En Oaxaca ya no se puede proceder legalmente en contra de quienes han incurrido en delitos, algunos de ellos graves, sin que salten de inmediato los defensores oficiosos, sobre todo cuando se trata de sacar la cara por sus correligionarios del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). A la cabeza de dicho grupo de defensa está el senador Salomón Jara. Esta acción quedó de manifiesto cuando a fines de octubre de 2019, fue detenido durante un cateo en San Felipe Jalapa de Díaz, quien fuera edil de dicha población, Arturo García Velásquez. Legisladores y dirigentes indignados, convocaron a rueda de prensa para acusar persecución política y acoso a sus correligionarios. Es más, pidieron la destitución del Fiscal General del Estado, a quien señalaron como principal instigador de esta escalada en contra de los morenistas. El juez de Control desestimó las pruebas y liberó al detenido, con certeza más por la presión política que por no haber hallado pruebas en su contra. Muy poco tardó el edil en libertad. El 23 de diciembre fue ejecutado, junto con el Síndico municipal en la comunidad que gobernaba.
La semana anterior fue detenido Víctor Manuel R. J., conocido como “El Galletas”, ubicado como sicario de un presidente municipal de la zona istmeña e integrante de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO). Dicho organismo es plataforma política del senador Salomón Jara, del que forman parte sus leales en la región. El cargo que se le acuña al detenido es el asesinato de Balam Eduardo T.C., en una protesta que se llevó a cabo en el mes de marzo de 2019, en el centro de la población de Santo Domingo Tehuantepec. El aludido ha sido investigado, asimismo, por delitos como extorsión y algunos vinculados con el robo de hidrocarburos. Pues bien, sin haberse agotado las audiencias y darle la oportunidad al juez de analizar el expediente, los mismos defensores oficiosos han sacado ya la cabeza con el mismo argumento: el uso tendencioso de la justicia para arremeter en contra de militantes de MORENA.
Queda en evidencia pues, que los órganos de justicia en Oaxaca estarán en breve, acotados y supeditados a la presión de dichos personajes, los cuales quieren alentar en la entidad, un clima de impunidad y sesgos judiciales. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia, quienes procuran e imparten justicia, deben evitar que la ley se politice y se haga un lado para que pase el chantaje de legisladores oficiosos y cómplices de quien quebranta la ley.
Información tendenciosa
Las redes sociales se han convertido no sólo en el boom mediático, pues dan a conocer los hechos en tiempo real, es decir, casi en el momento en que ocurren, sino también en un vertedero de verdades a medias, información sesgada y datos tendenciosos. Lo grave es que hay quienes toman las cosas al pie de letra sin reparar en que muchas veces obedecen a intereses particulares de aquellos que acomodan la realidad a su conveniencia. En otras ocasiones se dan por hechos acontecimientos que no ocurrieron en el momento, sino años atrás. Es el ejemplo de un autobús de conocida línea que circula en la entidad, supuestamente volcado en la carretera 190, Oaxaca-Tehuantepec, con el saldo de una persona fallecida, cuando ello ocurrió hace mucho tiempo. Hay expertos en crear falsas expectativas, en difundir información dolosa y preñada de perversidad. Los hay que pretenden desacreditar a alguien y utilizan las redes sociales para tal fin. Cuestión de que las autoridades policiales, que tienen sus áreas de delitos cibernéticos investiguen, pero también que la Legislatura local proponga reformas al Código Penal, para sancionar dichas conductas.
Por ejemplo, el viernes de la semana pasada circuló en las redes la noticia de que en la Colonia “Los Cedros”, en San Juan Bautista Tuxtepec, un grupo de vecinos habían detenido a elementos de la Policía Estatal, por haber despojado a varias personas de sus teléfonos móviles, además de que se encontraban en estado de ebriedad. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), informó el pasado sábado que, los elementos señalados realizaban un patrullaje de rutina en dicha comunidad, momento en el cual una mujer les solicitó el apoyo, argumentando que un hombre, a quien identificó como su ex pareja sentimental, la había agredido físicamente momentos antes, razón por la cual, los uniformados procedieron a brindarle el apoyo como lo marcan los protocolos.
Sin embargo, el presunto agresor, al ver el arribo de los elementos estatales, solicitó la ayuda de sus familiares, quienes a su vez llamaron al resto de la comunidad, resultando retenidos tres elementos, los cuales fueron liberados horas más tarde y entregados a un fiscal de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca. En torno al señalamiento de que los elementos se encontraban en ebriedad, el asunto fue descartado luego de que les fueran practicados los exámenes correspondientes.
