A 8 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y después del anuncio de la desaparición del Seguro Popular, aún no se crean las leyes que la deroguen ni las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar como su sustituto.
“En pasadas mesas de reunión, la comisionada del Régimen de Protección Social en Salud, Angélica Ivonne Cisneros Luján, fue enfática al reafirmar sobre la desaparición de este modelo, mismo que podría hacerse efectivo en septiembre u octubre próximo”, dijo el director del sistema en Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine.
A nivel nacional, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador calificó al sistema como un nido de corrupción, duplicidad de funciones, entre otros términos, determinando la desaparición de este programa dirigido a la comunidad sin derechohabiencia al Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Vamos para la desaparición y aunque entra el instituto para suplir a la comisión, en la propuesta no hay lugar para los regímenes estatales de salud y se está analizando qué se hará con el padrón que tenemos afiliado y se encuentra en este proceso”, comentó.
Frente a este panorama, mientras no se derogue la ley, la actual dirección con todos sus programas tendrá que seguir funcionando hasta la creación de un nuevo marco podría llegar en el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados federal.
En este 2019, el Seguro Popular invierte un recurso superior a los 2 mil millones de pesos y se integra de 861 trabajadores, quienes permanecen en sus funciones hasta la entrada en vigor de una nueva normatividad.
“Lo que estamos esperando es que venga un patrón sustituto que sea el brazo ejecutor del Instituto de Salud para el Bienestar, pero en estos momentos no hay reglas de operación ni planes”, comentó el director en funciones.
En tanto, como ente financiero, están caminando con problemas en el suministro de medicamentos e insumos, aspectos donde registran un abastecimiento menor al 50 por ciento.
En este año, el Seguro Popular acreditó 40 nuevas unidades hospitalarias y 2 hospitales comunitarios. Entre los acreditados se encuentra el Hospital Civil con la atención a cáncer de mama y cáncer cervicouterino, por medio de la cartera denominada “Gastos catastróficos”.
El gobierno federal busca la centralización de los recursos para destinarlos desde la Secretaría de Hacienda a los espacios médicos sin un ente como este órgano descentralizado.
