La semana pasada, la Fiscalía General del Estado ejercitó acción penal en contra de Roberto Salinas Santiago, maestro afiliado al Cártel 22, quien se desempeña como presidente municipal de la comunidad chatina de Santiago Yaitepec. Lo anterior luego de la documentada denuncia de vecinos de dicha comunidad, de que ha formado, junto con su hermano, un grupo paramilitar, que se ha dedicado a sembrar el terror entre sus paisanos, con varios asesinatos a la fecha. El mismo sujeto ha sido identificado como el principal promotor de la violencia en la zona chatina, además de manipular a los vecinos de Yaitepec en el conflicto que mantienen con Santa Catarina Juquila. Es más, de encabezar la toma de la carretera y el paraje conocido como “El Pedimento”. Es decir, pesan sobre él –sin que esto represente un señalamiento, que sólo compete al Ministerio Público- varias acusaciones.
Sin embargo, más tardaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en detenerlo que sus incondicionales en bloquear la carretera a Juquila y amenazar con movilizaciones para liberarlo. Es más, en la asamblea comunitaria del pasado domingo, los comuneros advirtieron de protestas con el mismo fin. Esta situación ya es común en Oaxaca. La ley y el Estado de Derecho a merced de posturas torpes y chantaje. Lo hemos visto en el transporte, por ejemplo. Cuando una unidad, taxi o moto-taxi es asegurada por las autoridades, por circular de manera ilegal, de inmediato se sueltan los demonios. Se bloquean carreteras o avenidas para exigir la entrega de la citada unidad y las áreas gubernamentales caen muchas veces en esta trampa.
La Fiscalía General debe sentar un precedente: no caer en las maniobras de chantaje a que se han acostumbrado grupos, organizaciones y comunidades. Y en el caso del edil de Yaitepec tiene la prueba. Hemos estado ya acostumbrados a ver la ley bajo el prisma del arreglo político. Desestimar la responsabilidad penal ante el riesgo de movilizaciones en la capital o el interior del estado. Ala presión política le entran todos, hasta nuestros (as) legisladores (as), como fue el caso del malogrado edil de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez, a quien, sin conocer a fondo las acusaciones que recaían sobre él, ya calificaban de inocente. Hay que fijarse la máxima de que nadie está por encima de la ley ni más allá de la vigencia del Estado de Derecho.
UABJO, bajo fuego
La problemática por la que atraviesa la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) es de todos conocida. Sobrevive de milagro, con finanzas magras y acosada por camarillas, sindicatos y porros. Así ha pervivido desde los años setenta a la fecha. Otras universidades que en esos tiempos vivieron escenarios de violencia, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)o la de Sinaloa (UAS), pudieron sortear con éxito sus problemas, menos nuestra Alma Mater. El caso de la universidad poblana es emblemático. Está catalogada como una de las mejores del país. Se ha convertido en referente de las instituciones públicas. Sin embargo, uno de los factores del hundimiento de la nuestra, es justamente la existencia de seis sindicatos que como parásitos se chupan cada año parte importante del presupuesto.
A partir de la una de la mañana del pasado primero de febrero, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad (STEUABJO), inició una huelga, luego de que sus dirigentes se levantaran de la mesa de diálogo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA). Dicho gremio se movilizó con bloqueos de calles y avenidas, desde principios del año y su postura se exacerbó, cuando el pasado 15 de enero la administración universitaria reconoció que no tenía recursos ni para pagarles la quincena. Dicha situación unificó al menos cinco sindicatos de los seis existentes, con una sola demanda: que les pagaran los sueldos ya devengados. No obstante, la evidente pobreza presupuestaria y la muestra de la crisis financiera por la que atraviesa la institución, aun así, los caciques sindicales se lanzaron a la huelga.
No tarda en que siga el mismo camino el STAUO, luego el SECUABJO, SUA o SUMA, que van en fila para seguir sangrando a la institución, la cual parece haber abdicado de su misión académica y de investigación. He ahí el por qué en los últimos días ha sonado con insistencia la urgente refundación de nuestra Máxima Casa de Estudios. La necesidad de tirar el lastre de vicios, inercias, cofradías, cacicazgos y porrismo. Ningún presupuesto le alcanzará para mantener a tanto zángano e irresponsable. El rector, Eduardo Bautista, ha tocado puertas para que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como el gobierno del Estado le incremente el subsidio. Poco ha podido lograr y es que hay plena consciencia de que las cosas no pueden seguir como hasta hoy. Mantener a una casta sindical ya es un desafío. Urge ver hacia adelante y apuntalar la refundación de la UABJO.
