Durante la comparecencia del Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, ante el Congreso del Estado, el pasado 24 de enero, el funcionario defendió a capa y espada la existencia de gobernabilidad en Oaxaca. Es más, rechazó que haya protesta diaria. Más aún, justificó las que se han dado. Lo anterior es algo de lo que hemos comentado en este espacio editorial: en la actual administración hay dos visiones: la que tienen en el gobierno y la que percibe la sociedad. Un tema similar al de la seguridad pública. El gobernador Alejandro Murat insiste una y otra vez en que vivimos en uno de los diez estados más seguros del país. Pero la realidad de las estadísticas mortales es totalmente diferente. Casos sobran de la brutalidad de las acciones criminales. Hace poco más de una semana, los cadáveres de tres jóvenes fueron encontrados en Temascal, pocos días después, tres hermanos fueron ejecutados e María Lombardo y el sábado 25 de enero, una madre de familia y dos de sus hijas, menores de edad, fueron vilmente asesinadas en la ranchería “El Huamuche”, municipio de Santiago Ixtayutla. ¿Será ésta, pues, la entidad segura? Y sólo mencionamos tres casos.
Ninguna entidad en el país, lo hemos constatado, vive la protesta social permanente que vivimos en Oaxaca. Marchas, bloqueos, movilizaciones son el pan de todos los días, sin excepción. Haberse contabilizado sólo en el Istmo de Tehuantepec, cerca de 222 bloqueos carreteros en 2019 y en algunos meses como junio o julio hasta 35, debe ser motivo de preocupación en la actual administración y no factor de justificación. Y es que hay en ello dos factores: o existe apatía de los funcionarios de mayor nivel para atender las peticiones, exigencias o demandas de quienes protestan, a través de sus operadores políticos o simplemente la idea es dejar hacer, dejar pasar, para justificar el trabajo de dichos negociadores, que a veces la hacen de incendiarios y bomberos, de manera simultánea. Sólo los bloqueos que realizan en la capital oaxaqueña, han dejado entre la sociedad una huella indeleble, ante la forma tan simple con la que se ve el problema en el gobierno. Es evidente que nuestra entidad vive problemas serios de ingobernabilidad, de desprecio por el respeto a los derechos civiles, de desafío al Estado de Derecho. Toma de casetas, oficinas públicas, terminales de autobuses, del aeropuerto, bloqueos carreteros y atentados a la libre circulación en la capital, no pueden ser considerados como ejemplos virtuosos de gobernabilidad.
Sistemas normativos:nadie satisfecho
Según el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), el año pasado, más de 320 mil ciudadanos votaron en elecciones por sistemas normativos indígenas, lo que antes se conocía como “usos y costumbres”. Hay que recordar que en los municipios que se rigen por este principio, la elección de las autoridades no se lleva a cabo por los medios convencionales de partidos políticos. Sin embargo, paradójicamente, es la injerencia de éstos lo que muchas veces contamina dicho proceso. Usando métodos ancestrales como son las asambleas, consejos de ancianos y tatamandones, dichas elecciones han sido desde 1994, al menos en nuestra entidad, regidas y vigiladas por los árbitros electorales. Hay municipios cuyas elecciones son por tres años, otros por dos o inclusive los hay que los ediles y concejales sólo desempeñan el cargo sólo un año, para renovarse con el mismo método.
No obstante, lo anterior, cada proceso electoral trae consigo inconformidades, las cuales se traducen -como ya lo hemos comentado en este espacio- en mecanismos de presión por parte de grupos inconformes. Uno de dichos métodos es el bloqueo carretero. Ya lo vimos en los últimos días de diciembre y los primeros de enero de 2020, en Santiago Astata. Los grupos inconformes con la elección del edil Dorian Ricárdez, cerraron la carretera con el argumento de irregularidades. Y si recurren a las instancias que validan y califican las elecciones, las cosas no son diferentes. Cierran las oficinas del IEEPCO, secuestran a los funcionarios y empleados o bloquean las calles aledañas a las oficinas del Tribunal Estatal Electoral (TEEO). Hay ocasiones en que su protesta se traslada a Ciudad Administrativa e incluso, hasta el edificio legislativo de San Raymundo Jalpan.
Lo aberrante es que toda la protesta se concentra en la capital oaxaqueña y zona conurbada, amén de expresiones radicales en otras partes del estado, la red carretera e inclusive los caminos de acceso a las comunidades involucradas. Es impresionante, por ejemplo, los desacuerdos e inconformidades en los pueblos huaves, San Dionisio del Mar, es uno, o poblaciones de la Sierra Sur. Si bien es cierto que las elecciones por sistemas normativos internos fueron instituidas por las autoridades para evitar conflictos derivados del sistema de partidos, podemos decir que han resultado algo peor. Las asambleas y mandatos comunitarios dejan satisfechos a unos, pero no a otros. Y las inconformidades han sido un reto para la gobernabilidad.
