Durante los últimos días del año 2019, trascendió la detención del segundo presunto implicado en el atentado que sufrió la joven saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, en la ciudad de Huajuapan de León, el 9 de septiembre pasado, cuando hasta su domicilio llegaron al menos dos sujetos, para rociarle ácido en cara y cuerpo. Se trata de una acción que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha calificado como un intento de feminicidio. Hace un par de semanas, cuando la crítica a nivel nacional e internacional arreció, la joven artista fue enviada al Centro Nacional de Rehabilitación, para el tratamiento de las quemaduras, habida cuenta de que en Oaxaca no se cuenta ni con los especialistas ni con el equipo para atender este tipo de situaciones médicas. Es más, trascendió que habría sido ingresada en un hospital de Texas, Estados Unidos, de tratamiento especial para quemaduras.
Lo que ha quedado claro es que detrás de los presuntos implicados materiales hay autores intelectuales, sobre los que seguramente la institución que procura justicia irá en breve. La familia de la víctima ha dicho que no descansará hasta ver que autores intelectuales y materiales estén en prisión. Por el perfil de los detenidos se advierte que fueron pagados por alguien. Sin embargo, el periodismo no es tribunal de sentencia o apelaciones, mucho menos fiscalía, por lo que esperamos que las investigaciones que se lleven a cabo permitan, sin mayor dilación, llevar a los verdaderos responsables a la justicia. Este caso ya rebasó fronteras estatales y nacionales, por lo que, debe actuarse en estricto apego a la ley, sin celeridad ni mucho menos, justificación mediática.
El aparato de justicia debe ir a fondo. Para ello debe haber, con respeto a la división de poderes, una correcta coordinación. De nade servirá encontrar a los presuntos responsables, acreditarles su culpabilidad y llevarlos a proceso, para que mañana o pasado, en las primeras audiencias, el Juez de Control los libere. Se trata de uno de los pasajes más oscuros y abominables de la justicia mexicana, que involucra no sólo a los jueces locales, sino a los de Distrito y Magistrados, representantes del Poder Judicial de la Federación. En estricto apego a la ley y sin las ficciones del debido proceso, está en manos de la justicia local encontrar a los responsables de acto tan deleznable cometido en contra de María Elena, que cualquier desliz será sometido el escrutinio público más enconado como el que existe hoy en día respecto a este caso.
Una dura lección
En los últimos días del año que recién terminó nos enteramos de gravísimos siniestros ocurridos en mercados de la Ciudad de México, como el de San Cosme o La Merced. En ambos, siniestrados casi en su mayor parte, se muestra la negligencia de las mismas autoridades para acotar o prohibir la conexión clandestina de energía eléctrica, con lo que los mercaderes eluden pagar el consumo. Es ya un vicio arraigado, igual en el comercio en la vía pública que en el comercio establecido, el robo de energía eléctrica. Esa telaraña de “diablitos”, como lo publicamos en nuestra nota principal de portada el pasado domingo, se convierte en una verdadera bomba de tiempo. Además de ello, existe un manejo indiscriminado de gas doméstico y objetos que pueden provocar incendio, los cuales representan un peligro latente para la ciudadanía.
Durante los festejos del Día de La Soledad, el pasado 18 de diciembre, en la verbena que se instala en las calles aledañas a la Basílica Menor de nuestra Patrona, una niña de dos años padeció quemaduras de segundo y tercer grado, al caerle aceite hirviendo encima. Aunque desconocemos las causas de tan grave accidente, se trata de algo en lo que hemos llamado la atención de manera constante en nuestras páginas: el uso de gas o conexiones eléctricas clandestinas en los tianguis que se instalan en ferias, verbenas o de manera semanal en colonias y barrios de la ciudad, siguen representando un serio peligro. Por una parte es la omisión de las autoridades; por la otra, la apatía de los dirigentes que negocian los espacios públicos con el gobierno local, al hacerse de la vista gorda ante este peligro.
Compete a la Comisión Estatal de Protección Civil (CEPCO) y sus similares en municipios y agencias, realizar una estricta tarea de supervisión y sanción en mercados y tianguis. No puede haber tal negligencia y después culpar de todo al gobierno cuando existen elementos para sancionar. Luego de cualquier tragedia se señalan culpables, teniendo al Estado ya como tiro al blanco. Pero poco se repara en las prácticas ilícitas de los mismos mercaderes o comerciantes ambulantes, empeñados en caminar al filo de la ley. De la misma manera se sabe de negocios de venta de gasolina robada en algunos sitios, sin reparar en la gravedad de algunos siniestros que en otras circunstancias podrían ser evitados. Por lo pronto, ya pusimos en la mesa de la discusión en problema de los mercados en la capital oaxaqueña. Allá las autoridades si siguen fingiendo demencia.
