Autoridades de Santa María Alotepec, Mixe defendieron su sistema de gobierno basado en los usos y costumbres, el cual –dijeron- ha sido criminalizado por las autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Y es que a lo largo de diez horas, siete mujeres de la comunidad indígena fueron encarceladas por orden del presidente municipal, José Galván, el alcalde suplente Faustino Gálvez y el síndico suplente Primo Márquez, tras negarse a prestar utensilios del comedor comunitario.
“Como autoridad de Santa María Alotepec, estamos abiertos a que llegue las diversas dependencias gubernamentales y no gubernamentales para que se informen si es su deseo intervenir en algunos casos específicos relativos a la impartición de justicia, pero descalificamos y condenamos que se nos criminalice desde el escritorio como han acostumbrado hacerlos para lograr sus propósitos, para reeditarse como los supuestos defensores de derechos humanos cuando están lejos de serlo”, afirmaron los concejales a través de un comunicado de prensa.
De igual forma, señalaron que “estos comunicados, llamadas telefónicas, medidas cautelares y la amenazas de iniciar una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, se han vuelto costumbre, en la que intimidan a nuestras autoridades comunitarias indígenas mixes, medidas que ya no estamos dispuestos a tomar en consideración, pues violentan nuestros Sistemas Normativos Indígenas”.
Advirtieron que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Y de paso, lamentaron los señalamientos y las posturas de las organizaciones de la Sociedad Civil, pues en su comunicado desacreditan las funciones y atribuciones como autoridades indígenas en el marco de nuestra libre determinación y autonomía sustentadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Declaración Americana de Derechos Humanos.
Las organizaciones se han pronunciado por el respecto al ejercicio de la gobernanza comunitaria, lo cual resulta contrario al pronunciamiento al señalar violencia de género conforme al artículo 11 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres Libres de Violencia, cuando carecen de argumentos y fundamentos sobre la función de los Sistemas Normativos Indígenas, señalaron.
Confirmaron que las siete mujeres fueron liberadas el día 01 de agosto a las 19:27 horas, “por decisión propia que asumimos como Cabildo y no por los efectos que haya causado dicho comunicado (de las organizaciones o las medidas cautelares dictadas por la DDHPO).
A su vez, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla pidió no criminalizar los usos y costumbres en los que se basan las comunidades indígenas del estado, dado que por muchos años se han regido bajo dicho sistema normativo.
No obstante dijo que hace falta armonizar tanto el sistema jurídico como el de derecho consuetudinario para anteponer el diálogo y el respeto a los derechos humanos y evitar las violaciones a las garantías individuales de los pobladores, hombres y mujeres.
