Es evidente. Inicia la debacle política de Nancy Ortiz Cabrera a quien llegaron a considerar “súper delegada” del gobierno federal. Así la llamaban sus correligionarios del Morena por el inmenso poder que le significa manejar las multimillonarias cantidades de dinero de los programas sociales de la 4T en Oaxaca y que reparte a su libre albedrío.
Digo que su debilitamiento político ha empezado porque después de una investigación que pidió el Instituto Nacional Electoral (INE), fue declarada “infractora” igual que otros trece súper delegados en el país. Dice el documento que es “responsable de uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y/o desacato a las medidas cautelares ordenadas por el INE”. Así se lee en la sentencia SRE-PSC-071/2019.
La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública a petición del INE, declara a Nancy Cabrera “infractora por violar el artículo 134 de la Constitución federal” que dice que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federales, los municipios y las demarcaciones territoriales “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez…”.
La pifia de doña Nancy Ortiz la advertía en mi entrega del 10 de diciembre pasado. Dije: Reza la conseja popular que “con el arca abierta, hasta el justo peca”, esta posibilidad gira en torno al comportamiento político-administrativo de la llamada súper delegada Nancy Ortíz. Les digo porqué.
Dicen que, agobiada por la inmensidad de dinero que recibe para los programas sociales del presidente AMLO, ha perdido el piso. El manejo discrecional de muchos millones de pesos (cuentan que, en una oficina alterna en el sur de la ciudad, sus empleados no se dan abasto para contar y distribuir los alteros de billetes) necesariamente la conducirán a algún tipo de responsabilidad a partir de alguna auditoría. Ya surgió el primer aviso.
La exhibida para Nancy se esperaba desde aquella visita que hizo el presidente López Obrador en octubre del año pasado a Huajuapan de León donde descubrió sus falacias. Así lo puse en el ESCAPARATE.
En la gira por Huajuapan de León, le gritaron al presidente López Obrador: “aquí no llegan las becas”. Impulsivo como es, respondió ¿Cómo no?
A ver, dijo AMLO, espérenme ¿Ustedes creen que yo me dejo engañar?
Lo lamentable es que en Oaxaca sí lo engaña la súper delegada Nancy Ortiz. Apenas están pagando el 70 por ciento de todos los apoyos de los programas sociales. Eso dice ella, pueden ser menos.
DEBEN PONER ORDEN
Ante la cascada de conflictos municipales derivados del cochinero con que el Instituto Electoral de Gustavo Meixueiro arbitra las elecciones municipales por usos y costumbres, urge que el Congreso u otra instancia, escuche las quejas de los inconformes. Si dejan crecer las inconformidades se potenciará una real agitación social que ya es evidente.
Permitir que algunos presidentes municipales manejen la elección de su esposa para que los suceda en el cargo; que candidatos con antecedentes penales entren a la competencia electoral; permitir que grupos caciquiles se sucedan impúdicamente el poder municipal, son algunos de los casos que evidencian el desaseo con que se conducen las elecciones del sistema normativo indígena.
AL MEJOR POSTOR
En diversas cartas enviadas al presidente López Obrador, al gobernador Alejandro Murat y al INE, diversas organizaciones y dirigentes comunitarios, denuncian con valor civil que “en IEEPCO se vende al mejor postor la validación de elecciones”
En uno de esos documentos lanzan una gran interrogante ¿Sabrá el pueblo de Oaxaca que Gustavo Meixueiro y Luis Miguel Santibáñez tienen operadores a modo para reventar elecciones y comercializar alcaldías?
También piden: “porque no tiene razón de ser, debe desaparecer el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)”. La propuesta es del asesor comunitario Eligio Silva Cruz.
Sostiene que “El IEEPCO se volvió un cochinero, en donde califican a ciegas las elecciones de autoridades municipales, porque a los concejeros los cegó el dinero al ponerse al mejor postor”.
Esta es la consecuencia de una cadena de abusos como la que ayer denunció el municipio de San Miguel Santa Flor donde sospechan que hubo mucho dinero para que el IEEPCO validara la elección pese a las evidencias de que se violó el principio de certeza y legalidad y no permitieron la participación de una mujer como candidata ¿Qué sigue?
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