A raíz del sismo de 6.0 grados del pasado domingo por la noche, cuyo epicentro fue ubicado en Unión Hidalgo, volvieron a la región del Istmo de Tehuantepec, la zozobra, el miedo y la incertidumbre. Y con justa razón. No obstante declaratorias; la pasarela de funcionarios federales del antiguo régimen y estatales; el flujo de ayuda de la sociedad civil; el virtual apoyo de la Secretaría de Gobernación, a través del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN); el reparto de recursos a través de tarjetas, entre otros, es la hora en que Juchitán de Zaragoza y una veintena de poblaciones istmeñas siguen mostrando los estragos de los sismos de septiembre de 2017. Es decir, casi dos años y cuatro meses del siniestro de 8.1grados y miles de réplicas más. Las huellas de la tragedia están a la vista de todos. Y lo que es visto no es juzgado, dice la conseja popular. Pues ni siquiera el apoyo que ofreció desde los primeros días de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho realidad.
A raíz del siniestro del fin de semana pasado, el gobernador Alejandro Murat, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), solicitó la Declaratoria de Emergencia para 16 municipios de la entidad que presentaron afectaciones menores. Si bien es cierto que los daños fueron menores y los efectos colaterales, aún así se realizó la solicitud respectiva.Sin embargo, la SEGOB sólo autorizó el apoyo del FONDEN para ocho. Los municipios beneficiados son: Unión Hidalgo, Santiago Niltepec, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santa María Xadani, San Dionisio del Mar, Reforma de Pineda, San Mateo del Mar y Santo Domingo Ingenio. A partir de esta declaratoria, solicitada por el Gobierno del Estado, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población, según informó el titular de CEPCO, Heliodoro Díaz Escárraga.
Como lo hemos abordado en otros espacios editoriales, la reconstrucción de las zonas dañadas en ese año, siguen como parte de la agenda pendiente del gobierno estatal. Es más, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha tenido el tema en la mira, habida cuenta de cierta opacidad en el uso de los recursos públicos para tal efecto. Es loable la postura del ejecutivo estatal al solicitar Declaratoria de Emergencia, aunque con lo primero que se habrá de topar es que de los casos anteriores aún hay resabios no sólo en los municipios afectados, sino en quienes analizan el destino de los recursos.
SSO: Racionalidad financiera
Sin duda alguna quedarse sin empleo no es asunto menor. Por ello, en las redes sociales tomó fuerza la crítica hacia las autoridades luego de darse a conocer el oficio en el que se daba a conocer el despido de más de 300 trabajadores eventuales, aunque aún se analiza caso por caso. El problema que vienen arrastrandolos Servicios de Salud en Oaxaca (SSO) desde al menos la administración pasada, fue la contratación sin el respaldo financiero de miles de trabajadores eventuales, que no sólo engrosaron la nómina ya de por sí abultada, sino que generaron prácticamente una quiebra en la dependencia que tiene bajo su responsabilidad, otorgar los servicios de salud a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Algunos de los responsables ha tenido que pagar por ello, amén de muchas otras irregularidades y acciones de corrupción, como la adquisición de medicina y equipamiento, sin cumplir con la normatividad; el desabasto de la misma; un buen número de los llamados “aviadores”; el favoritismo y los conflictos de intereses a tambor batiente.
Y es que en el pasado, todo lo concerniente a salud, era para el gobierno estatal atribución de la Federación. Sin embargo, hubo un cambio radical en las reglas del juego y en el Presupuesto de Egresos para 2020, como lo dimos a conocer de manera oportuna en nuestras páginas, se etiquetó una suma mayor a los 1 mil 300 millones de pesos, destinada a los Servicios de Salud en el Estado. A los más de 4 mil 796 millones de pesos que aportará el gobierno federal, el de Alejandro Murat participará con 935 millones 817 mil pesos de recursos estatales, además de aportar 400 millones de pesos por concepto de convenios e incentivos. Según los conocedores y analistas del tema de salud, se trata de un hecho inédito en la historia política contemporánea. La bolsa final para el citado sector será de 6 mil 312 millones. Cerca de 2 mil más que en 2019, gracias a la aportación estatal.
Esperamos que con dicha cantidad y cuidando los criterios de racionalidad financiera, el servicio mejore y que, bajo las premisas de los incrementos salariales que ha dispuesto la Federación, los sindicatos que perviven del presupuesto destinado a salud, hagan cumplir a sus respectivos gremios con su responsabilidad institucional. En efecto, se estima que la inversión estatal de que se trata va encaminada a mejorar la situación financiera de los SSO, que hasta hace poco se advertía insalvable.
