Como ya es común, el domingo pasado, dirigentes y militantes del Movimiento de Unificación y la Lucha Triqui (MULT), fundado por el desaparecido, Heriberto Pazos Ortiz y hoy dirigido por Rufino Merino Zaragoza, realizó su marcha ordenada de Mercado Zonal de Santa Rosa al zócalo de la capital. Fueron recibidos por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a quien entregaron su “pliego de peticiones”, que contiene la petición de paz y desarrollo para la región triqui, una zona que, como todo mundo sabe, ha estado permeada por la violencia entre el mismo grupo étnico, lo que hemos calificado como un caso inédito de exterminio inter-étnico. El MULT, no es una excepción, es una de las organizaciones que pervive del apoyo gubernamental y se ha convertido, igual que otros, en mecanismos de presión.
El pasado martes marchó de la Fuente de “Las Ocho Regiones” al centro de la ciudad su similar, aunque en los hechos, adversario del primero: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), con exigencias similares. Los dos grupos han tenido una historia común de violencia y muerte. Desde hace al menos dos décadas, los asesinatos y desaparición de personas ha sido algo común. La lucha por la supremacía ha sido el motor principal de esa lucha enconada. Los casos de dos hermanas que desaparecieron sin dejar rastro y luego el de dos locutoras de la estación comunitaria, “La Voz que Rompe el Silencio”, hace algunos años se inscribe en este clima de disputa y poderío. La dinámica es ésta: hombre, mujer, niños o ancianos, todos por igual, son destinatarios de las vendettas y ajustes de cuentas, en los desolados caminos de la región triqui.
Amén de los referidos MULT y MULTI, éste escisión del primero, existe la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), franquicia de Fabián Pereda, conocido como “El Calaco”, que conforma la tríada que controla prácticamente a los miembros de esta etnia. Al último le han dado un perfil priista, pero ello no le ha quitado ser una organización violenta, involucrada no pocas veces en ilícitos graves. Las denuncias de crear un clima de ingobernabilidad y crimen han sido abundantes. Sin embargo, las tres han encontrado interlocución en el gobierno estatal, presto a atender sus demandas de obras de infraestructura, salud, educación y vivienda. La etnia triqui, hay que decirlo sin cortapisas, es un grupo que vive eternamente de la presión y el chantaje.
¿Y la Ley de Adquisiciones?
Contratar bienes o servicios, sin agotar la normatividad vigente en la materia, es decir, violentando la Ley de Adquisiciones, ciertamente es estar en contra de las políticas anti-corrupción y, por tanto, incurriendo en un delito. Ninguna dependencia, cuando se trata de ciertos montos, debe llevar a cabo la convocatoria para la licitación pública correspondiente. Si el titular opta por hacerlo por asignación directa o por invitación restringida, debe ser denunciado ante los organismos competentes, en este caso, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Esto viene a colación de la serie de denuncias que ha hecho la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción-Delegación Oaxaca, de que dependencias como la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) y sus organismos sectorizados, han beneficiado de manera directa a ciertas empresas, dejando que la industria local camine hacia la quiebra.
Es evidente que detrás de todo ello va el favoritismo. Hay que subrayar que la antes pujante industria local de la construcción cayó en un bache desde la administración de Gabino Cué (2010-2016), de la que no ha podido recuperarse, teniendo efectos colaterales en empleo y carestía. Recordemos que en dicha administración fueron beneficiadas sólo tres o cuatro grandes empresas originarias de Guadalajara, Jalisco y Puebla. Se les otorgaron la mayoría de las obras relevantes del gobierno, no así al directorio de decenas de empresas oaxaqueñas a las que se les otorgaron sólo minucias. No obstante, las denuncias, la colusión de ex funcionarios públicos con estas prácticas corruptas y el evidente beneficio por el tráfico de influencias y conflicto de intereses, jamás se procedió penalmente. Lo grave es que pareciera que estamos en una situación similar.
La reiterada denuncia de miembros de la CMIC debe ser atendida por el gobierno estatal. Es evidente que no hay obras de relevancia, que no existen proyectos viables que se hayan llevado a cabo o se han quedado sólo como proyectos, pero ello en nada ha contribuido a sanear la economía oaxaqueña, menos aún si se les da preferencia a las constructoras foráneas. Esto definitivamente debe terminar, pues los discursos son una cosa y la realidad otra. La industria de la construcción local está, hoy en día, en una etapa de quiebra.
