A juzgar por la escalada criminal de los últimos días de diciembre, con saldos preocupantes en homicidios dolosos, estamos convencidos de que la famosa “reingeniería a la estrategia de seguridad”, de que habló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, hace un par de semanas, como una especie de justificación ante este escenario violento, no ha funcionado en absoluto. Hemos puesto el dedo en la llaga de manera constante, habida cuenta de que si bien es cierto que en la perspectiva oficial lo que cuenta son los datos alegres, la realidad lacerante que viven los oaxaqueños, más allá de comparativos con otras entidades, es preocupante. Partiendo de la premisa de que el problema de inseguridad y crimen es nacional, tampoco podemos seguir la pauta del conformismo y dejar hacer, dejar pasar.
Nuestra insistencia pues, no ha sido fortuita. Hay razón en ello. Vivimos tiempos violentos. El 20 de diciembre, por ejemplo, se reportaron diez ejecuciones en menos de 24 horas. El domingo 29 y lunes 30, no nos fue mejor. Una pareja fue víctima de un atentado en Juchitán de Zaragoza. Fueron baleados por desconocidos e ingresados al hospital, graves. En Tuxtepec, un carnicero fue baleado por desconocidos, en tanto que una mesera de un bar, fue asesinada en el interior. En El Espinal, un matrimonio que laboraban en un rancho de la zona, fue abatido por sicarios, en lo que se interpretó como un intento de robo. Luego hubo cuatro ejecutados más en Reforma de Pineda. El lunes, en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, una pareja de maleantes fue abatida durante un asalto. Insistimos: ¿Se puede decir que somos una de las entidades más seguras del país, con este recuento de atentados criminales y homicidios dolosos?
En todo este panorama hay algo que las autoridades no deben soslayar. Tratar de ocultar la realidad no es acción de buen gobierno. Reconocer que el problema existe puede ser el inicio de acciones institucionales que conlleven a dar solución a una situación como ésta. Tampoco es aceptable hacer declaraciones en algo que puede ser interpretado como reto a la inteligencia de los gobernados. El gobierno, como representante del Estado, cuenta con los instrumentos legales y materiales para poder diseñar, ahora sí, una estrategia eficaz para otorgar seguridad y confianza a la población. La realidad es preocupante y no se puede soslayar. Vivimos tiempos inéditos en materia de crimen y homicidios.
Dispendio y doble discurso
Los pregoneros de la austeridad republicana siguen empeñados en el doble discurso y la doble moral. Tomó vuelo la nota que publicamos hace días en EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, en el sentido de que la delegación de Programas Especiales de la Presidencia de la República, que está a cargo de la súper delegada, Nancy Ortiz Cabrera, que a su vez maneja los programas de Bienestar, habría gastado en seguridad, servicios diversos y viajes, al menos cinco millones de pesos en 2019. Además de que las adquisiciones de bienes y servicios se dieron siguiendo la pauta del gobierno de la Cuarta Transformación: pasándose por alto y violentando la Ley Federal de Adquisiciones, es decir, por adjudicación directa. Se ignora o finge ignorarse que en ello se cifra una parte sustancial de la corrupción, prohijada desde el gobierno.
En la misma tesitura, la mayoría aplastante que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos para 2020, sirviéndose como ya lo han hecho, con la cuchara grande. Más de 600 millones de pesos anuales, lo que sigue haciendo de la citada legislatura, una de las más onerosas e improductivas a nivel nacional. No hay que olvidar que en el 2019 terminaron nuestros flamantes representantes populares, con un gasto mayor a los 900 millones de pesos, eso sin descuidar que existen partidas adicionales a las que se dicen públicamente, pero que redundan en el erario, como es el abominable “pago por evento”. Levantar la mano y ejercer el oficio de representante popular, se ha convertido en una mina de oro. Hasta ese acto tan pueril y torpe se le cobra a los oaxaqueños que pagamos nuestros impuestos.
A este panorama de verdades a medias y doble moral hay que agregar que hace un año y un mes, un grupo de diputados (as) emanados de MORENA, salieron con la puntada de que aprobarían una ley de austeridad, que prohibiera el pago excesivo de telefonía celular, remodelaciones de oficinas, pagos extraordinarios, viajes aéreos, entre otros rubros. Fueron al menos 7 legisladores (as) los que promovieron dicha iniciativa. Sin embargo, cuando empezaron a probar las mieles de los embutes, se olvidaron de “su proyecto” y simplemente lo enlataron. Hoy, de nueva cuenta enseñaron el peine –como se dice vulgarmente- para validar el documento enviado por el gobernador Alejandro Murat, sin cambio alguno, en reciprocidad a prebendas y un presupuesto oneroso para seguir en las mismas. ¡Vaya cinismo!
