inició una burda defensa, oficiosa podíamos decir, de parte de algunos legisladores tanto de la Cámara alta como del Congreso local, incluso de ciertos ediles, leales al senador Salomón Jara que, parece querer sentar su plataforma política sobre cimientos endebles, es decir, sobre bases presuntamente delictivas. En esa defensa han pedido incluso la renuncia de funcionarios del gobierno estatal e incluso, de servidores públicos que se rigen por otro estatuto, es el caso del Fiscal General del Estado. Ha trascendido que, en el Congreso del Estado, legisladores (as) de Morena, ya preparan el punto de acuerdo para una virtual renuncia de ciertos funcionarios que por sus actuaciones judiciales ya les son incómodos.
Ante este escenario, las autoridades judiciales deben ponerse en alerta, sobre todo la Fiscalía General del Estado. Recién pasó un hecho bochornoso, que es el caso del presidente municipal de Santiago Yaitepec, Roberto Salinas, quien fue detenido con gravísimos cargos, como homicidio y formar un grupo paramilitar, para ser liberado luego de toma de carreteras y chantaje, con cargos menores. Esta situación deja mucho qué desear de nuestro sistema de procuración y administración de justicia, porque de ninguna manera y circunstancia debe ponerse a la justicia y a la ley, bajo la tutela de la política.
